La oposición venezolana denunció este lunes que los ciudadanos que acudieron a dos simulacros electorales en los últimos 30 días fueron «coaccionados».
El llamado Observatorio Contra el Fraude, creado por la oposición para vigilar los comicios en los que no participará, denunció también «amenazas» a los venezolanos.
Las personas que gozan de bonos otorgados por el Gobierno y empleados de la administración pública a fin de que participaran en los simulacros del 25 de octubre y 15 de noviembre.
Según una nota de prensa del equipo de Juan Guaidó, hubo custodia y vigilancia a las personas por parte de la milicia -un cuerpo armado compuesto por venezolanos afectos al chavismo e incluido en las Fuerzas Armadas-, así como «movilización y traslado de personas con recursos del Estado».
También se señaló que el observatorio pudo constatar «la inexistencia y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para contrarrestar la pandemia de coronavirus; el acentuado ventajismo político partidista y desconocimiento de la plantilla de candidatos».
La oposición liderada por Guaidó no participará en estos comicios por considerar que el proceso no es democrático, pues, entre otras cosas, el CNE fue escogido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por el Legislativo, como estipula la Constitución.
Como respuesta, ha llamado a sus simpatizantes a abstenerse y, en cambio, los ha convocado a una consulta para preguntarles si rechazan o no los comicios legislativos y si aprueban o no que se ejerza «toda la presión» nacional e internacional para sacar del poder al gobernante Nicolás Maduro.
La consulta, cuya fecha de comienzo estaba fijada inicialmente para el 5 de diciembre, se aplazó al día 7 y se extenderá hasta el 12 de forma digital a través de plataformas habilitadas para ello y, según ha dicho Guaidó, el mecanismo será secreto y auditable.
Para el día 12, dentro y fuera del país funcionarán los «Centros para la Consulta» con el fin de depositar la ratificación de voluntad.
