El acceso a la información y la rendición de cuentas de la gestión presupuestaria en situaciones de emergencia es la clave para la transparencia en el manejo de los recursos públicos que están siendo empleados para atender la pandemia y así garantizar su correcto uso.

En este sentido, la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas utilizadas por la mayoría de los gobiernos del mundo durante la pandemia por el COVID-19  es prácticamente inexistente, por ende, excluye al público de tener voz en las decisiones sobre el establecimiento de prioridades y niega a los gobiernos las contribuciones hechas por otros actores de la sociedad, que podrían mejorar en gran medida la efectividad de las acciones empleadas.

Las respuestas políticas rápidas empleadas ante cualquier emergencia que se presente no tienen por qué socavar la rendición de cuentas, ni la participación de los ciudadanos. Es por ello, que para un mejor manejo y disposición de la información a la ciudadanía por parte de los entes públicos, se sugiere entre otras acciones,  que se debe fortalecer la rendición de cuentas del ciclo presupuestario así como de las medidas de emergencia, publicar informes de progreso mensuales sobre la implementación de esas políticas, revelar todos los detalles relacionados con los contratos de adquisiciones vinculados a los gastos de emergencia, empoderar y dotar de recursos a las entidades fiscalizadoras superiores, restaurar el papel de las legislaturas como guardianas del erario público, poner en marcha mecanismos adecuados de participación ciudadana, revisar y si es necesario actualizar el marco regulatorio para casos de emergencia, además de incorporar experiencias innovadoras y positivas de otros países en estos temas.

Por ello, el Estado Venezolano debe proporcionar información suficiente sobre las medidas y los paquetes que se han implementado en respuesta a la pandemia por el Covid-19, ya que son las autoridades  quienes conocen las cifras reales y por tanto son responsables de informar a la población, por cuanto, los ciudadanos aún no conocen la magnitud concreta de los recursos efectivamente destinados para la atención de esta emergencia ya que no hay cuentas claras con respecto a cómo se han utilizado.

Es por ello, que los ciudadanos y la sociedad civil organizada debemos exigirle a las autoridades información trasparente, clara y concisa de los datos sobre lo que está sucediendo con respecto a la pandemia y el empleo de los recursos, y así se minimizan los riesgos de corrupción y la manipulación perversa de la desinformación.  Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.

06-06-2021