La privatización en la transición

Por: Germán Rodríguez Bustamante

La privatización es el procedimiento y el resultado de privatizar. Esto se refiere a la transferencia de una participación accionaria pública o de una actividad administrada por el Estado a una empresa privada. La privatización produce una reducción de los gastos gubernamentales y evita las distorsiones generadas en el mercado por la participación del Estado en la actividad empresarial. En el seno de las fuerzas revolucionarias existe un prejuicio sobre el proceso, según el cual el interés privado puede no coincidir con el interés público, la realidad es que los ciudadanos terminan cancelando bienes y servicios más caros y de mala calidad. A pesar de esas reservas, la realidad es que el manejo de las empresas públicas en manos de estos incompetentes personajes, ha sido un total y absoluto fracaso. Pareciera que el interés público se convierte en un interés monetario de quienes ejercen el papel de representantes del Estado. Ejemplo de este comportamiento es el saqueo continuado de PDVSA y sus filiales, cada administración nueva es peor que la sustituida.   

La exagerada y desordenada toma de empresas, fundos y fincas por parte del régimen revolucionario, en procesos abusivos e ilegales, produjo una estructura pública de producción y prestación de servicios totalmente ineficiente. La posibilidad de transferir iniciativas empresariales en manos del Estado a capital privado, como consecuencia de su inviabilidad económica y financiera, surge como una alternativa factible para la optimización de los recursos públicos y para diversificar los riesgos financieros y comerciales. Lo cierto es que la gran mayoría, por no decir que todas las empresas públicas se han convertido en un lastre, consumiendo recursos públicos, que podrían utilizarse en mejorar infraestructura en general, gastos de salud, educación y en seguridad.

En una transición ordenada y acordada la privatización de algunas iniciativas en diferentes sectores, aparece como una acción racional para liberar al Estado de una carga, antes que las mismas se conviertan en parcelas de poder político, para continuar con el despilfarro. El aumento desmesurado de la fuerza laboral en el sector público, tanto administración pública, como empresas del Estado, no se ha traducido en un aumento proporcional de la provisión de productos y/o servicios. Este agrandamiento, y baja notable en la productividad del Estado, en conjunto con la percepción de los crecientes niveles de desvío de recursos y otras formas de corrupción apunta a que: por intención, se ha agrandado y fortalecido el Estado centralizado-corporativo-representativo, a niveles mayores que en la satanizada cuarta república, con lo cual el poder popular se convirtió en un fracaso escandaloso.

Venezuela Tierra de Gracia es la propuesta que elabora el equipo técnico de diferentes áreas de María Corina Machado, para la recuperación del país y guiarlo hacia el crecimiento, el desarrollo y la riqueza, gracias al trabajo honrado y constante de los venezolanos. Es un proyecto que viene siendo trabajado desde hace más de una década, por la líder y un equipo de asesores, se construye de abajo hacia arriba, con las visiones de sus pueblos, de sus parroquias, sus municipios, elaborado por sus habitantes, propuesto por las comunidades y desarrollado por un valioso equipo de expertos que, de manera profesional, ponen a disposición su talento, experiencia y conocimiento, para construir la Venezuela soñada.

La integración de la comunidad, se hace presente, con el deseo de transformar un nuevo Estado, al servicio del ciudadano, la creación de emprendimientos, para industrializar el campo y desarrollar la economía. La motivación para innovar, con la protección del Estado, garantizando los servicios públicos, seguridad jurídica y protección de la soberanía nacional, son pilares fundamentales que se desarrollan en el plan Venezuela Tierra de Gracia. Partiendo de tres principios fundamentales: el libre desarrollo del Individuo, que enarbola por encima de todo, la intrínseca dignidad del ser humano, como expresión firme de su propia personalidad y desarrollo; un Estado al servicio del ciudadano, donde el primero debe garantizar la vida, la libertad y la propiedad de sus individuos, con acceso a la justicia, la seguridad y servicios públicos de calidad, y finalmente, una economía de libre mercado, donde se fomente y se respete la libre competencia, se promueva los altos niveles de productividad, calidad y eficiencia de todos los bienes y servicios transados.  

En este marco una estrategia de privatización ordenada con una ley especial para garantizar el proceso es una opción viable, que asegure la participación de inversionistas nacionales e internacionales, con reglas claras para medir riesgos y retornos. Garantizando la continuidad de los servicios prestado y de los bienes ofrecidos sujetos al proceso. La experiencia de la gerencia de empresas públicas es más que evidente. El desastre en términos de resultados operativos, administrativos y financieros son visibles. Por ello hay que cortar el vínculo entre la política de cuotas y la gerencia empresarial. Tristemente en estos 25 años de revolución el color verde oliva contamino la estructura de gestión pública, incorporando militares en cargos gerenciales con muy poca capacidad intelectual y profesional. Con esas credenciales las desgracias empresariales estaban anticipadas.

La Venezuela del futuro será aquella que sea construida por los privados, en armonía con un sector público cuyo rol será la definición de políticas que tengan como sentido, la creación de riqueza dentro de un régimen de respeto a las leyes, libertades e instituciones. La privatización es una necesidad urgente para buscar el saneamiento de las cuentas fiscales y la promoción de la inversión tanto nacional como extranjera en Venezuela, en el marco de los ajustes requeridos para salir del hueco en el que estamos sumergidos. Con reglas claras y soporte legal para darle transparencia al proceso.           

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17-06-2024