La revolución bolivariana convertida en corrupción generalizada

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

La corrupción es el uso abusivo del poder para sacar beneficio económico o de otra naturaleza. En el caso político, es el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. Venezuela, en el índice de percepción de corrupción para el año 2016 elaborado por Transparencia Internacional, aparece en el último lugar en América, lo que significa que es el país más corrupto del continente, obteniendo 17 puntos de 100. En estos años de revolución la percepción de corrupción ha tendido a elevarse, llegando al ranking poco atractivo de los últimos dos años que nos ubica en los peores escaños a nivel mundial.

El populismo históricamente produce un círculo vicioso entre la corrupción y las desigualdades, construyendo una trilogía que menoscaba el desarrollo de las naciones, situación a la cual no escapa Latinoamérica y particularmente Venezuela, nación en la cual el conjunto muestra resultados escandalosos. En la medida en que el populismo crece como propuesta política para afianzarse en el poder, las instituciones renuncian a sus competencias, propiciando y permitiendo la corrupción; en consecuencia, las desigualdades sociales se profundizan. El poder Ejecutivo es dueño y señor del control de las instituciones y no existen actualmente contrapesos para evitar su actuación abusiva. Pobremente el parlamento actúa con extremas limitaciones constitucionales, derivadas de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Hablando de populismo, de acuerdo con el politólogo Jan Werner Muller: “Los populistas transforman los países en los que gobiernan. Los hacen más autoritarios. Esto ocurre cuando los populistas logran mayorías suficientes y no encuentran grandes resistencias. Por ejemplo, no cambiarán un país si entran en el gobierno en coalición como socio novel. En muchas ocasiones se ha visto que cuando partidos tradicionales optan por emular a los populistas, el resultado es negativo”. Reto al cual están sometidos actualmente los partidos fundamentales que configuran la MUD, en la coyuntura que vivimos en Venezuela en este momento de cara a un gobierno de transición.

Es fundamental detener la vinculación y complicidad entre líderes empresariales y los burócratas en posiciones de alto rango de los gobiernos; los procesos de obras públicas deben realizarse en procesos transparentes sujetos a auditorías ciudadanas. Eliminar los refugios de los funcionarios corruptos donde se esconden ayudados por la inmunidad política. Aplicar mayores controles en las instituciones bancarias, agentes inmobiliarios, vendedores de bienes de lujo y abogados que ayudan al lavado del dinero corrupto. Proscribir el uso de las compañías secretas que ocultan la identidad de los propietarios reales, de las empresas constituidas para beneficiarse de las políticas públicas. Inversión de capital político sustancial por parte de líderes del gobierno, para hacer frente a intereses atrincherados en la corrupción. Los gobiernos democráticos deben utilizar el capital de lucha en contra de la impunidad para que pueda entregar nuevamente la promesa de proporcionar igualdad de oportunidad para todos los ciudadanos. La lucha en contra de la corrupción se logra con instituciones autónomas, información transparente y un poder judicial independiente del poder político.

En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos medios de comunicación mundiales, se han producido numerosos casos de corrupción política. Esto viene a demostrar no sólo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes, sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para este fenómeno y de una reforma política generalizada. En Venezuela, en el año 2016, desde los “Papeles de Panamá” hasta el caso de Odebrecht existen funcionarios públicos y políticos vinculados con la trama corrupta sin que las instituciones responsables de realizar investigaciones y de impartir justicia actúen, lo que produce un manto de complicidad y consentimiento inaceptable. El primer caso reveló la actuación de una firma de abogados panameña, la cual ayudó a crear miles de empresas de maletín secretas, muchas de ellas utilizadas por políticos y funcionarios corruptos, criminales y evasores de impuestos. El segundo caso, las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos arrojó luces sobre una empresa que gastó millones de dólares en sobornar a políticos y a partidos políticos, llegando a más de 100 millones de dólares en Venezuela. Los funcionarios corruptos harán lo posible por eliminar todos los controles que puedan poner límites a su acción. La última sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ, la cual revocó la potestad de control a la Contraloría General de la República sobre los entes adscritos al Ministerio de Defensa (MD), alcanzando entre otros a las empresas militares, deja el monitoreo solo en manos de las mismas FAN, lo cual reafirma la sospecha y arroja dudas sobre el estamento militar en su posible vinculación con hechos administrativos y financieros de dudoso manejo.

Es triste señalar que ante la caída abrupta de los ingresos del país en el año 2016, lo cual condujo a limitaciones y restricciones de todo tipo asumidas por los venezolanos, la corrupción creciera a niveles de récord mundial; es decir, los buitres revolucionarios no disminuyeron su voracidad, por el contrario creció su codicia convirtiéndose en insaciable, absorbiendo el sacrificio del pueblo, el cual termina pagando con sudor, lágrimas y sangre.

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