Por: German Rodriguez Bustamante
Lo ocurrido el 3 de enero del presente año generó una gran expectativa, la posibilidad cierta de un cambio de rumbo en la conducción de Venezuela parecía cerca. Sin embargo, los 27 años de colonización institucional son difíciles de desmontar en el corto plazo. Desde 1.999 hasta la fecha se ha diseñado e instrumentado una estrategia para eliminar la separación de poderes, y se gestó la ocupación de las instituciones estatales por parte del ejecutivo y el partido de gobierno. Este proceso estableció un control autoritario centralizado, suprimiendo la autonomía institucional para garantizar la permanencia en el poder. De forma engañosa y manipulada se utilizó el uso político de la historia y el carisma para refundar la República, cambiando símbolos patrios y consolidando la unión cívico-militar. Se reformaron las bases constitucionales para introducir un modelo socialista que subordinó las instituciones a la voluntad presidencial, utilizando con discrecionalidad el poder del Estado para controlar cualquier disidencia.
El avance autoritario da sus primeros pasos por la vía constitucional al reemplazar la constitución de 1.961 por la actual. Esto permitió al poder ejecutivo tener una influencia inédita sobre el resto de los poderes públicos. Luego fue necesario el control absoluto de la principal fuente de recursos, realizando una purga masiva en PDVSA, transformando a la empresa en el brazo financiero y logístico del proyecto político, sin importar las consecuencias operativas, financieras y económicas sobre la industria y el país. En paralelo se construye la narrativa según la cual los militares eran la reserva moral del país, revestidos de valores superiores quienes en función de las proezas golpistas de los 90, serían los encargados de administrar al Estado. Por ello se introduce la doctrina de la unión cívico-militar, otorgando a militares activos y retirados roles clave en la administración pública y la economía, estableciendo lo que se ha expuesto como un Estado cuartel. Los efectos de la gestión verde oliva en la estructura pública es visible, organizaciones desmanteladas, cementerio de empresas estatales, chatarra industrial por todos lados y una corrupción como cáncer incurable.
El resultado concreto de este pillaje ha sido un sistema de poder dominante donde la separación de poderes es inexistente y las instituciones actúan como extensiones del partido de gobierno. Mientras que existía un apoyo popular se buscó legitimidad a través de un nuevo modelo socialista y consultas frecuentes, al perder el respaldo se pasa a un Estado cerrado y excluyente que prioriza el control territorial y social sobre la gestión pública. Sostener el poder a cualquier costo. En estos últimos años se han ejecutado las mayores atrocidades y violaciones de derechos humanos. Persecución de opositores, detenciones arbitrarias sin el debido proceso, represión o errores judiciales graves, afectando a civiles, periodistas y activistas. Produciéndose la privación ilegal de libertad, mala conducta policial y falsa evidencia, causando daños devastadores a las víctimas y sus familias.
Con esta descripción es complicado realizar un cambio en lo inmediato de esta estructura criminal, más allá de las tres fases fijadas por la administración Trump. Tristemente la estructura de poder actual garantiza la estabilidad política y social, lo económico queda diferido por el momento. El ajuste del llamado bono de miseria de 30 dólares mensuales, es insuficiente para contrarrestar la inflación acumulada en lo que va de este año del 50 %, con lo cual la brecha entre la remuneración recibida y la cesta básica a cubrir con ella, se amplía cada dia mas, condenando a los empleados públicos y pensionados a la indigencia. Los reclamos por derechos laborales se profundizará afectando la supuesta estabilidad política, llevando al régimen que encabeza Los Rodriguez a renovar la persecución y a la violacion de derechos, haciendo inutil a la ley de amnistía.
Desmontar el secuestro institucional en Venezuela es un reto que requiere una transición democrática por fases, enfocada en la reinstitucionalización y el desmantelamiento de las estructuras de control político que han operado en estos desdichados años de engaño. Renovación de poderes autónomos cumpliendo lo establecido en la constitución. Sustituir gradualmente a los individuos alineados políticamente en el TSJ, el CNE, el ministerio público y la defensoría del pueblo. Sin un sistema judicial independiente, los derechos ciudadanos no pueden garantizarse. Extirpar la presencia de militares activos o jubilados en la estructura de gestión pública, los resultados mostrados no dejan duda sobre su incapacidad, negligencia y corrupción. Eliminar mecanismos de control social como los sistemas de pago centralizado, asignación de subsidios y beneficios que condicionan la lealtad política y convertirlo en derechos universales.
Instrumentar medios de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos, incluidos los de la renta petrolera actual y de esta manera evitar un uso distinto a las prioridades del país. Establecer una calendario electoral viable con la observación internacional para legitimar al poder ejecutivo y legislativo. En resumen, la tarea no es fácil pero la reconstrucción democrática depende de acuerdos políticos inclusivos que eviten la polarización extrema y den a todos los sectores un incentivo para participar en el nuevo sistema. El país necesita con urgencia una nueva ruta y sendero para transitar del estado actual a lo deseado por todos. La tutela americana debe avanzar para garantizar una transición hacia la democracia, el riesgo es que la obediencia ciega actual pueda convertirse en estabilidad para el modelo existente, con algunos retoques cosméticos.
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23-03-2026
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