La escena internacional contemporánea asiste a una transformación estructural donde la energía y la tecnología han vuelto a fundirse en el núcleo de la disputa por la hegemonía mundial. La Cadena Global de Valor (CGV) del petróleo, históricamente regida por los principios de una globalización abierta, corporativa y pretendidamente desregulada, experimenta hoy una mutación sistémica inducida por imperativos climáticos acelerados y fracturas geopolíticas de orden mayor. Este fenómeno, lejos de ser un mero tránsito técnico de vectores energéticos fósiles a fuentes renovables, constituye un proceso de deconstrucción y reconfiguración conceptual de la seguridad energética, articulado mediante lo que Joseph Schumpeter denominó, en 1942, la «destrucción creativa».
La innovación tecnológica disruptiva actúa aquí como el vector que revoluciona incesantemente las estructuras productivas desde dentro, destruyendo el viejo paradigma del crudo tradicional para instaurar la hegemonía de los flujos de conocimiento, el capital financiero verde y la soberanía tecnológica. Para un Estado inherentemente rentista y periférico como Venezuela, cuyo devenir histórico, institucional y cultural ha sido modelado por la ontología de la siembra del petróleo y la renta asimétrica, este escenario no representa una opción de agenda, sino un desafío existencial implacable que obliga a repensar las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) a la luz de las tensiones irresueltas entre el Norte y el Sur Global.
El análisis de la dinámica comercial del crudo revela que la CGV ha abandonado la linealidad del mercado clásico para adentrarse en una cartografía fragmentada, donde la huella de carbono y el alineamiento político actúan como variables de exclusión institucional. Al examinar esta metamorfosis desde la Economía Política Internacional (EPI), se evidencia una profunda bifurcación epistemológica. Desde el Norte Global, teóricos de corte institucionalista sostienen que las mutaciones de la cadena responden a incentivos de mercado reconfigurados por regímenes corporativos internacionales y agendas de gobernanza climática.
Para este enfoque, la seguridad energética ya no reside únicamente en el control físico de los puntos de estrangulamiento marítimos (chokepoints) como el Estrecho de Ormuz, sino en la mitigación de los riesgos regulatorios y financieros vinculados a las emisiones de Alcance 1, 2 y 3. El capital financiero del centro ejerce así una gobernanza selectiva: penaliza las inversiones a largo plazo en crudos pesados y extrapesados, mientras premia la flexibilidad operativa de ciclos cortos del shale oil (petróleo de esquisto / lutitas) norteamericano y las tecnologías de transición.
En contraposición, la perspectiva del Sur Global devela que esta reconfiguración financiera y normativa no busca la democratización o equidad en el acceso a la energía, sino la consolidación de nuevos monopolios sobre los eslabones de mayor valor agregado (patentes de refinación limpia, hidrógeno verde y tecnologías de captura de carbono). Como advierte el pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo, la transición corporativa impuesta por el centro financiero desplaza sutilmente el riesgo económico y los pasivos del declive petrolero hacia las empresas estatales petroleras (NOCs) de la periferia.
Estas corporaciones públicas, asediadas por restricciones de liquidez y asimetrías estructurales, se ven forzadas a defender la viabilidad de sus recursos naturales remanentes dentro de un orden internacional crecientemente punitivo. La seguridad energética en el Sur, por ende, se redefine como búsqueda de autonomía estratégica contra el despojo del valor de sus recursos primarios, impulsando la urgencia de una multipolaridad comercial y alianzas con centros de demanda emergentes en Asia (China e India) para sortear el bloqueo institucional de Occidente.
Ante esta cartografía fragmentada, el diseño de Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) para el caso venezolano exige superar el enfoque puramente cuantitativo y extractivista para adentrarse en un diálogo transdisciplinario entre la matriz neoschumpeteriana y el neoestructuralismo latinoamericano. El enfoque neoschumpeteriano postula que los recursos naturales subyacentes no constituyen una maldición inmutable, sino una plataforma potencial de despegue económico si se logran capturar las «ventanas de oportunidad» que abren las revoluciones tecnológicas. Desde este prisma, las PDP deben orientarse a la edificación de un Sistema Nacional de Innovación (SNI) dinámico, capaz de absorber y generar conocimiento, promoviendo el escalamiento de capacidades locales y la propagación de complementariedades difusas (spillovers) tecnológicas desde el núcleo energético hacia el tejido industrial adyacente.
Por su parte, la mirada neoestructuralista complementa esta premisa al demostrar que las fuerzas desreguladas del mercado por sí solas tienden a perpetuar la especialización primario-exportadora, exacerbando la heterogeneidad estructural y el desempleo. Por consiguiente, el Estado venezolano debe asumir un rol conductor mediante PDP de carácter estrictamente selectivo y direccional. Esto implica el direccionamiento estratégico del capital y las rentas remanentes para inducir un cambio estructural virtuoso, movilizando de manera planificada los factores productivos desde las actividades de baja productividad y nulo valor agregado (la extracción primaria de crudo pesado) hacia sectores de alta productividad y eficiencia schumpeteriana (bienes tecnológicos, servicios intensivos en conocimiento y vectores de energía limpia).
La geopolítica de la innovación disruptiva somete a Venezuela a una encrucijada histórica e intelectual. El orden energético global del siglo XXI ya no se rige por la simple correlación de fuerzas de la oferta y la demanda de barriles físicos, sino por la hegemonía del conocimiento y las métricas de descarbonización controladas por el Norte Global. Frente a la estrategia occidental del friend-shoring (abastecimiento entre aliados / deslocalización amiga), que busca aislar comercialmente a los Estados que defienden su soberanía sobre los recursos, la resiliencia venezolana depende de su capacidad para forjar una inserción soberana en el mundo multipolar. Por consiguiente, el futuro del país no puede seguir anclado en las premisas de la economía rentista del pasado.
La defensa del recurso petrolero en la faja frente a la actual geopolítica exige, paradójicamente, acelerar la transición interna mediante la creación de un andamiaje institucional que traduzca la riqueza del subsuelo en un SNI. Solo mediante un cambio estructural guiado por políticas públicas selectivas, donde la ciencia, la hermenéutica crítica de sus realidades y la gobernanza de la transición energética confluyan, podrá Venezuela mitigar el riesgo del declive fósil. La soberanía nacional de las próximas décadas se librará en el terreno de las capacidades tecnológicas locales y en la reconversión inteligente de su industria matriz ante el nuevo mapa de los flujos globales.
Economista Elita Luisa Rincón Castillo
Doctorando en Economía Aplicada IIES-ULA
19-06-2026
