Por: Angélica Villamizar…
La corrupción es el abuso de poder delegado, para beneficios particulares; es decir, que quienes son responsables de administrar los recursos públicas le dan un uso indebido. Se pueden identificar diferentes tipos de corrupción como son, la malversación, el clientelismo, el lavado de dinero, el soborno, la corrupción política, la concusión, el enriquecimiento ilícito, la captura de Estado, el nepotismo y el peculado de uso.
Lamentablemente, algunos funcionarios venezolanos han incurrido en estos hechos, y no solo los que ya tienen la costumbre de hacerlo, sino que también aquellos quienes durante sus campaña política prometieron luchar contra el flagelo de la corrupción; por eso, cuando hay deficiencia en la prestación de los servicios públicos, cuando una obra pública no fue terminada, cuando los recursos destinados a la construcción de un hospital son desviados, cuando el encargado de hacer una compra falsifica facturas, o cuando un funcionario no tiene la capacidad de crear políticas públicas para la satisfacción de necesidades básicas, se está ante un hecho de corrupción, lo que ha traído como consecuencia la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos y por ende, la pérdida de la calidad de vida de la población.
Comúnmente escuchamos hablar de corrupción en nuestros hogares, en nuestras familias, en el supermercado, a nuestros vecinos, pero ¿sabemos lo que realmente significa éste concepto? ¿Podemos diferenciar un hecho corrupto de una mala práctica?
Para subsanar esta situación, es preciso que se adopten medidas efectivas para minimizar los riesgos de corrupción en un país, medidas que establece la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, además en Venezuela contamos con la Ley de Corrupción como herramienta para luchar contra este flagelo.
Aunado a ello, es de vital importancia el fortalecimiento de las instituciones del Estado, el contrapeso de poderes y que el Estado a su vez cumpla con su obligación de velar porque no existan actos de corrupción de ningún nivel, y sancionar a las personas que incurran en ellos, aquellas quienes manejan mal los fondos públicos sea quien sea el quien haya cometido el hecho.
También los ciudadanos tenemos un papel crucial en la disminución de estos riesgos, ya que en algunas ocasiones nos hacemos partícipes en la generación del hecho, por ejemplo, cuando le pagamos a un funcionario para que nos agilice un trámite, cuando aceptamos una bolsa de alimentos a cambio de un voto, cuando aceptamos “un regalo” de un funcionario que está en campaña política y que fue comprado con dinero que le pertenece a una institución pública y no con dinero de su bolsillo.
Por tanto, también nos corresponde a la ciudadanía hacer control social sobre las actuaciones del gobierno. Denunciar estos actos es una obligación, porque cuando ocurren alguien resulta afectado, sea pobre o rico, y lamentablemente siempre van a ser los más vulnerables a quienes más les causa daño. Debemos tener presente que los hechos de corrupción no prescriben, así que cuando estemos ante la presencia de alguno de estos actos lo recomendable es documentar todo y denunciarlo ante instituciones nacionales e internacionales según sea el caso.
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11-01-2024 (111)
