COMUNICADO
Tertulia De Los Martes, fundado y coordinado por los ex Rectores de la Universidad de Los Andes que suscriben el presente documento, con el aval unánime de los asistentes a la reunión de hoy, comunica a la opinión pública su posición ante los sorpresivos resultados electorales, del pasado domingo 15 de octubre, para elegir los Gobernadores de 23 estados del País, así como ante el reto lanzado por el presidente de la República, de revisar acta por acta los resultados de cada uno de los centros de votación y las consecuencias políticas que se desprenden de tales hechos.
VALORACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL:
Un proceso electoral se considera transparente cuando se cumplen todos y cada uno de los requisitos legales que garantizan la expresión de voluntad del elector, sin trabas ni ventajismos de ninguna especie. Un fraude no solo puede cometerse en las urnas y en el acto de votación, sino que también puede ocurrir durante cualquier etapa del proceso. En la elección de Gobernadores convocada por el Consejo Nacional Electoral, hemos analizado una serie de elementos que conforman una matriz de irregularidades que oscurecen la transparencia de la elección. Hemos dividido los mismos en 1) Irregularidades en la convocatoria del proceso y decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras instancias de los Poderes Públicos, previas al acto de votación; 2) Irregularidades durante el Acto de Votación del día 15 de octubre y 3) Irregularidades posteriores al escrutinio, totalización, publicación de los resultados y toma de posesión de los ganadores. Nos referiremos fundamentalmente al Estado Mérida pero este análisis puede ser aplicado a cualquier otro estado del país.
1. Irregularidades en la convocatoria del proceso y decisiones del CNE y otras instancias de los Poderes Públicos, previas al acto de votación: 1.1. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no fue elegido por la Asamblea Nacional como lo ordena el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sino por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Surge la duda que por esas circunstancias pueda garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad y transparencia de los procesos electorales exigida por la Constitución, por cuanto la gran mayoría de sus integrantes, inmediatamente antes de su nombramiento, eran funcionarios públicos en altos cargos o Diputados a la Asamblea Nacional representando al Partido de Gobierno. 1.2. El Consejo Nacional Electoral (CNE) incumplió el mandato constitucional de convocar las elecciones de Gobernadores en Diciembre de 2.016. 1.3. El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó de manera irregular el proceso electoral, y entre las anormalidades, no presentó el cronograma exigido por la Ley, el mismo día de la convocatoria sino 28 días después. Vulneró la Ley Orgánica de procesos electorales, al no incluir el lapso de sustitución de candidaturas y por el plazo perentorio de solo 3 días para la postulación de los candidatos 1.4. El Régimen, seguramente con el objetivo de estimular la abstención, organizó una campaña publicitaria para informar que la convocatoria había sido de la Asamblea Nacional Constituyente. Dicho organismo no tiene legitimidad de origen por no cumplir su convocatoria con lo dispuesto en la Constitución pues solo puede ser convocada por decisión expresa del pueblo. No tiene legitimidad de desempeño por cuanto se ha tomado atribuciones diferentes a la prevista en el texto Constitucional que le establece, como única atribución, elaborar un proyecto de nueva Constitución para ser sometido a referéndum aprobatorio. Estas razones han derivado en su desconocimiento por parte de la mayoría nacional y de la comunidad internacional. 1.5. Previo a la convocatoria del proceso electoral ya se conocía que la tarjeta de la UNIDAD, que ha permitido la unificación de la oposición, había sido eliminada en seis estados y se temía que igual ocurriría en el resto del país. Asimismo el CNE aprobó la decisión de no utilizar tinta indeleble en este proceso, decisión que favorece la posibilidad del voto fraudulento múltiple. 1.6. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no determinó un lapso para la inscripción de nuevos votantes y utilizó un Registro Electoral Permanente (REP) antiguo. Este REP excluyó a jóvenes que ya habían cumplido la edad para sufragar y no se lo permitieron. 1.7. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no realizó el sorteo público de los miembros de mesa que estipulan los Reglamentos y pocos se enteraron quienes eran los principales y suplentes, permitiendo su sustitución por afectos al Régimen. A numerosos miembros de mesa se les negó sus credenciales con el argumento de no haber participado en la elección del 30 julio (ANC). El CNE tampoco realizó el sorteo público y automatizado de las Juntas Regionales. 1.8. Las Juntas Municipales designadas actuaron arbitrariamente y en numerosos casos se negaron a emitir credenciales a quienes realizaron los talleres de formación de testigos y miembros de mesa y emitieron credenciales de “miembros de mesa accidentales” a los partidarios del candidato del régimen y los negaron a los opositores. Asimismo retardaron la emisión de credenciales de testigos, que impidieron a muchísimos participar en el acto de instalación de las mesas e incluso el Plan República no les permitió la entrada al Centro de Votación. 