El sistema universitario venezolano atraviesa una crisis sin precedentes: infraestructuras deterioradas, salarios desmantelados, deserción estudiantil y un déficit presupuestario que roza el 100%. En medio de este escenario de supervivencia, el Ministerio de Educación Universitaria puso sobre la mesa la reforma de la Ley de Universidades.
Aunque el proyecto de ley no se ha presentado de manera oficial y, en teoría, su articulado se construirá colectivamente a través de mesas de trabajo y una «gran consulta nacional», parte de la comunidad académica observa el anuncio con desconfianza. Los especialistas consultados por TalCual consideran que dicha pretensión podría legalizar el cerco que las universidades han sufrido por la vía de los hechos en los últimos años.
Para Tulio Ramírez, sociólogo y profesor universitario, el primer gran problema de esta reforma es el momento en el que se plantea. Considera que si bien la legislación vigente —promulgada en 1953 y reformada en 1972— requiere ajustes para adaptarse a los nuevos tiempos, el contexto actual no ofrece las garantías mínimas para tener esa discusión.
«No todos piensan que es el mejor momento porque estamos viviendo un momento político de transición, donde el foco está en la renovación de los poderes y las elecciones, a fin de lograr cierta normalidad democrática en el país. Si se intenta aprobar en la Asamblea Nacional que está vigente, que tiene mayoría del gobierno, allí nos pueden entrampar con un régimen electoral anti-autonómico, que violenta la Constitución», advierte.
La preocupación no es infundada. La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2009 impuso a través de su artículo 34, numeral 3, el «voto uno por uno» para la elección de autoridades, equiparando el peso del voto de profesores, estudiantes, empleados y obreros. La norma no solo contravino la autonomía estipulada en el artículo 109 de la Constitución, sino que se transformó en la vía judicial empleada para suspender las elecciones internas de varias casas de estudio.
«Hay universidades que están en deuda electoral desde hace más de 14 años, como la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) o la Universidad de Zulia (LUZ)», señala Ramírez.
Asimismo, se teme que se legalicen otros atropellos, como la eliminación de pruebas internas, asignación discrecional de cupos, la desalarización mediante la asignación de bonos a través del sistema Patria, y la equiparación de las universidades tradicionales con modelos alternativos de menor exigencia y calidad académica.
La universidad que tenemos
Además del timing de esta reforma, Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades (OBU), señala la desconexión entre la agenda del ministerio y las exigencias del gremio.
«Hemos identificado que las principales demandas en los últimos cinco años se enfocan en salarios dignos, derechos laborales, respeto al trabajo digno, el deterioro de la infraestructura universitaria, que es producto de la insuficiencia presupuestaria, y también en las providencias estudiantiles», puntualiza.
Para el Banco Mundial, una persona se encuentra en pobreza extrema si recibe tres dólares al día. Los docentes universitarios en Venezuela, incluso los que se encuentran en lo más alto del escalafón, ni siquiera alcanzan a percibir un dólar mensual. Y las bonificaciones que reciben mediante el Sistema Patria no mejoran su calidad de vida.
Según datos del OBU, 70% del personal académico debe recurrir a otros trabajos para poder alimentarse. 3 de cada 10 docentes no consumen sus tres comidas al día y en sus dietas suele primar carbohidratos procesados y poca proteína animal y vegetal.
Esta situación desencadenó una fuga masiva de talento: si en 1995 Venezuela ocupaba el quinto lugar en producción de artículos científicos en América Latina, para 2024 apenas aportó el 0,6% del total regional.
La precariedad también golpea al estudiantado. De acuerdo con Meléndez, solo el 20% de los jóvenes entre 18 y 25 años logra acceder a la educación superior. En los campus, nueve de cada 10 universidades no tienen baños funcionales, ocho de cada 10 carecen de servicio continuo de agua y siete de cada 10 operan sin internet diario, laboratorios equipados ni bibliotecas especializadas.
Sin embargo, Meléndez señala que el deterioro actual no es consecuencia directa de la legislación vigente. «El gobierno venezolano no necesitó una nueva ley de universidades para transformar el sistema de educación superior. La transformación para poder garantizar los principios fundacionales de la universidad no necesita una nueva ley, sino poner en práctica políticas públicas que den respuesta a la existente», sugiere.
Su postura coincide con la lectura de Ramírez, quien remarca que el problema de fondo no radica en la legislación actual. Aunque admite la necesidad de una actualización, el académico enfatiza que la crisis responde a una asfixia gubernamental continuada a lo largo de más de dos décadas.
«En el Ministerio de Educación Universitaria han pasado más o menos como 22 ministros. Cuando sacamos la cuenta, sale como un ministro por cada año y seis meses. Unos serán peores que otros, sí, pero es que la política ha sido la misma: cercar a la universidad, eliminar el presupuesto, restarle autonomía», asevera el profesor.
