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martes, noviembre 17, 2026

La in-habilitante de la reserva legal y la democracia

Por: Francisco Ferreira de Abreu…

En Gaceta Oficial Nº 40.544 del 19 de noviembre 2014, dictada el último día de vigencia de la Ley Habilitante publicada en Gaceta Oficial Nº 6.112 Extraordinario del 19 de noviembre de 2013, el Presidente de la República promulgó un total de veintiún Decretos Leyes, entre los cuales destacan por su contenido punitivo: la Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, la Ley del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley de Régimen para la Revisión, Rectificación, Reimpulso y Reestructuración del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana y la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, publicadas a su vez en las Gacetas Oficiales Extraordinarias números 6.155 y 6.156 del 19 de noviembre 2014.

Estos y los otros Decretos Leyes, dictados por el Presidente de la República en el marco de la referida Ley Habilitante, constituyen una excepción a un principio fundamental de toda democracia como lo es el de la reserva legal previsto en el ordinal 32 del artículo 156 de la Carta Magna, a tenor del cual, la competencia para legislar en materia de derechos y garantías constitucionales, civil, mercantil, penal, de procedimientos, del trabajo, de bancos, notarías y registros, así como de otros sectores importantes, se hallan reservados al Poder Legislativo Nacional. Vale decir, a la Asamblea Nacional, quien en el contexto de tal excepción puede delegar en la persona del Presidente de la República tal competencia, salvo en lo atinente de las Leyes Orgánicas.

De suyo entonces, dichos Decretos Leyes se ajustan al marco constitucional de las Leyes Habilitantes, cuyo único límite en la Constitución de 1999, al parecer, lo constituye el supuesto de las Leyes Orgánicas, razón por la cual se trata de una delegación amplia a diferencia de lo regulado en la Constitución de 1961, que sólo autorizaba –previa Ley especial– al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera.

No obstante lo anterior, la amplitud con la cual se ha establecido el recurso a la Ley Habilitante en el Constitución de 1999, así como su frecuente uso (1999, 2000, 2007, 2010 y 2013), que lejos de constituir una excepción se ha convertido en la regla, riñen con el principio democrático de la reserva legal, cuya finalidad es proteger las libertades ciudadanas en cuanto a que toda intervención legislativa en ellas y, por tanto, en cualquier derecho fundamental, requiere de una Ley en sentido formal dictada por el órgano competente por excelencia. Es decir, por el ente democrático, plural y representativo de todos los sectores de la sociedad, como lo es la Asamblea Nacional.

En este sentido, lo ideal es que las Leyes, las cuales siempre terminan regulando el ámbito de libertad de los ciudadanos, sobre manera las que establecen restricciones a los derechos y libertades, como es el caso de las normas penales, sean dictadas por el parlamento, bien por ser el órgano que permitiría una mejor valoración de los proyectos de Ley, así como por el hecho de permitir una discusión más amplia e inclusiva de todos los sectores de la sociedad. Aunado a que con ello se evitaría que el representante del Poder Ejecutivo ejerciera de Rey, como ocurría en el Estado Absoluto, decidiendo sobre la vida y las libertades de las personas.

De allí el título que anima estas líneas, dado que la Habilitante comporta una inhabilitación de ese importante y elemental principio de toda democracia, como lo es el de la reserva legal, lo que también conlleva a la negación o inhabilitación del pluralismo político previsto como un valor en la Constitución de 1999 y, con mayor razón, de la democracia que se dice y afirma participativa y protagónica.

Así las cosas, gobernar a través de Leyes Habilitantes, no es más que un atajo tendiente a evitar los límites que pueden establecerse en la discusión y el debate parlamentario. Vale decir, una trocha contraria al ideal de la Democracia Constitucional, cuyo contenido trasciende el principio de la mayoría en tanto la legitimidad de un gobierno no se halla en los votos sino en la salvaguarda y respeto de los derechos fundamentales.

En palabras del jurista italiano Luigi Ferrajoli, gobernar mediante Decretos nos remite a una Democracia Plebiscitaria y Antiparlamentaria que se fundamenta en el presidencialismo o la delegación de un “Líder” asumido como expresión directa de la soberanía popular surgida de las mayorías y, por consiguiente, a un gobierno que sólo representa e incluye a los vencedores de las elecciones.

abreuferreir@gmail.com

@abreuferreir

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