Por German Rodriguez Bustamante …
La promesa de la recuperación institucional se ha convertido en un engendro indescifrable, conductas que se justifican mediante el fin de lograr un bien mayor, que es sostener el poder. Las modificaciones legales son parches que no se rigen por principios morales, lo importante son los resultados. Un engaño más, el imperio del más fuerte obliga a la coalición en el poder a realizar algunos arreglos cosméticos en el marco institucional, sin comprometer en lo mínimo su control. La colcha de retazos inicia su zurcido con el parche de la Ley de Amnistía, aprobada sin otorgar libertades planeas a todos los presos políticos, siguen en este momento personas detenidas por motivos políticos, algunos con medidas cautelares, incluyendo la colocación de grilletes electrónicos.
En primer lugar, la ley dejo fuera a una parte significativa de los detenidos por motivos políticos al excluir delitos como terrorismo, acciones contra la soberanía, crímenes de lesa humanidad, corrupción o los vinculados a la llamada ley del odio. En segundo lugar, el artículo 7 obligó a los perseguidos a presentarse ante un sistema judicial parcializado, lo que perpetúa la estructura represiva en lugar de garantizar una amnistía incondicional. El último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, alerta que el aparato represivo del Estado y las estructuras institucionales persisten intactos a pesar del cambio de gobierno a principios de año y la aplicación de la Ley de Amnistía. Entre septiembre de 2.025 y julio de 2.026 se registraron 214 detenciones de carácter arbitrario. La Misión estima que todavía quedan entre 379 y 500 presos políticos bajo custodia. Lo que evidencia que en el caso de la justicia el remiendo impuesto, es parte de este esperpento institucional.
En el sector petrolero, la tutela americana exige una modificación de la Ley de Hidrocarburos, la cual fue aprobada sin consulta y sin discusión, los diputados levantando las manos como marionetas, manejados desde el presidio de la AN. El instrumento jurídico pretende una cascada de inversiones en el sector, sin duda las condiciones mejoraron sin embargo, todavía quedan dudas e incertidumbres para ejecutar inversiones de largo plazo. No existe certeza jurídica definitiva sobre si las regalías pagadas y el propio Impuesto Integrado son deducibles para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Existe una ausencia de reglas claras y explícitas sobre el uso del dólar estadounidense como moneda funcional para la contabilidad y la declaración del ISLR. La norma establece un límite de traslado de pérdidas fiscales de solo 3 años y un tope del 25 %, un plazo considerado desajustado para la naturaleza de un negocio petrolero, que requiere inversiones multimillonarias y largos periodos de maduración. Aunque el Reglamento de julio de 2.026 intentó mitigar esto fijando topes por tipo de campo (Greenfield, Brownfield, etc.), en el derecho venezolano un reglamento no puede innovar ni subsanar vacíos de rango legal, lo que genera riesgos de impugnación por reserva legal.
En el marco de la discrecionalidad otorgada al ejecutivo, se ejecuta el histórico acuerdo petrolero firmado a finales de agosto de 2.026, entre la administración Trump y el gobierno interino, con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), el cual gira en torno a serios cuestionamientos sobre su legitimidad jurídica, la identidad de sus beneficiarios y la pérdida de soberanía nacional. Todo realizado en una absoluta oscuridad y opacidad. La inversión estimada asciende a 100.000 millones de dólares, aportados por operadoras terceras contratadas, no por los gobiernos firmantes. El Departamento de Estado obtendría derecho preferente de compra sobre más del 20 % de la producción a precio de costo. Otro elemento que produce extremada preocupación es que Trump anunció que el acuerdo petrolero con Venezuela tendrá una duración de 100 años, mientras que la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del país, establece como plazo máximo 25 años con prórroga no mayor a 15 años. El artículo 113 de la Constitución venezolana autoriza concesiones por tiempo determinado sin especificar límite, pero una extensión de un siglo desborda el marco legal vigente.
Adicional parecen los cuestionamientos morales y éticos del propietario de NABEP, quien ha sido objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero en España y Suiza, vinculadas al caso Atlantic por 4.850 millones de dólares. El riesgo de impugnación del acuerdo binacional por vía política puede ocurrir, principalmente por parte del Congreso de Estados Unidos, que tiene ante sí una carta de senadores demócratas exigiendo la teoría legal del acuerdo. Si el Partido Demócrata recupera la Cámara de Representantes en noviembre de 2.026, la facultad de emitir citaciones y abrir investigaciones formales se activará. Esta vía no anula el acuerdo, pero lo deslegitima y acelera litigios derivados.
En concreto el monstruo institucional sigue configurándose, en una transición política y acercamientos entre el gobierno interino y la oposición, hecho que agrega otro parche. Se pretende justificar pactar con sectores del statu quo autoritario, manteniendo cuotas de poder a los hermanos Rodríguez, con tal de alcanzar una estabilidad macroeconómica o el cese de sanciones. Es difícil tragar al engendro que sostiene violaciones sistemáticas a los derechos humanos, suministra servicios públicos deprimentes y salarios de miseria. Condiciones que anula la legitimidad moral de la continuidad del gobierno de Delcy. El debate central está en qué hacer con el aparato represivo previo y los abusos cometidos, que enfrenta a dos conceptos éticos: la exigencia de un castigo penal estricto, frente a la necesidad pragmática de amnistías u otorgamiento de beneficios procesales, para facilitar una paz negociada.
La vida del ciudadano común se debate entre la alienación provocada por la necesidad de resolver la subsistencia diaria, bajo una severa brecha cambiaria y fallas de servicios y el deseo de recuperar su agencia política a través de masivas protestas civiles organizadas. Lo cierto es que, el laboratorio revolucionario de Prometeo produce un Frankenstein institucional, que para nada arregla los profundos problemas que padece el país, por el contrario los profundiza. Pronto aparecerán nuevos agregados en el campo fiscal y laboral. La Nación requiere un Gran Pacto de Unidad Nacional para la recuperación institucional, requisito fundamental para el restablecimiento de la democracia. La esperanza en Venezuela se ha transformado, como un motor de resistencia cívica y acción colectiva, una forma de estar en lo público, cuando los marcos institucionales básicos han fallado por completo.
@germanoveja
@germanrodri
26-10-2026
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