Por: German Rodriguez Bustamante…
El nuevo escenario presente en Venezuela, representa un cambio de un esquema de bloqueo, a uno de supervisión directa, donde la industria petrolera opera bajo normas y licencias de EE. UU. Esto implica una tutela directa del Departamento del Tesoro (OFAC) sobre la economía venezolana, priorizando el sector energético. Tras la captura de Maduro, Estados Unidos instrumentó con la complacencia de quienes sostienen el poder, reformas y licencias para empresas petroleras, y control sobre la comercialización de crudo reestructurando el sector hidrocarburos. En síntesis, la administración Trump busca dirigir la inversión y producción energética, limitando la participación estatal y priorizando la transición económica hacia el mercado.
Lamentablemente este esquema diseñado por los americanos no alcanza en sus beneficios a la mayoría de venezolanos. Las desigualdades estructurales en Venezuela se profundizan, mientras se avanza en una supuesta transición. Los cambios políticos y económicos, en estructuras administrativas sometidas, exacerbadas por sistemas fiscales regresivos, alta concentración de riqueza y acceso desigual a servicios básicos, son difíciles de alcanzar en lo inmediato para resolver las brechas sociales. El cambio a la democracia debe abordar con urgencia la injusta distribución de la riqueza, el país muestra una de las rupturas más altas del mundo, donde el 10 % más rico gana 50 veces más que el 10 % más pobre. Ampliando el número de pobres y reduciendo el grupo de privilegiados que tienen acceso a los ingresos de la economía. Las burbujas de confort y lujo conservan su látex, mejoradas por una recuperación económica que fortalece sus posiciones en detrimento de los asalariados.
A pesar que la tutela americana derivada de la ausencia de Maduro y las modificaciones instrumentadas, tanto del lado de la administración Trump como la administración Rodriguez, la perspectiva futura sigue con incertidumbre. Es posible un crecimiento de dos cifras este año, mientras esto se proyecta, persiste una presión inflacionaria elevada, una devaluación del bolívar cercana al 40 % en lo que va de año y en consecuencia una precarización del salario, que conduce a un desarrollo económico con exclusión. En definitiva, una recuperación desigual, las cifras pueden ser positivas pero no filtran o no llegan a los estratos más bajos, debido a fallas estructurales.
En resumen la tutela económica y financiera se traduce en que: los activos financieros venezolano en el exterior permanecen bajo la administración o vigilancia de autoridades estadounidenses hasta que se consolide una transición política definitiva; la OFAC emite licencias específicas, que autorizan operaciones en el sector petrolero y gasífero, pero bajo condiciones estrictas que determinan el destino final de los ingresos; parte de los ingresos generados por la venta de petróleo. está sujeta a mecanismos de control para garantizar que los fondos se utilicen en áreas prioritarias como ayuda humanitaria y estabilización económica, bajo la mirada de organismos internacionales y el gobierno estadounidense supuestamente y existe una fuerte presión e incentivo para que grandes corporaciones energéticas inviertan masivamente, buscando recuperar el control operativo y financiero de la producción nacional.
Pareciera que en lo geopolítico la administración logra sus objetivos desplazando la influencia de China, Rusia y otros satélites, pero los venezolanos no perciben, ni reciben el rendimiento o ventaja de las acciones adoptadas. La élite en el poder, aliados, socios y cómplices gozan de posiciones privilegiadas, para ser receptores directos de los ingresos de la tutela. Obedecer en lo político conduce a beneficiarse en lo económico y financiero. El reto es importante, para que el beneficio de la tutela financiera y el crecimiento económico llegue directamente al venezolano, debe hacerse una transición diseñando planes para transformar el control de activos en inversión social tangible. La flexibilización de las licencias de la OFAC deben permitir que las empresas petroleras retengan parte de las ganancias para reinvertir en las comunidades locales. Esto genera empleos directos e indirectos con salarios dolarizados y competitivos, reactivando el consumo interno.
En lo inmediato a través de un pacto político transparente, deben liberarse los fondos congelados en el exterior, para que sean administrados por agencias internacionales. Esto asegura que el dinero se use exclusivamente en necesidades urgentes como: rehabilitación del sistema eléctrico, hospitales y alimentación, sin pasar por la burocracia estatal. Regularizada la situación financiera bajo la tutela, el país puede reingresar a organismos como el FMI o el BID. Esto permite obtener préstamos para infraestructura vial y servicios básicos que han estado colapsados por años. Obligatoriamente para que el beneficio llegue se debe entregar cuentas claras, estableciendo mecanismos de monitoreo digital, para que el ciudadano pueda rastrear en qué se invierten los ingresos petroleros que antes eran totalmente opacos.
Para la desgracia del país, tantos años de corrupción, saqueo, pillaje, vandalismo y robo de recursos públicos, las necesidades inmediatas no pueden depender del presupuesto nacional, sino de la ejecución de fondos gestionados internacionalmente. Esto no significa que estos hechos deben ser olvidados, por el contrario deben determinarse responsabilidades y los culpables asumir las consecuencias. Justicia sin impunidad. Fondos congelados existen a nivel internacional, planes de ayuda humanitaria de la ONU también y adicionales recursos de la tutela, parte de ellos deben gotear a los bolsillos de los ciudadanos. Para ello es imprescindible un Plan de Respuesta Humanitaria Inmediato.
@germanrodri
06-04-2026
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