Por: Angélica Villamizar…
En las sociedades democráticas contemporáneas, la transparencia de la información pública se erige como un pilar fundamental del contrato social. Los datos oficiales —sobre economía, salud, educación y seguridad— no son simplemente números en un informe; constituyen el termómetro que mide la salud de una nación y la brújula que orienta sus políticas. Son la materialización del derecho a saber, un principio esencial que permite a la ciudadanía evaluar la gestión de sus gobernantes y participar de manera informada en la vida pública.
La norma en un Estado de Derecho es clara, las instituciones están obligadas a producir, publicar y garantizar el acceso a datos estadísticos confiables, oportunos y metodológicamente sólidos. Este compromiso con la transparencia no es una mera formalidad administrativa, sino un mecanismo de rendición de cuentas que fortalece la confianza en las instituciones y dota de legitimidad a la acción de gobierno. La periodicidad, la accesibilidad y la integridad de la información son, por tanto, señales inequívocas de madurez democrática.
Sin embargo, en contextos donde la democracia se encuentra amenazada, este principio sufre un sistemático y deliberado quebrantamiento. La opacidad deja de ser una falla para convertirse en una estrategia. La supresión, distorsión o retención prolongada de cifras oficiales emerge como un instrumento de control político. Un gobierno que oculta las estadísticas sobre pobreza, salud o seguridad busca, precisamente, eludir el escrutinio sobre las consecuencias de sus políticas. Al privar a la sociedad de los indicadores que reflejan su realidad, intenta controlar la narrativa pública, minimizar las crisis y evadir su responsabilidad. La ausencia de datos se convierte así en un velo que oculta el fracaso y en un muro que protege al poder de la demanda social.
Esta violación del derecho a saber tiene un impacto corrosivo y de largo alcance. Uno de los más graves recae sobre la comunidad académica y científica. Los investigadores se encuentran ante una paradoja insalvable, no pueden analizar lo que no existe o lo que ha sido deliberadamente distorsionado. La imposibilidad de acceder a datos primarios y oficiales invalida la posibilidad de realizar diagnósticos precisos, anula la capacidad de proponer soluciones basadas en evidencia y condena a la academia a una irrelevancia forzada.
Un país que silencia sus cifras es, en consecuencia, un país que sabotea su propio futuro, al privarse de la inteligencia colectiva necesaria para entender y superar sus desafíos.
La defensa de la transparencia estadística es, en esencia, la defensa de la democracia misma. Exigir la publicación rigurosa de los datos es exigir verificación frente al relato, realidad frente a la propaganda y derechos frente a la arbitrariedad. Es un reclamo por restituir las herramientas que permiten a una sociedad ejercer su soberanía de manera informada. Donde las cifras callan, la arbitrariedad gobierna; donde fluyen con libertad, la ciudadanía puede, al fin, construir su destino con los pies firmes sobre la tierra de la verdad.
09-10-2025 (149-2025)
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