El reciente dictamen de la Superintendencia Antimonopolios en Venezuela, que elimina la cláusula de exclusividad que Cashea mantenía con los comercios afiliados, marca un hito significativo, abriendo la puerta a la competencia de empresas como LYSTO y RAPIKOM en el floreciente segmento de «Compre Ahora, Pague Después» (BNPL, por sus siglas en inglés). Si bien la medida fomenta un entorno más competitivo, subyace una preocupación económica profunda, especialmente en el contexto singular de la economía venezolana. La masificación de este modelo de financiamiento, que permite a los consumidores adquirir bienes y diferir el pago en cuotas sin intereses aparentes, amenaza con convertirse en una peligrosa trampa de deuda, magnificando la vulnerabilidad financiera de los hogares.
El modelo BNPL opera, en gran medida, dentro de lo que se denomina como «banca en la sombra». Estas empresas, al no ser instituciones bancarias tradicionales, operan con un mínimo, si no nulo, control regulatorio en materia de tasas de interés efectivas y, crucialmente, la verificación exhaustiva de la capacidad de pago del consumidor. En economías estables, la falta de regulación ya genera inquietudes; en Venezuela, con salarios mínimos notoriamente bajos, fluctuantes y a menudo insuficientes para cubrir la canasta básica, el riesgo se amplifica exponencialmente. La promesa de financiamiento instantáneo actúa como un poderoso señuelo para una población ávida de consumo, pero limitada por su menguado poder adquisitivo, creando una ilusión de riqueza y accesibilidad que no se corresponde con la realidad económica individual.
La introducción de dos aplicaciones adicionales (LYSTO y RAPIKOM) al panorama de financiamiento inmediato significa que el consumidor, que antes podía acceder a través de una sola plataforma, ahora tiene la capacidad de triplicar su potencial de endeudamiento de manera simultánea e inmediata. Esta facilidad de acceso a financiamiento, sin la debida evaluación prudencial, se traduce en un incremento del consumo impulsivo, una tendencia que se exacerbará notablemente durante la estacionalidad de diciembre. Las compras navideñas, impulsadas por el fervor de la temporada y la disponibilidad de múltiples líneas de crédito BNPL, llevarán a muchos consumidores a comprometer sumas que superan su capacidad real de repago. Este fenómeno no es meramente una cuestión de irresponsabilidad individual, sino el resultado de un sistema que fomenta el sobreendeudamiento al desligar, temporalmente, el acto de compra de la sensación inmediata de pérdida financiera.
El verdadero impacto económico se sentirá con crudeza en enero, el mes tradicionalmente conocido como la cuesta de enero. Cuando llegue el fin de los pequeños bonos o aguinaldos de diciembre y la vuelta a la rutina de ingresos fijos y bajos, los consumidores se enfrentarán al inexorable vencimiento de múltiples cuotas adquiridas a través de las tres plataformas. La masificación de estos productos implica una afectación sistémica del flujo de caja de los hogares. Si un porcentaje significativo de la base de clientes incumple con sus pagos en enero, la deuda diferida se transforma en un compromiso financiero insostenible, resultando en cargos por mora que terminan socavando aún más la ya precaria estabilidad económica del consumidor venezolano.
Para mitigar este riesgo inherente al modelo BNPL, la implementación y adopción de principios de Open Banking se vuelve fundamental. El Open Banking es una iniciativa que busca, mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), que los clientes bancarios puedan compartir sus datos financieros de forma segura y transparente con terceros proveedores de servicios financieros, siempre con su consentimiento expreso.
En el contexto venezolano, la importancia del Open Banking reside en su capacidad para romper las barreras de información que actualmente separan a la banca tradicional de las empresas Fintech. Si se estableciera un marco regulatorio que exigiera la interoperabilidad de datos, las plataformas BNPL estarían en capacidad de generar un score crediticio interno para cada cliente basado en su historial de pagos en la aplicación, la frecuencia de uso y el monto de las transacciones. Este score interno, al ser compartido y contrastado con el historial crediticio que el cliente ya posee en la banca tradicional (a través de burós de crédito regulados), permitiría una evaluación de riesgo mucho más holística y precisa.
La intención principal de este contraste es evitar que el consumidor acumule deuda de forma irresponsable en múltiples plataformas. Actualmente, una persona puede tener un buen score bancario, pero estar sobreendeudada con dos o tres aplicaciones BNPL, sin que los prestamistas tradicionales lo sepan, y viceversa. Al unificar o contrastar la información, las plataformas BNPL tendrían que limitar la exposición crediticia de un cliente cuyo score combinado indique un alto nivel de endeudamiento o una capacidad de pago insuficiente.
La Superintendencia Antimonopolios ha actuado para fomentar la competencia, un principio loable, pero la Superintendencia de Bancos y otros entes reguladores deben intervenir urgentemente. La necesidad de regulación y supervisión prudencial sobre estas empresas Fintech ya no es una opción, sino un imperativo para mitigar la formación de una burbuja de microcrédito al consumo que, al estallar, podría ahogar financieramente a miles de familias en un contexto económico que ya les exige maniobrar al límite de la subsistencia y que daría inicio a un riesgo sistémico que afectaría a los comercios en sus cuentas por cobrar y el flujo de caja para hacer frente a sus compromisos existentes.
Economista José Portillo
23-11-2025
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