Por: Angélica Villamizar…
En Venezuela, el estado de las vías públicas refleja una dualidad persistente; mientras algunas avenidas principales muestran mantenimiento continuo, numerosas calles secundarias, especialmente aquellas frente a pequeñas y medianas empresas, presentan deterioros que afectan la movilidad, la seguridad y la productividad de la ciudadanía. Este escenario no es solo un síntoma de limitaciones presupuestarias municipales, sino también de una desconexión entre los actores clave del desarrollo urbano, el Estado, la empresa privada y la sociedad civil.
Las calles en mal estado generan externalidades negativas multisectoriales. Para las empresas, significan mayores costos logísticos, desgaste vehicular y reducción del flujo de clientes. Para los ciudadanos, implican riesgos de accidentes, incremento en tiempos de traslado y disminución de la calidad de vida. Para los gobiernos locales, representan una carga financiera y operativa que frecuentemente supera su capacidad de respuesta. La tradicional postura de esperar que el Estado asuma en solitario esta responsabilidad ha demostrado ser insuficiente.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no puede limitarse a donaciones filantrópicas o campañas de marketing social. Debe evolucionar hacia un modelo de corresponsabilidad estratégica, donde las empresas reconozcan que su viabilidad a largo plazo está intrínsecamente ligada al bienestar del ecosistema en el que operan. Una calle en mal estado frente a un negocio no es solo un problema municipal; es una barrera comercial directa.
Iniciativas como el mantenimiento colaborativo de vías, la instalación de alumbrado público o la mejora de espacios peatonales en los entornos empresariales son ejemplos de cómo el sector privado puede invertir en su propio entorno operativo. Sin embargo, estas acciones, para ser sostenibles y efectivas, no pueden realizarse de manera aislada.
La solución no radica en que las empresas suplanten al Estado, sino en que colaboren con él. Se requiere un modelo de gobernanza colaborativa que institucionalice esta relación. Esto implica:
- Mesas de diálogo permanentes: Espacios formales donde gremios empresariales, asociaciones vecinales y autoridades municipales identifiquen prioridades y coordinen intervenciones.
- Políticas públicas de incentivos: Los gobiernos pueden diseñar mecanismos como créditos tributarios, reconocimientos públicos o simplificación de trámites para aquellas empresas que inviertan de manera verificable en mejoras de infraestructura pública de su zona.
- Proyectos piloto y alianzas público-privadas: No se necesitan megaproyectos para empezar. La rehabilitación de una calle, la instalación de un sistema de drenaje pluvial o la creación de una plaza pública pueden ser el resultado de un proyecto local, donde cada parte aporte recursos, expertise y capacidades de gestión.
- Transparencia y rendición de cuentas: Toda colaboración debe estar regida por acuerdos claros, con metas definidas y mecanismos de monitoreo que incluyan a la comunidad como veedora.
La crisis de la infraestructura local es demasiado grande para que el Estado la resuelva solo y demasiado importante para que el sector privado la ignore. La colaboración Estado-Sociedad-Empresa Privada trasciende la mera filantropía; es una estrategia inteligente de desarrollo económico local y cohesión social.
Las calles no son solo vías de tránsito, son el tejido conectivo de nuestras comunidades y economías. Mejorarlas exige un nuevo pacto social donde la responsabilidad sea compartida. El llamado es a pasar de la queja a la acción coordinada, a entender que el bienestar empresarial y el bienestar colectivo son dos caras de una misma moneda. Construir políticas públicas de manera colaborativa no es una concesión, es la inversión más segura en un futuro más próspero y equitativo para todos.
16-10-2025 (150-2025)
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