Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La última renovación del Estado de emergencia económica decretado por Maduro, es la ratificación del aprieto gerencial que ha reinado en la gestión del régimen revolucionario. La dictadura se acostumbró a su actuación sin los contrapesos establecidos en la Constitución.
El artículo 338 de la CRBV establece… Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual. En cualquier caso la Asamblea Nacional considerará y aprobará, ya que el ejercicio de la medida restringe garantías constitucionales de forma temporal.
A la Sala Constitucional le corresponde revisar el cumplimiento de las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y a la Asamblea le toca revisar las circunstancias económicas extraordinarias, en consecuencia la comparecencia de los ministros, presidente del BCV y el superintendente tributario se corresponde con esa atribución para poder conocer en detalle los indicadores y razones que manifiestan el diagnóstico de emergencia económica.
La inefable sala constitucional otorgo los avales para que Maduro y la dictadura gestionara los recursos públicos, sin los controles financieros, presupuestarios y administrativos exigidos, ni con la temporalidad señalada, con lo cual la corrupción se ha multiplicado como la mala hierba. Se obviaron las comparecencias y la presentación de las razones que justifican la medida, simplemente la sentencia oprobiosa de declarar a la Asamblea Nacional en desacato, es suficiente argumento para otorgarle al Dictador el manejo total y absoluto de la Hacienda Pública.
El Ejecutivo Nacional tiene la obligación constitucional de presentar a la Asamblea Nacional, para su sanción legal, un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento.
La gestión fiscal debe ser y será ejecutada con base en la eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Las sentencias de la sala constitucional otorgaron fianzas a la dictadura para violentar el marco de control establecido en la Constitución, en materia presupuestaria y financiera, convirtiendo el presupuesto nacional en un vulgar panfleto, ya que, no existe correspondencia entre las metas establecidas en los planes operativos y los recursos financieros expresados en el presupuesto.
Desde el punto de vista económico, el escenario presupuestario debe contemplar un conjunto de acciones orientadas al impulso del aparato productivo nacional, con el objeto de propiciar un mayor dinamismo del sector interno de la economía, de igual manera en la recuperación y sostenimiento del crecimiento económico y el debilitamiento de las presiones inflacionarias, que permitan generar condiciones macroeconómicas favorables para el fortalecimiento de las fuentes de ahorro y de inversión productiva. Los presupuestos públicos en estas épocas de dictadura bolivariana, han carecido de la evaluación continua y la rendición de cuentas como establece el texto constitucional. Cuando las premisas están tan alejadas de su comportamiento en el mercado, la rendición de cuentas se trasforman en cuentos y ficciones, con las implicaciones que esto tiene en las expectativas de los ciudadanos.
La dictadura implementa medidas inconexas e incompletas que agravan las realidades existentes en la economía. Los incrementos salariales son financiados con la emisión de dinero inorgánico, es totalmente ridículo y risible la medida de extender la vigencia de la circulación del billete de 100, el cual fue condenado por Maduro a perdurar por 72 horas en diciembre de 2016. La liquidez monetaria creció en lo que va del año 2017 en 50 %, es decir el dinero en circulación paso de 10 billones a 15 billones de bolívares, manejo irresponsable del directorio del BCV, lo que explica los incrementos desmedidos en los precios. Olvidan los funcionarios del BCV que su actuación negligente genera responsabilidades administrativas. Por otra parte las reservas internacionales para el 18/05/2017, alcanza la suma insignificante de 10.000 millones de dólares, limitadas en su disposición por las prendas a las cuales están sujetas las reservas en Oro monetario; situación que expresan la ruina total de la nación “hecha en socialismo”.
El panorama es poco alentador, la expectativa de futuro en el país es oscura, incierta y tenebrosa, es por ello que los reclamos se mantienen y se mantendrán en las calles, la destrucción programada de la nación impulsada por la dictadura debe parar, en salud y beneficio de todos los venezolanos. Pretender que la violación constitucional no tenga repercusiones internacionales, es otro delirio del régimen: los organismos multilaterales de financiamiento, los inversionistas, las organizaciones de derechos humanos y en general las naciones observan con preocupación los acontecimientos en desarrollo en Venezuela. Somos los venezolanos los encargados de resolver los problemas presentes, en el marco de los derechos establecidos en la Constitución. Los ejerceremos en el camino pacífico, democrático y electoral, incluyendo la desobediencia civil, ya que todo venezolano o venezolana puede investirse de autoridad para restablecer la vigencia de la Carta Magna.
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