En los últimos meses, los consumidores de Mérida se enfrentan a una realidad cada vez más insostenible: los precios de los productos básicos, desde alimentos hasta prendas de vestir, varían según la forma de pago. Un mismo artículo puede costar el doble o el triple si se paga en bolívares en lugar de divisas (dólares, euros, pesos), una práctica que, aunque algunos justifican como «adaptación al mercado», no es más que especulación pura y dura, que castiga al bolsillo del merideño común.
Basta con recorrer los comercios de la ciudad para notarlo, en algunos establecimientos, un kilo de queso, una camisa o incluso medicamentos tienen una etiqueta en dólares y otra en bolívares. Esta dualidad de precios no solo genera confusión, sino que excluye a quienes no tienen acceso a moneda extranjera, obligándolos a pagar sobreprecios abusivos.
Algunos comerciantes argumentan que la inflación, la escasez de efectivo y la inestabilidad del bolívar los obligan a protegerse. Sin embargo, cuando la diferencia entre el precio en divisas y en bolívares supera incluso el valor real del producto, ya no se trata de una medida de supervivencia económica, sino de una distorsión del mercado que perjudica al consumidor.
Las autoridades locales y nacionales han sido tibias frente a este problema. Aunque existen leyes contra la especulación y el acaparamiento, la fiscalización es débil y los mecanismos de denuncia poco efectivos. Mientras tanto, las familias merideñas deben elegir entre pagar precios inflados o prescindir de productos esenciales.
Esta práctica no solo encarece la vida, sino que profundiza la brecha económica; quienes reciben remesas o tienen ingresos en dólares pueden acceder a mejores precios. Quienes dependen únicamente del bolívar ven cómo su salario se esfuma en unos pocos productos básicos.
El resultado es una ciudad cada vez más dividida entre quienes pueden pagar y quienes deben resignarse a comprar menos y de menor calidad.
No se puede normalizar esta distorsión. Es urgente que las autoridades competentes (Sundde, Alcaldía, Gobernación) fiscalicen y sancionen a los comercios que aplican sobreprecios abusivos. Los consumidores tienen el deber de denunciar estas prácticas, exigiendo facturas y comparando precios.
Es urgente promover una economía más estable, con políticas que eviten la necesidad de recurrir a la dolarización informal.
Mérida merece un mercado justo, donde no se aprovechen de la necesidad de la gente. La especulación no es una estrategia comercial legítima, es un abuso que agrava la crisis.
Redacción C.C.
06-08-2025