1.9. Al no incluirse en la convocatoria el cronograma electoral permitió ilegalmente al CNE impedir la sustitución de candidaturas, manteniendo un silencio total ante las solicitudes de quienes no resultaron ganadores en las elecciones primarias de la Oposición y solo respondieron cuando faltaba muy poco tiempo para concluir el plazo. Está decisión fue simultanea con el aval de una decisión de la Sala Electoral del TSJ, después de la inhibición de la Sala Constitucional. Por tal motivo no se pudo realizar la sustitución de candidaturas y se impidió sumar, a favor de los candidatos de la oposición que resultaron ganadores en las elecciones primarias, los votos de los que no ganaron las primarias pero no fueron eliminados del tarjetón electoral aun cuando ya no estaban compitiendo, modificándose así lo que había sido una tradición en Venezuela. 1.10. Unas de las irregularidades mas importantes y que alcanzó cifras muy elevadas en los estados Mérida y Miranda fueron las decisiones del CNE, tomadas durante los cuatro días previos a la elección e incluso horas antes, de reubicar numerosos centros electorales, en Mega Centros, sin capacidad para recibir con comodidad y seguridad, al elevado número de votantes que le fueron asignados. Además reubicó Centros en lugares lejanos de los Centros de Votación originales, e incluso en zonas de difícil acceso, con estrechas vías de comunicación que dificultaban la asistencia de los electores por los peligros que corrían quienes desconocían las zonas donde fueron enviados. 1.11. El argumento utilizado por el CNE, para la reubicación de más de CIENTO VEINTINUEVE MIL (129.000) votantes en el estado Mérida fue el de una supuesta inseguridad en los Centros Electorales originarios, cuando es público y notorio que se realizó la reubicación de solo aquellos Centros donde la oposición, en elecciones anteriores, logró el triunfo con inmensa mayoría de votos, pero no se hizo lo mismo con Centros situados en la misma zona, donde las cifras favorecieron a candidatos apoyados por el Régimen. 1.12. Como un ejemplo, para quienes viven o conocen a Mérida, el Centro de Convenciones Mucumbarila, situado en las adyacencias del Barrio La Milagrosa, se constituyó en un Mega Centro para TREINTA MIL NOVENTA ELECTORES (30.090) procedentes de las Parroquias Milla, Arias, Mariano Picón Salas y Caracciolo Parra, que incluía los Centros situados en la Avenida Universidad, Plaza de Milla y sus alrededores, Plaza del Espejo y sus alrededores y del sur de la ciudad, donde NUNCA ocurrió hecho de violencia alguno, que justificara su reubicación. Solo se trató de un recurso ilegal, peligroso y criminal para comprometer el libre ejercicio del derecho al voto y por ende la limpieza del proceso, como se demostró con las colas de electores mas largas jamás vistas en un proceso electoral , en la historia de Mérida. 1.13. Los electores de la Avenida Las Américas de los Centros situados en el Colegio Monseñor Silva y frente al terminal de pasajeros y otros, fueron enviados a votar en la Escuela Básica 16 de Septiembre situada, a varios kilómetros de distancia del Centro original, en la vía muy angosta que conduce del Barrio Chama a la población de El Morro. Esta zona se congestionó de tal manera, que obligó a los electores a caminar varias cuadras para llegar al Centro de Votación, sumando muchos obstáculos especialmente para los enfermos y las personas de la tercera edad. 1.14. El CNE informó la reubicación de varios Centros de Votación a los cuales acudieron los electores, encontrándose con la sorpresa de haber sido nuevamente reubicados en otro lugar más lejano. Un ejemplo, un grupo de electores de Centros originales de la ciudad, fueron reubicados a mas de cinco kilómetros de distancia en el Barrio Los Periodistas en San Jacinto, pero al llegar al sitio se encontraron con la información de haber sido nuevamente reubicados en la Universidad de La Seguridad en el Barrio Los Curos a mas de 14 kilómetros de distancia del mismo. 1.15. En el Municipio Campo Elías todos los Centros con mayoría opositora de la ciudad de Ejido, fueron reubicados para votar en el Barrio La Ranchería, en el Barrio San Miguel y en el Salado Alto, lugares con inmensas dificultades para el traslado y seguridad de los electores. Igual ocurrió en El Vigía, Municipio Alberto Adriani y siempre con el mismo argumento. 1.16. Se observó también en el lapso pre votación la falta de información confiable por parte del CNE en su oficina regional, pues en muchos casos carecían de ella, y en otros casos recibían ordenes y contra ordenes de su sede nacional. A pesar de la buena disposición del responsable regional para suministrar la información requerida, a los representantes de los candidatos opositores les fue imposible lograrla oficialmente, lo que se tradujo en algunas sorpresas por decisiones que se conocieron en momentos cuando ya era imposible actuar, por el retardo en el suministro oficial de la información. 