Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Las políticas públicas son dispositivos de los Estados modernos para el control social. Según la concepción del mundo y de la organización social promovida por la cultura y la modernidad, una política pública es una directriz que el Estado, autoridad legítima del sistema social, impone al colectivo como manera de proceder frente a un asunto específico, reconocido como de interés público. En el marco de la gestión revolucionaria de estos años, el régimen a permitido que el flagelo de la corrupción, se incube en todos los niveles de la acción política.
Desde el saqueo de las arcas públicas por la ejecución de recursos financieros, hasta el consentimiento de acciones manchadas de grupos políticos supuestamente contrarios. El índice de capacidad para combatir la corrupción 2.022, elaborado por Americas Society Council of de Amercinas, Venezuela aparece por cuarto año consecutivo como la Nación que realiza menores esfuerzos para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El sistema político autoritario, no permite frenos y contrapesos institucionales al poder del gobierno, ni competencia política real, ni libertad plena de expresión. Las investigaciones son selectivas, impulsadas por intereses grupales y no como una política de Estado para buscar el bien común.
Las acusaciones de corrupción que vienen realizando grupos de la coalición dominante, en la cual entre ellos se endosan megarrobos mutuos, corroboran que el flagelo es conocido y consentido. Los señalamientos son utilizados como medio para eliminar o disminuir el peso político de un grupo en contra de otro, una guerra entre carteles en la cual todos están involucrados. Salen cifras que deslumbran la imaginación de los ciudadanos, 4.850 millones de dólares se atribuyen a un grupo, ese mismo grupo señala al denunciante como desfalcador de 1.200 millones. Robos supuestos únicamente ocurridos en PDVSA, estando ambos en la gestión administrativa, operativa y financiera de la empresa. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, la realidad es que la empresa fue sometida a una rapiña, por grupos políticos con poder, que terminaron quebrando la otrora empresa bandera de Venezuela.
Las responsabilidades por el desvalijo del país son lanzadas como regadera, sin que las instituciones encargadas de realizar las investigaciones respondan tímidamente a las denuncias, pareciera una novela para recrear a la plebe. Mientras el circo de denuncias se mantiene, la crisis humanitaria y la migración masiva continúa en aumento. El flujo de información en los medios de comunicación y las redes sociales muestra los sufrimientos y desventuras de los miles de emigrantes que, a pesar de los evidentes peligros del recorrido y las dificultades existentes en las sociedades de acogida, de manera forzada continúan huyendo a diario debido a la crisis humanitaria que vive el país.
Las cifras que maneja el observatorio de la diáspora venezolana indican que en la actualidad un promedio de 1.400 personas por día abandona el país, alcanzando una cifra total de 7 millones 200 mil personas que emigraron de Venezuela hasta el mes de abril de 2.022. Para completar la tragedia el informe de misión de la ONU, señala que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad. Estas unidades de inteligencia, según el comunicado de prensa de la misión, forman parte de la ejecución de un plan orquestado desde la presidencia y otras autoridades de alto nivel, para reprimir a la oposición al régimen dentro de un clima de casi total impunidad.
Se persigue a la disidencia con todo el poder del Estado al extremo de violar derechos, pero la corrupción es consentida, amparada y utilizada como premio para estimular comportamientos particulares. De acuerdo a transparencia Venezuela y alianza rebelde investiga (ARI), se han identificados 316 tramas o casos de apropiación indebida del patrimonio público venezolano o de participación de altos funcionarios y sus allegados, en el crimen organizado durante las dos últimas décadas, bajo la administración de los gobiernos de Chávez y Maduro. Los sectores donde se ha registrado un mayor número de denuncias de corrupción y en los que se fugó la mayor cantidad de dinero han sido petróleo, salud, finanzas, alimentación y transporte.
Hasta el momento, el monto conocido del dinero presuntamente comprometido es de 67.883 millones de dólares. Este monto es superior al valor de toda la producción de bienes y servicios (PIB) de Venezuela durante el año de 1.994. Para colmo de la tragedia la magnitud del monto total de corrupción es mucho mayor, puesto que la cifra calculada hasta el momento por la investigación corresponde solamente al 46 % de los casos identificados (145 de 316). Robos ejecutados en el marco de una política de Estado para permitir el saqueo. Es inamisible pensar que este ocurrió sin que ninguna institución, grupo o actor individual de la estructura de poder, no lo haya observado.
En conclusión, los entes encargados de detectar, castigar y prevenir la corrupción actúan bajo las directrices de los altos mandos, utilizando los casos como herramientas para perseguir o premiar a la disidencia. Para algunos el peso del Estado es total para otros es inexistente.
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03-10-2022
