Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Desde el 430 A.C hasta nuestros días la humanidad ha sido diezmada por un conjunto de plagas. El tratamiento de las mismas ha llegado luego de pérdidas humanas significativas. La presente pandemia del coronavirus de Wuhan, ha obligado al decreto en algunos países de medidas de Estado de Alarma, la cual establece el confinamiento de casi toda de la sociedad en sus domicilios entre otras, para evitar el contagio masivo. En el caso venezolano el régimen encabezado por Maduro, adoptó medidas graduales de confinamiento enmarcadas en las recomendaciones de la OMS. En conclusión, las medidas adoptadas se adecuan a la emergencia presente, sin embargo, la ausencia de planes adicionales para poder mitigar las deficiencias de servicios en términos generales, dejan muchas dudas.
El bien común es la premisa que debe acompañar cualquier medida y planes que se tomen en esta coyuntura. Es garantizar un conjunto de condiciones para la vida social, con las cuales los seres humanos, las familias y los colectivos pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propio bienestar. Entendiendo que es un bien indivisible y solo con la colaboración de todos puede ser alcanzado, aumentado y protegido. Afecta la vida de todos. Le corresponde al Estado defender y proteger el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y las instituciones intermedias. En este contexto los venezolanos esperamos de las autoridades decisiones ajustadas al bien de la colectividad y no adecuadas a dividendos políticos derivados del momento.
La realidad es abrumadora, antes de la declaración de emergencia en la mayoría de hospitales catalogados como “centinela”, suspendían cirugías por falta de tapabocas, los quirófanos no contaban con aire acondicionado, no existe en ellos suministro constante de agua y luz eléctrica, en conclusión, el sistema de salud en una condición de vulnerabilidad extrema. La pandemia en Venezuela se suma a una emergencia sanitaria que se viene advirtiendo desde 2016 y que desde el año pasado mantiene en el país a equipos humanitarios de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional. Esas realidades no se pueden ocultar a punta de bayonetas.
La llegada del virus al país ha venido también con protestas del personal médico. En los hospitales hay más temor por el virus, que está haciendo estragos en Europa. Los médicos y enfermeras exigen barreras de protección eficaces, no algo que de la sensación de protección. A los enfermeros no se les pueden obligar a trabajar en condiciones de riesgo, porque hay un principio de sobrevivencia y si eso no se garantiza al personal de salud en una crisis epidemiológica como está, no vamos a contar con el personal para sostener la tragedia. Las medidas tomadas por Maduro han sido acertadas, pero el tiempo que se está ganando con el distanciamiento social, que debería controlar los contagios, debe emplearse en las dos puntas de la cadena sanitaria: la de los ambulatorios y centros pequeños que puedan atender los casos leves, tristemente está totalmente desmantelada. En paralelo debería trabajarse en los grandes centros adecuando y ampliando la ínfima infraestructura de terapia intensiva disponible en el país.
La poca capacidad de hacer todas las pruebas, que ha sido clave en otros países para controlar la epidemia, ha dificultado tener una mirada clara del avance del virus en Venezuela, así como también la escueta información que han dado las autoridades, que no informa con regularidad ubicación, modos de contagio, edades y sexo de los casos. La opacidad que ha acompañado la actuación de este régimen a lo largo de estos desgraciados 21 años, se mantienen en esta tragedia. Los emisarios utilizados por el régimen gozan de muy poca credibilidad, no existe vocería técnica calificada que puede mantener un monitoreo de la evolución del virus y los planes para mitigar sus impactos.
Desde el 2.017 la información epidemiológica de Venezuela no es pública y los médicos y la población navegan a ciegas sobre el avance de enfermedades de notificación obligatoria. A la censura de esta información se suma el hostigamiento a periodistas e integrantes de la red de salud, por parte de policías y autoridades durante la cobertura de la crisis y el bloqueo hecho a una web que lanzó esta semana el equipo de la Asamblea Nacional, para divulgar información sobre el virus, una muestra de que el conflicto político en el país no tomó cuarentena.
Mientras el conflicto político alimenta el morbo del régimen, los ciudadanos asumimos el confinamiento como nuestra contribución, para evitar el contagio intensivo. Obviamente el aislamiento podrá mantenerse, siempre y cuando se garanticen el suministro o disponibilidad de alimento, medicamentos, combustible y servicios básicos. Las realidades no pueden ocultarse con la presencia de la pandemia, por el contrario, las condiciones de miseria colectiva que padecemos se potenciarán, incrementando significativamente las estadísticas de fallecidos. Es urgente para la sociedad que el hacha de la diatriba política sea enterrada en esta coyuntura, con un pacto de unidad nacional que facilite el ingreso de la ayuda humanitaria almacenada y la obtención urgente de fondos para paliar la emergencia que se avecina. En lo individual utilicemos las palabras de Santo Tomás, “que cada persona individual es, con respecto a toda la comunidad, lo que la parte es respecto al todo”. Seamos parte de la solución y no del problema, arriba corazones.
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