Las fallas de origen
El director del OBU señala que para que una política pública pueda tener éxito, debe contar con la legitimidad de sus beneficiarios y de los involucrados. A su juicio, el Ejecutivo actual arrastra una seria crisis de representatividad que compromete la viabilidad de una nueva norma.
«En este momento nosotros tenemos un gobierno que es el producto de un proceso electoral fraudulento, el producto de las consecuencias de una intervención directa de un gobierno extranjero, que caracterizó a lo que algunos han llamado un gobierno tutelado», destaca.
También cuestiona la legitimidad del Ministerio para la Educación Universitaria y del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Sobre este último, remarca además un impedimento jurídico, al recordar que en el texto legal vigente no se le atribuye al CNU la potestad de redactar un marco normativo.
«El propio seno del CNU está conformado por la ministra de un gobierno deslegitimado, por rectores y directivos que responden al partido gobierno en un 85%, y otros que lamentablemente no han podido ser electos desde el 2007. Y también un representante de la Asamblea Nacional, que es un ente deslegitimado actualmente en Venezuela, y una muestra de ello es como se han abierto dos asambleas nacionales», menciona Meléndez.
Por otro lado, Aula Abierta alertó que el interinato de Delcy Rodríguez mantiene una práctica de crear «reformas cosméticas que no subsanan los agravios y frente a las cuales corresponde la derogación formal», tomando como ejemplo las recientes modificaciones a la Ley contra el Odio.
Una discusión que se repite
La intención de reformar la Ley de Universidades no es nueva. En 2010, el expresidente Hugo Chávez vetó un texto de ley que ya había sido aprobado por la II Legislatura de la Asamblea Nacional (2006-2011), cediendo ante la presión de la comunidad académica y la sociedad civil. En aquel momento, los sectores universitarios denunciaron que vulneraba principios fundamentales como la autonomía, la libertad de cátedra, la pluralidad y la diversidad.
«Los académicos y las universidades se activaron. Consignaron dos proyectos. Inclusive yo estuve presente cuando fue consignado un proyecto de la Asamblea Nacional y el secretario nos dijo en la sala: ‘Yo la recibo, pero esto nunca se va a discutir’. La propuesta de Hugo Chávez y de su gobierno se introdujo también en la Asamblea Nacional y la dinámica política hizo que el propio Chávez la retirara. Luego vino un largo silencio», comentó el profesor Tulio Ramírez
¿Cómo asegurar entonces que esta vez la reforma sí llegará a buen puerto? Ricardo Ríos, viceministro de Educación Universitaria, aseveró en entrevista para TalCual que la garantía del éxito radica en que «es un debate nacional desde las bases, que va a surgir como una votación del CNU. Veo bien difícil que rechacen un proyecto con esas características».
Pero la metodología de asambleas por recinto, 24 congresos estadales y una convención nacional que agrupará a estudiantes, profesores, empleados y expertos del área, no convence. Ramírez destaca que la elaboración de una norma requiere un trabajo riguroso de técnica legislativa que puede durar unos seis meses como mínimo.
«Si tú quieres que algo no funcione, pon una mesa de diálogo. En un ambiente asambleario tú puedes filosofar sobre el principio que deberían regir una nueva ley. Pero hacer el proyecto, el articulado, no funciona de esa manera. Imagínate una mesa de trabajo donde participan más de 50 personas. Dime tú cómo lograr para acordar un artículo», enfatiza.
Frente al formato oficial, Ramírez apunta cuáles son los ejes indispensables que debería contemplar una eventual nueva ley. En primer lugar, destaca la necesidad de establecer fuentes alternativas de financiamiento que liberen a las instituciones de la dependencia absoluta del presupuesto nacional.
En segundo lugar, plantea una descentralización real del Consejo Nacional de Universidades (CNU). «No todo debería seguirse en Caracas, en un CNU que se reúne una vez cada dos meses a decidir sobre lo humano y lo divino. Yo creo que deben existir CNU regionales y uno central, que se reúna una o dos veces al año para establecer grandes políticas».
Asimismo, el profesor subraya la importancia de otorgar autonomía real a las universidades experimentales, las cuales nacieron bajo una figura temporal para ser evaluadas con el tiempo, pero han permanecido bajo intervención gubernamental y con autoridades asignadas a dedo por el ministro de turno.
Para corregir esto, Ramírez plantea la creación de un sistema de acreditación gestionado por un ente independiente —designado por el ministerio pero con carácter autónomo y objetivo— que evalúe los estándares académicos del país. Este mecanismo permitiría acompañar a las instituciones que lo requieran o cerrar aquellas que no cumplan con las expectativas.
10-11-2026
