Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La política venezolana siempre sorprende, hay similitudes con experiencias anteriores, pero también elementos nuevos, la respuesta del gobierno es cada vez más dura y radical, la oposición se encuentra en este momento más fuerte y unida, la coalición dominante en el poder ha perdido apoyo popular, y la consecuencia migratoria convierte a la crisis interna en una con efectos internacionales. Aunque la sentencia del TSJ, calificado de parcial busca resolver el asunto electoral, la crisis está intacta. Las interrupciones de los servicios arropan todo el país, ya no son áreas geográficas especificas las que padecen los apagones, falta de agua y telecomunicaciones, es toda la nación sumergida en las tinieblas. Esta realidad deriva en el empeoramiento de las condiciones de vida, convirtiendo a la pobreza en manto que cubre la población sin escapatoria.
El gobierno de Maduro parece interesado en prolongar el estado de cosas: que la oposición se refugie en la presión política, judicial y policial, que la comunidad internacional pierda interés y que la gente tenga que resignarse a resolver su día día. El tiempo ya no es una variable sobre el cual transcurre los eventos a diario, es un arma política en la confrontación. El gobierno dejo de ser el todo poderoso que con algo de apoyo lograba calmar los reclamos, las evidencias concretas de hoy lo colocan a la defensiva, ante la posibilidad de perder el poder. Para sostenerlo avanzan en la consolidación de su modelo autoritario, obviamente asumiendo riesgos por la violación de DDHH. Pero esta imposición de normalidad a la fuerza, no resuelve la crisis, sobre todo en la perspectiva económica, condición que mantendrá su impulso sobre el descontento general.
En definitiva, los venezolanos ya no tienen nada que perder, sus familias están apartadas y sus salarios paupérrimos son como tocar fondo. Pero hay una premisa fundamental y es que siempre se puede estar peor. Lamentablemente el gobierno venezolano no ha terminado de comprender que las naciones siempre pueden estar en una posición peor a la actual; en consecuencia, las decisiones diferidas, apostando a la providencia, no resuelven las dificultades presentes, en todo caso las agravan. Poner el debate de la crisis sobre la mesa es indispensable para presionar los cambios necesarios para que el país no siga cayendo por el despeñadero: exigir racionalidad en la política económica, proponer acciones conjuntas entre el sector privado y el gobierno, entender que no habrá salida fácil y que independientemente de quién sea el culpable, todos, sin excepción vamos a pagar.
En este marco el gobierno puede optar por una crisis más aguda e intentar sobrevivir a la misma. Esto significa aceptar que les apliquen más sanciones económicas y financieras, que le impidan vender el petróleo, o los obligue a hacerlo a descuento afectando su flujo de caja. Por otro lado, que sus familias en el extranjero sean perseguidas por autoridades internacionales. Que ya no solo los cabecillas de la coalición sean perseguidos, sino también militares medios y funcionarios públicos vean sus propiedades y visas congeladas. También se podría traducir es más represión ya no solo en contra de la oposición y sus activistas, que terminarían asilados y anulados, sino de la población en general, que se vería incapaz de manifestar opiniones en público, acceder a redes sociales u organizarse para resolver problemas cotidianos en comunidad, con el riesgo de ser calificados de conspiradores.
Esto significaría el aislamiento total de país del mundo, afectando los canales de comunicación con los países vecinos, ante una posible crisis migratoria. Los casos de Cuba y Nicaragua son ejemplos de lo que podría ser una profundización del autoritarismo en Venezuela. Con una oposición anulada y sin competencia política. Este contexto es la profundización de una crisis, de mayor envergadura con afectaciones superiores a las experimentadas hasta el momento en el hemisferio.
Del otro lado de la acera, la oposición apostando a un quiebre en el seno de la coalición dominante que los obligue a construir una transición o negociación acordada. En este tablero es donde sí juega un rol la comunidad internacional, que, bajo el liderazgo de Colombia y Brasil, países gobernados por aliados al gobierno. Gustavo Petro y Luiz Inacio Lula da Silva cuentan con canales de comunicación y han propuesto destrabes como unas nuevas elecciones o un gobierno de cohabitación transitorio. Obviamente estas propuestas deben ser aceptadas por los factores internos y acompañadas por la comunidad internacional. Queda mucho por hacer, lo cierto es que las decisiones tomadas por el gobierno para sortear el conflicto político, por la vía de la judicialización electoral no resuelve la crisis planteada.
El gobierno se agarra de la sentencia para evitar la revisión independiente del resultado electoral y la oposición hacer valer las elecciones del 28 de julio, esto conduce a un callejón sin salida aparente. Lo cierto es que mientras se busca la luz en la callejuela, las vicisitudes y padecimiento de la población seguirán escalando. No hay salida posible si las condiciones de seguridad económica, ciudadana y confianza mantienen sus niveles de incertidumbres presentes. Tristemente la inmolación política de unos pocos es la condena a la miseria de toda la población, cercada en este momento por penumbras y oscuridades que hacen la vida insoportable. La experiencia traumática vivida por los venezolanos no tiene referente, existe una total paralización, anestesiada por un resultado electoral que produce más dudas que certezas. El fondo seguirá alejándose no para superarlo, sino para entender que todavía falta, convirtiéndolo en una caída libre indetenible.
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02-09-2024
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