A 127 años del despojo colonial y la ofensiva jurídica ante la ONU
La defensa de la integridad territorial de Venezuela se fundamenta en un hilo histórico inquebrantable: el Uti Possidetis Iuris de 1810, el cual reconoce como frontera legítima aquella demarcación que correspondía a la antigua Capitanía General de Venezuela, establecida por la Corona Española en 1777. Frente a este derecho originario, el despojo colonial británico perpetrado durante el siglo XIX pretendió consolidarse de forma fraudulenta mediante el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, un fallo viciado de nulidad absoluta que el Estado Venezolano jamás ha convalidado, cumpliéndose exactamente 127 años de aquel injusto suceso contra la República. Para revertir tal injusticia, se sumó un hito diplomático de gran trascendencia el 22 de febrero de 1962, cuando el embajador Carlos Sosa Rodríguez reactivó la reclamación formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acción soberana que alcanzó su máxima expresión el 1 de octubre de 1962; en esa fecha, el canciller Marcos Falcón Briceño, durante el primer gobierno de Rómulo Betancourt, respaldó la postura nacional con los informes técnicos, mapas y dispositivos de delimitación geodésica desarrollados por especialistas como el doctor Jesús Alfonso «Chuy» Marrero, desnudando ante la Asamblea General de la ONU los vicios de fondo de la trapisonada de un laudo dictado por árbitros entre los que no había ningún venezolano, obligando firmemente a la contraparte a sentarse a negociar. El Acuerdo de Ginebra: Una verdadera política de Estado Este hecho histórico sería el resultado de una verdadera política de Estado frente a la reclamación. Es así como la continúa el gobierno del doctor Raúl Leoni, con la colaboración de los mejores expertos en la materia; entre ellos el canciller Ignacio Iribarren Borges, a quien le corresponde el honor de suscribir el más trascendental instrumento jurídico: el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este documento es el que ha esgrimido siempre la República como prueba fundamental de que la Potencia Imperial reconoce la existencia de un contencioso entre el Imperio Usurpador y su colonia. Tan es así que, con fundamento en ese acuerdo, se acude ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aún sin reconocer su competencia contenciosa donde los juristas al servicio de la nación, delegación encabezada por el eminente jurista español Antonio Remiro Brotons junto a otros calificados letrados, demuestran nuestra verdad histórica. Este es, y ha sido, un asunto de Estado sólidamente respaldado por todos en el país. Es por ello que, para la Sociedad Bolivariana de Mérida, la divulgación de este hito histórico es clave en el Proyecto Educativo dirigido a estudiantes y profesores de Educación Media. El objetivo es que comprendan que la reclamación de nuestra Guayana Esequiba no es un asunto del pasado ni un tema puramente burocrático, sino un deber de todos los venezolanos; es decir, una Causa Nacional. Al estudiar la firmeza de este episodio, las nuevas generaciones aprenden de primera mano que la defensa de nuestro territorio es un mandato histórico que convoca a todos por igual, uniendo el esfuerzo de la ciudadanía y del Estado en una sola voz para salvaguardar la soberanía y la integridad de la República.
Fuente:
Prof. Francisco Mujica Bautista
Profesor de Derecho Internacional Público, ULA, Mérida, Venezuela.
C. Ivonne Mujica Bautista
Vicepresidenta de la Sociedad Bolivariana de Mérida.
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