1.17. El escandaloso uso de los medios de comunicación públicos y privados para promocionar a los candidatos oficialistas, mediante cadenas televisivas y radiales repetidas y de larga duración y los mensajes oficiales obligatorios para su difusión por los medios privados, incumpliendo la regulación de los tiempos de propaganda, establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias que garantizan el equilibrio de la propaganda entre los competidores. 1.18. La campaña electoral desmedida que realizaron los candidatos oficialistas participando junto a Ministros y Gobernadores en casi todas las inauguraciones de obras públicas y en la entrega de aportes y dádivas del gobierno a las comunidades. Además de utilizar vehículos, transportes aéreos y otros recursos de dependencias oficiales a lo largo de su campaña. 1.19. Los obstáculos que se le colocaron a los lideres políticos nacionales de la oposición, para trasladarse al interior y participar en las campañas de sus candidatos a Gobernador. Estos obstáculos incluyen la prohibición de venderles pasajes para viajar en las líneas aéreas nacionales; las detenciones y requisas profundas en alcabalas de la Guardia Nacional que les impedían cumplir los compromisos adquiridos además de los atentados y agresiones que sufrieron por parte de colectivos en las carreteras del país. 1.20. Los principios generales que rigen en los países democráticos señalan que todas las medidas que se tomen en un proceso electoral, deben ser dirigidas a facilitar el ejercicio del derecho ciudadano al voto. En Venezuela, ocurrió todo lo contrario, el Régimen con la participación de Instituciones del Poder Público que incluye el CNE, TSJ, la Guardia Nacional Bolivariana, el Plan República y el equipo publicitario del Gobierno hicieron todos los esfuerzos y utilizaron todas las argucias legales e ilegales para obstaculizar este derecho ciudadano.
2. IRREGULARIDADES DURANTE EL ACTO DE VOTACIÓN: Además de las irregularidades y obstáculos ya narrados para el traslado a los centros de votación reubicados y de las colas de votantes mas largas en la historia de elecciones en nuestro estado, debemos señalar los siguientes: 2.1. Retardo en la instalación de algunas mesas por obstáculos presentados, entre otros, impedir ejercer el ejercicio de sus funciones a algunos presidentes de mesa, aunado a las dificultades para miembros de mesa y testigos para obtener sus credenciales. En muchos casos, los encargados del Plan República se negaron a reconocer la validez de los credenciales y no les permitieron la entrada a los Centros de Votación para impedirles estar presente al inicio del acto de votación y ser sustituidos. En otros casos expulsados de los Centros de Votación. 2.2. Se observó en algunos centros y especialmente en los Mega Centros una operación morrocoy que se repetía cada cierto tiempo y obstaculizaba el proceso. 2.3. Algunos votantes fueron asaltados y agredidos en su traslado al Centro de Votación de La Ranchería de Ejido, donde también fueron amenazados por grupos colectivos armados quienes portaban armas en forma muy visible, bajo la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad del Estado y del Plan República. Los dirigentes de la oposición trataron de presentar la denuncia de estos hechos ante el General responsable del Plan Republica, pero él se negó a recibirlos y ellos dejaron constancia escrita en el CNE. 2.4. En varios Centro de Votación y especialmente al final de la tarde, fueron lanzados morteros y bombas lacrimógenas, con el fin de atemorizar a los testigos de la oposición para que se retiraran de las mesas de votación. 2.5. En los Mega Centros de Votación se organizó, para la entrada de todos los Centros reubicados, una sola cola para la tercera edad y una sola cola para el resto de los votantes, lo que obstruía el ingreso de votantes de aquellos centros donde no había nadie en espera y se lograba así un retardo premeditado de la votación. 2.6. En algunos Centros fallaron las maquinas de votación y no fueron sustituidas en tiempo perentorio, provocando prolongados lapsos de interrupción de la votación. 2.7. En algunos Centros los observadores de la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, que había sido una de las muy pocas autorizadas por el CNE, se les impidió la entrada o fueron expulsados de los mismos, desconociéndoles sus credenciales. 2.8. Especialmente en Centros de una sola mesa se observó como presidentes de la mesa y coordinadores de Centros participaron como acompañantes de electores y cuando testigos protestaron fueron amenazados y en otros casos expulsados del Centro. Igual sucedió cuando a algunos electores se les permitió sufragar sin presentar su cédula de identidad, usando como identificación el llamado carnet de la patria. 2.9. En algunos Centros se impidió con violencia el cierre de las mesas a pesar de haber concluido el lapso de votación y no existir electores en la cola y en algunos otros se expulsó con violencia a testigos en el momento del cierre de la mesa. En numerosos Centros de Votación, el escrutinio y auditoria posterior no fueron actos públicos como establece la Ley, pues no se permitía la entrada de quienes allí habían sufragado.
