Por: Germán Rodríguez Bustamante…….
Profesor Administración Financiera ULA
En los últimos días el presidente de PDVSA, ministro de energía y petróleo, vicepresidente del área económica y vicepresidente territorial, Rafael Ramírez ha estado trabajando horas extras para conseguir financiamiento, que permita apuntalar las necesidades urgentes que presenta el país en estos momentos; la caída de las reservas; la inmensa corrupción; las deudas acumuladas con sectores de líneas aéreas, medicamentos, equipos médicos, alimentos, partes y repuestos ha colocado a uno de los máximos responsable del desastre presente, ha entregar la riqueza petrolera de los venezolanos en procesos pocos transparentes y totalmente oscuros.
Este gobierno se ha dedicado a descalificar y satanizar el proceso de apertura realizado en el gobierno del presidente Caldera, señalándola como el instrumento que permitió la profundización de la autonomía de PDVSA y de sus filiales respecto al estado, haciendo de PDVSA un estado dentro del estado; de igual manera atribuyeron su instrumentación a la presión de la globalización neoliberal que origino la reprivatización del negocio petrolero. Olvidan en esta simplificación del proceso matizado por posiciones ideológicas, que el contexto en el cual se produjo, puede volver ha presentarse.
Pareciera que la historia no alcanzo nuevamente, el país esta viviendo un momento que requiere profundas transformaciones: no solo se ha agotado el modelo económico, sino también está concluyendo un ciclo político histórico; a pesar de los altos precios, el despilfarro, la reducción de la producción y las ventas a futuro limitaban profundamente la capacidad de inversión de PDVSA con recurso de su flujo de caja. En este contexto el esfuerzo exploratorio exige una política que comparta los riesgos de la explotación futura de las inmensas reservas petroleras de Venezuela.
Dentro del proceso de apertura el Congreso aprobó, en julio de 1995, el marco de condiciones para convenios de asociaciones de explotación a riesgo y explotación mediante el esquema de ganancias compartidas en áreas nuevas. El esquema consiste en la entrega de áreas semiexplotadas a empresas privadas para su explotación a riesgo. En caso de éxito exploratorio, se formará una empresa mixta con una empresa filial de PDVSA, la cual podrá tener una participación máxima accionaria del 35%. Sin embargo, el estado, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5º de la Ley que reserva al Estado la Explotación y comercialización de los hidrocarburos, mantendrá control de las actividades a través de un Comité de Control, en el cual la empresa estatal tendrá representación mayoritaria, indistintamente de su participación accionaria.
Todos los procesos se realizaron con la aprobación del congreso de su momento soportado por leyes especiales para cada caso y en procesos licitatorios internacionales, confiriendo transparencia al mismo, este conjunto de acciones para mejorar la capacidad productora de PDVSA y sus filiales, la coloco en los más altos niveles competitivos a nivel internacional.
En estos tiempos de gestión revolucionaria la orientación de la empresa nuevamente se dirige a la renta y la distribución de la misma en programas sociales de entrega de dinero físico o mercancías, que no garantizan la generación de empleos sostenibles y el fortalecimiento de la infraestructura interna de país a todos los niveles; por otro lado la modalidad de empresas mixtas es una modalidad de privatización, en definitiva es la transferencia de acciones publicas a manos de privados, con el agravante que no hay discusiones en la Asamblea Nacional para la aprobación de leyes especiales y la definición del mecanismo de selección de los socios, a través de procesos licitatorios transparentes.
Utilizan la figura comercial de venta a futuro para obviar la Asamblea y la Ley de Crédito Publico, comprometiendo los presupuestos futuros y por ende la hipoteca de las generaciones por venir; no hay claridad entre el modelo financiero derivado del préstamo y la operación comercial de suministro de petróleo, teniendo presente que los tiempos de vencimiento de la deuda no se corresponde con los embarques de crudo, quien cubre la diferencia, situación que particularmente se presenta con China. A pesar de las criticas que podamos realizar al proceso de apertura petrolera, la misma fue realizada en condiciones de precios deprimidos, cumpliendo las exigencia de ley y brindando transparencia a los procesos de selección de las empresas interesadas, la política petrolera de Ramírez no es más que una modalidad de privatización ocultada en un exagerado patriotismo y una visión anacrónica de la función social de las empresas, recubierta por el Socialismo de Siglo XXI, que ha producido dividendos a unos pocos en detrimento de los venezolanos.
