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martes, noviembre 17, 2026

La Constitución de 1999, los derechos humanos y el garantismo

Por: Francisco Ferreira de Abreu…

Hoy 15D la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cumple quince años de haberse puesto en vigencia, como resultado inmediato del mayoritario SÍ del referéndum convocado para su aprobación. Por tanto estamos en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la Carta Magna, en relación a la cual mucho se ha dicho que se trata de una de las Constituciones más modernas y garantistas del mundo, habida cuenta del amplio catálogo de derechos y garantías. A esta celebración se suman dos aniversarios no menos importantes que le han precedido en la semana pasada: el de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 (10D) y el del día del Juez venezolano (11D).

En este sentido, el título que anima estas líneas pretende hacer una breve valoración entre el deber ser y ser, entre normatividad y efectividad, teniendo presente el modelo constitucional de Estado, sus valores y sus fines, algunas normas constitucionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que tiene lugar en la realidad, vale decir, en el ser y la importancia del Poder Judicial y, por ende, de los Jueces en el contexto axiológico y normativo de la Carta Magna.

Pues bien, lo primero que debemos señalar es que la Constitución de 1999, a pesar de haber sido impuesta por la mayoría que votó para su aprobación, ha consagrado un modelo constitucional de Estado, a saber, el Democrático y Social de Derecho y de Justicia, determinado por unos valores tales como la preeminencia del los derechos humanos y el pluralismo político, entre otros, y por unos fines entre los que destacan la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Se trata de un modelo constitucional de Estado que a las libertades negativas de no interferencia surgidas del Estado Liberal de la Revolución Francesa, suma las libertades positivas de interferencia del Estado Social.

Libertades éstas, las cuales demandan un Estado de Justicia Material en cuanto a que no es suficiente con la promulgación de leyes, sino que se debe avanzar a un estado de cosas que trascienda la formalidad de la mera legalidad, en el que proceso, como garantía instrumental, procure la justicia en la concreción de tales libertades, sus derechos y sus garantías. Por consiguiente, estamos frente a un modelo constitucional que en el ideal de sus valores y fines persigue el máximo de igualdad con respeto de la libertad.

A todo lo anterior se suma el que la Constitución de 1999, ciertamente sea más amplia y garantista que la de 1961 cuando de la consagración de Derechos se trata. Sin embargo, tal garantismo como propuesta axiológica y ético-política del deber ser, se ve contrastado por el ser, vale decir, por lo que ocurre en la realidad. De allí la importancia de ahondar un poco sobre la expresión garantista y/o garantismo.

Así entonces, es preciso poner de relieve que las expresiones garantista y/o garantismo, se corresponden con la forma técnica de asegurar la vigencia real y material de los derechos y las libertades: las garantías. Por tanto, hablamos de una Constitución garantista cuando nos referimos a las garantías de inviolabilidad de los derechos, las cuales persiguen que los mismos sean asegurados o “garantizados”. Por esta razón, es por la que dichas expresiones se asocian a las garantías propias del Derecho civil, en cuanto con ellas se procura el aseguramiento de que las obligaciones serán cumplidas.

Como se advierte, garantista y garantismo son expresiones que atienden no sólo a la consagración de derechos y garantías constitucionales, sino a la obligación de asegurar el goce y disfrute efectivo de los derechos y el deber de respetarlos, incluso de los no previstos en la Constitución. Por esta razón, hablar de garantismo también comporta un deber científico, ciudadano y político, de exigir la reducción de la brecha existente entre lo previsto en el papel y la poca efectividad de los derechos en la realidad social.

En este orden de ideas, basta con dar cuenta de la deficiente y precaria realización de muchos derechos: de las personas que son perseguidas y juzgadas penalmente por el hecho de ejercer sus derechos políticos, de las personas que padecen el indignante sistema penitenciario y el de los retenes policiales –como es el caso de esta ciudad de Mérida-, de las personas carenciadas que no cuentan con el acceso a ciertos derechos básicos y que en muchas ocasiones les cambian los derechos sociales de inclusión social por favores; las implicaciones de la provisionalidad de la mayoría de los jueces penales y la ausencia de concursos para los cargos de Fiscales del Ministerio Público, sin olvidar lo que acontece con libertades básicas como el derecho a la propiedad y lo que ocurre con la Universidad Autónoma.

Dicha realidad confronta el garantismo establecido en el papel de la Constitución que celebramos, es decir, el ser con el deber ser. Una realidad que sólo puede ser allanada por quienes están llamados a reducir tal distancia entre normatividad de los derechos y efectividad de su realización, a saber, quienes celebraron su día el pasado 11D, una fecha después del día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: los Jueces.

Quizá entonces, la mejor manera de celebrar el aniversario de la Constitución desde la perspectiva del garantismo sea recordando el texto del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789: “… Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución…”.

abreuferreir@gmail.com

@abreuferreir

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