La Universidad de Los Andes inició su periodo de actividades en medio de un clima de alta expectativa institucional. Tras años de parálisis y restricciones, la comunidad universitaria encaraba con esperanza la reincorporación a las aulas y la inminente celebración de las elecciones de co-gobierno pautadas para el próximo miércoles 7 de octubre. Sin embargo, en el horizonte ulandino vuelven a proyectarse las sombras de la maniobra política y el boicot institucional.
Nada de esto ocurre por casualidad, sino que forma parte de un tablero de ajedrez político al que la universidad venezolana desafortunadamente se ha acostumbrado. En este escenario operan diversos factores, desde aquellos discursos que apelan a la «democracia» solo de la boca para afuera, hasta los ejecutores e instrumentos judiciales dispuestos a intervenir y someter la dinámica universitaria a la crisis institucional que ha asfixiado al país durante las últimas décadas. Lo que se vive hoy en los pasillos de la ULA no es un hecho aislado, sino el reflejo palpable de la realidad nacional.
La alarma volvió a encenderse tras las denuncias vertidas por dirigentes estudiantiles en Caracas, quienes advirtieron sobre la inminente posibilidad de una nueva suspensión o postergación de los comicios universitarios. El secuestro de la vida democrática en las universidades públicas venezolanas no es un fenómeno reciente, pero en la Universidad de Los Andes cobra una dimensión dramática, el proceso de renovación de autoridades acumula ya 19 años de retraso. Esta parálisis constituye una de las expresiones más crudas de la descomposición institucional impuesta desde el poder central.
Esta recurrente obstaculización de los procesos electorales para renovar tanto a las autoridades rectorales como a la representación estudiantil trasciende la simple disputa administrativa. Se trata de una estrategia deliberada de asfixia y estrangulamiento contra la autonomía universitaria.
Existe un modus operandi sistemático, la suspensión de los comicios no responde a fallas organizativas ni a la apatía de la comunidad académica, sino a un entramado de decisiones judiciales y presiones políticas diseñadas para perpetuar el conflicto. Mediante medidas cautelares e interpretaciones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se ha invalidado de manera reiterada el Reglamento Electoral Universitario, desconociendo la Ley de Universidades y el principio constitucional de la autonomía.
El objetivo central de esta ofensiva es vulnerar el ejercicio del voto, la herramienta democrática por excelencia. Al intentar imponer esquemas electorales ajenos a la dinámica universitaria, se busca licuar el peso decisivo de profesores, estudiantes, empleados y obreros, despojándolos de la posibilidad real de elegir su propio destino.
Las consecuencias de este bloqueo prolongado son devastadoras. Al cercenar la renovación periódica de los liderazgos, no solo se favorece la agenda del gobierno nacional, sino también la de sectores antidemocráticos internos que actúan como sus satélites. Esta parálisis fomenta el desánimo, fragmenta las fuerzas de cambio y acelera la fuga de talentos en todos los niveles académicos y administrativos.
Frente a un ecosistema que ve en la universidad y en su pensamiento crítico una amenaza inaceptable, a la comunidad ulandina solo le queda la resistencia firme y la articulación democrática.
Ante los rumores de suspensión de elecciones y las arremetidas judiciales, el llamado es a mantener el músculo, la convicción y el entusiasmo democrático para defender, en medio de tantísimas dificultades, la dignidad y el futuro de nuestra alma máter.
Redacción C.C.- L.L.
01-10-2026
