Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Lima, Perú, es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y protección de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro, constituye «un obstáculo insuperable» para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA. En lo político implica el compromiso de los gobernantes de cada país con la democracia, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana; en lo jurídico, a pesar de no ser un tratado, la resolución es expedida como una herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional de la OEA, en el espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional.
Obviamente el hecho que se ponga en duda la protección de los derechos humanos y la institucionalidad de un país para garantizar el sistema democrático tiene consecuencias en la percepción de los inversionistas internacionales sobre la credibilidad de esa nación para cumplir con sus compromisos derivados de financiamiento internacional. De acuerdo con el Emerging Markets Bonds Index (EMBI+), elaborado por JP Morgan, Venezuela tiene el riesgo país más alto del mundo en este momento. Este índice mide el diferencial entre la tasa de interés que pagan los bonos del tesoro de los Estados Unidos y los bonos en dólares emitidos por países emergentes. En enero 2015 llegó a 3.088 puntos, todo el año 2015 fluctuó cercano a los 3.000 puntos y el 03 de junio de 2016 a 2.789 puntos. El EMBI+ ha disminuido como consecuencia del cumplimiento de los pagos que se vencieron en marzo y abril de este año, cuyos efectos se observan en la caída de las reservas internacionales a niveles alarmantes.
La métrica del Index significa que la nación, de requerir financiamiento en los mercados internacionales, debe pagar una tasa global cercana al 30 %. En otras palabras, para los inversionistas internacionales Venezuela no ofrece ninguna garantía para asumir los riesgos de invertir en títulos emitidos por él o sus empresas. Por esta situación Maduro utiliza el endeudamiento comercial con China y Rusia para evitar la tasa global y comprometer el pago con petróleo y otras materias primas; ejemplo de esta práctica son las negociaciones “oscuras” en el llamado Arco Minero.
El factor político posee un peso substancial en la determinación del riesgo país. Venezuela se encuentra en desventaja alejando a los inversionistas ya que el hecho político ha invadido todos los aspectos de la vida nacional, condicionando la percepción de riesgo de los inversionistas, castigando al país con tasas elevadas, situación que implica menores flujos de fondos, mayores tasas de interés global, tipo de cambio real al alza, disminución de las perspectivas de crecimiento, distorsión de los precios y presiones inflacionarias cada vez más elevadas.
Venezuela es considerada como el país más espantoso para la actividad privada: controles de precios, limitaciones a la propiedad, inseguridad jurídica y personal, entre algunos otros factores, convierten a la nación en un terreno poco atractivo para la inversión. El alza del dólar paralelo en los últimos días a niveles de más de 1.000 bolívares por cada moneda norteamericana exhibe la fragilidad institucional del país; la oscuridad del régimen potencia la corrupción y facilita su desarrollo a todos los niveles de la estructura de gestión pública.
En el marco de discusión de la crisis venezolana en el seno de la OEA aparece nuevamente la fábula del “cerco financiero internacional”, lo cual permite la renovación del “enemigo” para el régimen; sin embargo, el cerco financiero no es más que la exigencia de los mercados de garantías y mecanismos de cobertura para otorgar empréstitos a un país soberano. Cuando las condiciones eran favorables, los mercados reaccionaban acordes con el ambiente de riesgo existente; pretender que los mercados no cuantifiquen los riesgos presentes es otra ilusión. La posibilidad de insolvencias de Venezuela son mayores, por lo tanto las exigencias de cobertura serán iguales. El despilfarro realizado no se puede remediar, con precios del petróleo altos este gobierno nos endeudó de forma desproporcionada en relación con la capacidad futura de generar divisas; ahora pagamos los ciudadanos las consecuencias de esa grandiosa irresponsabilidad. La industria petrolera fue convertida en una caja chica del poder ejecutivo y del partido destruyendo el negocio, los resultados financieros del año 2015 son poco atractivos, la pérdida cercana a los 20.000 millones de dólares es más que elocuente. El flujo de caja tanto en bolívares como en dólares es tan precario que el gobierno decidió establecer mayores controles y trámites administrativos politizados y centralizados. Los CLAP, compras públicas centralizadas para todos los niveles de la estructura, son la evidencia de esa realidad, olvidando la gerencia cívico-militarista que será peor el remedio pues los problemas de abastecimiento se agravarán y los reclamos sociales incrementarán su ruido, hasta llegar al estallido.
ULA – FACES
@germanrodri
@germanoveja
