Por: Angélica Villamizar…
La democracia no se sostiene solo con elecciones, se sostiene, fundamentalmente, con el control ciudadano sobre quienes ejercen el poder. Sin la rendición de cuentas, el voto se convierte en un acto vacío, y el poder, en un privilegio sin frenos.
Transparencia Venezuela constantemente lo ha dicho con claridad, la rendición de cuentas es “el mecanismo a través del cual los responsables de una función pública presentan los resultados efectivos de la gestión de políticas públicas y la ejecución de recursos, bienes y decisiones”. No se trata de un gesto de buena voluntad, sino de una obligación constitucional. El artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la administración pública se fundamenta, entre otros principios, en la “transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”. Sin embargo, la norma es clara, pero lamentablemente, la práctica es otra.
En Venezuela, la rendición de cuentas y el acceso a la información “son la excepción y no la regla del gobierno”, denuncia Transparencia Venezuela. Desde 2016, los venezolanos desconocen la gestión y el manejo de los recursos de la mayoría de los entes públicos. Las “memorias y cuentas” que exige la ley no se entregan, el presupuesto nacional no se presenta a la Asamblea Nacional como es el deber.
La opacidad no es un efecto colateral; es el mecanismo que permite que la corrupción florezca sin control. Y los números son elocuentes: en 2025, Venezuela obtuvo 10 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entrando en una de las calificaciones más bajas del mundo.
Si la falta de rendición de cuentas es grave en sí misma, resulta insultante cuando quienes han gobernado en la opacidad pretenden, además, perpetuarse en el poder. No se puede aspirar a dirigir un país y ninguna institución pública, si no se está dispuesto a explicar cómo se han administrado sus recursos, qué se ha hecho con el dinero de los ciudadanos y por qué las promesas de campaña no se cumplieron.
La rendición de cuentas es “la obligación que tiene el funcionario público de responder por una responsabilidad conferida y de explicar las decisiones tomadas”. Es el mecanismo que permite “transparentar y establecer la debida responsabilidad en el ejercicio del poder público”. Quien no está dispuesto a rendir cuentas no está capacitado para gobernar.
Quienes han gobernado sin transparencia, quienes han manejado los recursos públicos como si fueran propios, quienes han despreciado el derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con su dinero, no tienen derecho a pedir un nuevo voto de confianza. El primer hecho que debe exhibir cualquier aspirante al poder público es una gestión clara, documentada y verificable de su paso por el cargo.
Este deber de transparencia no puede circunscribirse únicamente al ámbito del Poder Nacional o regional, sino que debe extenderse con igual rigor a todas las instituciones del Estado, y muy particularmente, a nuestra casa de estudios superiores.
En este 2026, cuando los ulandinos somos convocados a las urnas para elegir a nuestras nuevas autoridades universitarias, la rendición de cuentas debe erigirse como el eje central e innegociable del debate electoral.
Así como repudiamos la opacidad en el gobierno central, no podemos aceptar que quienes aspiran a dirigir la Universidad de Los Andes eludan responder con claridad sobre el destino de cada bolívar del presupuesto, el uso de los bienes patrimoniales o la ejecución de los proyectos académicos.
Los ulandinos necesitamos saber, con cifras y hechos verificables, qué se hace con los recursos de nuestra alma mater, porque el saber no se construye en la oscuridad, sino en la luz de la transparencia. Exijamos cuentas a los candidatos de estos comicios, porque la rendición de cuentas en la universidad no es un trámite burocrático menor, es el mecanismo de control que nos permite defender la autonomía universitaria frente a la corrupción y garantizar que el conocimiento siga siendo un bien público y no un botín de intereses particulares.
Si callamos ante la opacidad dentro de nuestras propias aulas, estaremos replicando el mismo vicio que condenamos en la política nacional.
06-08-2026 (180-2026)
“Comunicación Continua no se hace responsable por las opiniones y conceptos emitidos por el articulista”
