Por: Antonio José Monagas…
Ante tanta impudicia, desvergüenza y corrupción, el país político no se sorprende de la reacción de una población razonadamente encolerizada.
En el marco de la crisis política que sacude a Venezuela, resulta pertinente y necesario destacar lo que ha tenido lugar en las calles y avenidas de las principales ciudades y poblaciones del país en lo que va del mes de abril de 2017. La efervescencia política alcanzó límites sin precedente, lo cual hace pensar que estas contingencias pudieran ser expresión de lo que en teoría política se denomina: la construcción político-social de ciudadanía. Sin embargo, por otro lado, los hechos dejan ver rasgos que bien pudieran advertir procesos de concienciación política determinados, desde luego, por las actuales circunstancias. Más, cuando lo que está ocurriendo a nivel de calle puede traducirse también como hechos de protestas que resumen un comportamiento propio del funcionamiento de una cultura política democrática.
Desde un principio, el Poder Ejecutivo, comenzó a actuar sin mayores contemplaciones en contra de aspiraciones que formaron parte del abanico de expectativas coincidentes con la oferta electoral que configuró el programa de gobierno del cual se valió el equipo político triunfador para consolidar su arribo al poder. No sólo en 1998. También en 2006 y 2013. Es decir, actuó exento de consideraciones que enfocaran el problema de la ciudadanía desde un enfoque debidamente centrado en la comprensión cabal de los problemas que afectaban social y culturalmente, tanto como económica y políticamente a la población.
Fue así como el país político comenzó a ser testigo de aireados y descarnados reclamos elevados a lo largo de marchas convocadas por actores políticos y factores de la oposición política cuyos llamados fueron claras demostraciones de su fuerza de convocatoria desde el mismo momento en que se estrenaba el gobierno militarista. Pudiera decirse que desde entonces, comenzó a perfilarse una categoría política formada por ciudadanos no conformes con las medidas gubernamentales distanciadas sobremanera de compromisos adquiridos. Particularmente por ser adoptadas bajo la premura de criterios improvisados lo cual devino en graves contrariedades que se transformaron en razón de desencuentros y conflictos de acentuada reciedumbre.
Quizás fue umbral de decepciones, agobios e indignaciones. Cada sexenio se asumió sin que el gobernante se compadeciera abiertamente de ingentes carencias que daban cuenta de cuestionadas situaciones que hablaban del retraso político que dio paso a que se acumularan problemas y se distorsionaran condiciones que terminaron ahondando la crisis de Estado que ya venía forjándose. Así, se desdibujo todo el cifrado de promesas electorales que fueron disfrazadas de “democracia participativa y protagónica” por la novel Constitución de 1999.
En medio de tan críticos escenarios, fue emergiendo un repudio generalizado hacia un gobierno que comenzó a desconocer su propia letra. Más, cuando la figura de “gobierno cívico-militar” desencadenó una serie de ilegalidades que traspasaron los límites del civismo, del respeto y la tolerancia. Su comportamiento mostraba un perfil de arbitrariedad, hostilidad y un despotismo azuzado por la más ruin injusticia. Fueron causas para que se incitara toda una población cuya heterogeneidad social, cultural, económica y política no tuviera parangón con lo que hasta ahora pudo enervarse. El hartazgo de grupos y comunidades excluidos de los beneficios a los que invitaba un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” afanado en regirse por valores de vida, de libertad, de igualdad y de solidaridad y, en general, “por la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, exasperó las masas populares.
Fue motivo para demostrar la inconformidad de la sociedad venezolana ante un régimen que permitió, con la más grosera impunidad, la concentración de la riqueza en las manos de gobernantes, pusilánimes colaboradores y aduladores, así como de serviles y delincuentes de “cabeza roja”. Sumado a esto, la complicidad del alto mando militar cuyo sentido del “pretorianismo” le indujo actuar a la orden de intereses políticos que determinaran el aprovechamiento de todo cuanto engrosara apetencias de todo género. Precisamente, en el fragor de tanta consternación, la moral colectiva de un pueblo defraudado optó por reconquistar los espacios políticos en los que la democracia sabe pronunciarse de cara a ingentes reivindicaciones para gloria de libertades y derechos humanos cuya esencia dará el impulso a revertir los desgarros y encierros a los que ha conducido una gestión gubernamental que en aras de sus patrañas, cayó en el plano de cual desfachatada tiranía. Por eso, esta rebeldía de una sociedad hastiada de tal grado de impudicia, desvergüenza y corrupción. Por eso es que el país no se sorprende de la reacción de una población razonadamente encolerizada. Es ciertamente, una rebelión. Es la sublevación de los indignados.
“La indignación que induce el ejercicio de una política cargada de alevosía, humillación y barbarie, es la mejor manera para concienciar al iluso de la vergüenza necesaria para que proceda a protestar la actitud y talante de quien, desde el gobierno, se desempeña cual soberbio, corrupto e impúdico tirano”
AJMonagas
