Por: German Rodríguez Bustamante…
El régimen en el poder en Venezuela, luego de transitar por la construcción de la narrativa de la lucha antiimperialista, el señalamiento de los enemigos al proceso revolucionario, como escualidos, apatridas y el enemigo externo, pasa a una nueva reconfiguración narrativa: la falsa equivalencia. Anteriormente era la tendencia de buscar un culpable ajeno o un factor externo, para justificar sus errores, incapacidades y la corrupción por su gestión, en lugar de analizar su propia responsabilidad en el sistema. La nueva mascarada es utilizar la falacia lógica, al afirmar que ellos a pesar de sus fracasos, son mejores que la oposición porque los descalabros políticos cometidos son iguales o equivalentes. En otras palabras, reconocen sus engaños y decepciones, pero lo justifican con el argumento de que la oposición también los cometió, un análisis superficial, ignorando sus diferencias profundas en magnitud, contexto, intención y gravedad.
En el contexto actual en Venezuela, las estrategias de comparación equivalente y retórica de justificación, han sido pilares fundamentales en el discurso oficial del régimen para legitimar sus políticas, responder a las críticas internacionales y justificar medidas de control social o económico. El argumento central para justificar la crisis de servicios públicos, la devaluación o el desabastecimiento histórico ha sido la existencia de un cerco externo. Se equiparan las dificultades internas y las medidas de racionamiento económico, con un escenario de guerra convencional o estado de sitio. Bajo la premisa de que estamos bajo la agresión del imperialismo, el régimen en poder justifica la centralización y la restricción de libertades económicas, presentándolas como medidas de defensa equivalentes a las que tomaría cualquier nación invadida.
Cuando organismos internacionales o gobiernos extranjeros denuncian la situación de derechos humanos, detenciones o el estado de las instituciones en Venezuela, la respuesta retórica oficial suele apelar a la falsedad de sus acusaciones, señalando problemas ajenos. Se igualan las fallas institucionales internas con las crisis sociales de los países que lo critican. Las críticas por la represión o por la colonización del sistema judicial, son rebatidas con un discurso oficial que busca desvíar la atención argumentando: ¿Con qué moral nos critican si en sus propios países hay brutalidad policial, desigualdad o exclusión?. Esto busca neutralizar la crítica diluyendo la responsabilidad.
La retórica gubernamental ha utilizado leyes restrictivas, como normativas contra el odio o de control digital, justificándolas bajo la bandera de la pacificación nacional. Se equipara la protesta disidente o la oposición radical con el terrorismo o intentos de golpe de Estado. Con esas razones violaron derechos a personas, privandolos de su libertad, sometidos a tratos inhumanos y degradantes. El régimen justificó normativas severas argumentando que son el único escudo institucional, para evitar una guerra civil o un baño de sangre. Se plantea así una falsa equivalencia entre control total y preservación de la paz.
El giro drástico que ha vivido Venezuela en el panorama político reciente, ha forzado una reconfiguración profunda en el discurso oficial y en las estrategias de equivalencia retórica. Con el establecimiento del gobierno interino de Delcy, la retórica estatal ha tenido que equilibrar la defensa del sistema previo con la urgencia de legitimarse, ante la comunidad internacional y una ciudadanía desgastada por la crisis. Con Maduro, cualquier problema estructural se equiparaba de forma absoluta, a una guerra económica impulsada por sanciones externas. Aunque el discurso de soberanía frente a las sanciones persiste en foros como la ONU, el gobierno interino justifica ahora un agresivo pragmatismo económico y la apertura petrolera, alegando una estrategia de estabilización mutua. Se equipara la reactivación comercial con Estados Unidos con un acto de paz institucional, permitiendo justificar el desmantelamiento de controles férreos previos, sin admitir el fracaso del modelo anterior.
El gobierno interino ha adoptado medidas visibles de flexibilización, como el desbloqueo de múltiples portales de noticias y procesos graduales de amnistía o excarcelaciones. El aparato oficial utiliza estas acciones para proyectar internacionalmente, una equivalencia con una democracia normalizada. Sin embargo, la realidad es que esta equivalencia es asimétrica: se exponen las liberaciones y desbloqueos como pruebas de plena libertad política, mientras el grueso de la estructura represiva, las inhabilitaciones de liderazgos clave y el control institucional permanecen intactos. Es decir, se usa una apertura parcial para justificar la continuidad del sistema de poder.
El núcleo de legitimidad del gobierno interino se sostiene sobre una interpretación jurídica específica. Al calificar la captura de Maduro como una ausencia forzada o temporal, validada por el Tribunal Supremo de Justicia, el discurso oficial justifica la asunción del mando de Rodríguez bajo el Artículo 233 de la Constitución, lamentablemente acompañada por la administración Trump. Se equipara una crisis institucional inédita, con un evento ordinario de sucesión administrativa, para proyectar estabilidad y evitar el colapso de las bases del PSUV.
En la cotidianidad, la población venezolana experimenta un marcado agotamiento, ante la retórica ideológica abstracta, priorizando soluciones materiales a los fallos de servicios básicos y energía. El gobierno interino ha desplazado los grandes relatos revolucionarios, por una retórica de gestión pragmática y bienestar social inmediato. Un ejemplo notable es el uso de medidas de alto impacto mediático, como el adelanto oficial de las festividades navideñas al 1 de noviembre, justificadas bajo la premisa de activar la economía y la felicidad. De este modo, se intenta equiparar el ambiente festivo decretado con un estado de normalidad y superación de la crisis.
Los engaños, las tretas y las promesas de fantasía mantienen su intensidad, para sostener el poder, vendiendo la narrativa de ser los únicos capaces de resolver su propio desastre, la oposición en el poder significa caos y confrontación. Los venezolanos necesitan votar para legitimar, se espera que la mesa de negociación camine un poco más rápido, el país no aguanta.
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