3. IRREGULARIDADES POSTERIORES AL ESCRUTINIO, TOTALIZACIÓN, PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS GANADORES. 3.1. Existió retraso en la publicación de los resultados electorales, mesa por mesa, en la pagina Web del CNE, que impidió realizar la confrontación rápida con las actas en poder de los testigos. 3.2. En el caso de la Gobernación del estado Bolívar, se realizó, en horas de madrugada, una proclamación del candidato oficialista, aun cuando el candidato de la oposición presentó el 100% de las actas de escrutinio que mostraba un resultado diferente al anunciado. 3.3. La ex ministra Iris Varela anuncia la investigación, sobre la nacionalidad de la gobernadora electa del Táchira, por considerar que incumple con los requisitos para ser candidata y por ende para ejercer el cargo. 3.4. El vocero de la gobernación de Mérida, Luis Pino, anunció que introdujo ante el Fiscal Superior del Estado Mérida una solicitud para dejar sin efecto el proceso electoral en este estado y que el CNE hiciera el llamado para una nueva elección, por supuestos delitos cometidos por el gobernador electo. 3.5. El Presidente anunció la designación del candidato oficialista a la reelección y perdedor en el estado Táchira, como vice ministro de un nuevo despacho de fronteras, que asume la mayoría de las funciones asignadas al gobernador del estado Táchira. 3.6. Las amenazas, ya a punto de ejecución, de despojar a las Gobernaciones de los cuerpos de policías estadales y pasarlas a depender de la policía nacional, así como el despojo de la responsabilidad de los Gobernadores en la administración de aeropuertos y empresas estadales para pasarlas a nivel central de la administración pública, deja a los Gobernadores reducidos casi totalmente de sus funciones convertidos solo en administradores de recursos que apenas alcanzan para pagar la inmensa nomina de empleados estadales. En contraste el Presidente de la República asignó al Gobernador oficialista de Miranda, nuevas competencias y recursos que hasta este momento estaban en manos de la administración central. 3.7. Si agregamos las amenazas que se ciernen sobre los Gobernadores de ser destituidos o apresados si en su territorio ocurren protestas, que el Régimen califica de actividades terroristas y con la experiencia que se tiene en Mérida con las medidas aplicadas a los Alcaldes de los Municipios Libertador (Mérida) y Campo Elías (Ejido), quienes actualmente se encuentran en el exilio, podemos afirmar que se realiza una campaña de amedrentamiento contra los Gobernadores de oposición elegidos por el pueblo. 3.8. Finalmente ocurrió la amenaza a los candidatos electos con desconocer su victoria si no acudían a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aun cuando el marco legal vigente establece que son los Consejos Legislativos Estadales los organismos ante los cuáles debe producirse esta juramentación. Quienes consideramos que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene legitimidad de origen y solo fue elegida en forma ilegal por el partido del Régimen, nos unimos al amplio sector que no esta de acuerdo con el reconocimiento por parte de los Gobernadores electos al juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente cuya existencia es desconocida por la vigente y legal Asamblea Nacional y por amplios sectores del País y Gobiernos del mundo. Consideramos además que la negativa de los Consejos Legislativos Estadales de juramentarlos, como está establecido en la Constitución Nacional, se convierte en un golpe al estado de derecho y a la democracia.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Después de este análisis, comparado con los hechos ocurridos a lo largo y ancho del país, podemos llegar a la conclusión que en este proceso electoral han ocurrido una serie de irregularidades y delitos electorales, que no pueden ser atribuidos solo a la casualidad, a la ignorancia, o a la actitud agresiva de algunos encargados de hacer cumplir la Ley y Reglamentos que rigen los procesos electorales, sino que por el contrario se trata de hechos suficientemente pensados y orquestados, desde el principio hasta el final del proceso, destinados a violentar la voluntad ciudadana. En este proceso ocurrieron tal cantidad y variedad de vicios que superan ampliamente todos los ocurridos en elecciones anteriores y que además contaron con la anuencia, por acción o por omisión, de instancias del Poder Público Nacional, que incluyen al Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Plan República, Consejos Legislativos, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales del país, que en lugar de cumplir con la Constitución y las Leyes, prefirieron participar en la vulneración de los derechos ciudadanos. En consecuencia recomendamos al Gobernador que elegimos los merideños, Dr. Ramón Guevara Jaimes, NO juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente por las razones de ilegalidad antes señaladas. Y en el caso de que el Consejo Legislativo del Estado Mérida se niegue a juramentarlo, hacerlo ante el Juez competente. Consideramos que tienen razón quienes piensan que en Venezuela ocurrió un fraude sistematizado o Fraude Sistémico.
En Mérida a los 18 días del mes de Octubre del 2017
José Mendoza Angulo
Néstor López Rodríguez
Miguel Rodríguez V
Genry Vargas Contreras
