Por Angel José Andara…
A lo largo de más de tres décadas de labor ininterrumpida en la Universidad de los Andes, he sido testigo privilegiado de cómo las universidades venezolanas han sido, en múltiples ocasiones, la entidad que ha evitado el naufragio de los valores democráticos y la razón en medio de las tempestades políticas que han azotado a nuestro país. En el artículo anterior comenté las bases conceptuales y empíricas que permiten comprender por qué la universidad constituye un ancla institucional indispensable en los procesos de cambio político y reconstrucción nacional. Sin embargo, establecer una premisa teórica resulta insuficiente si no se traducen sus implicaciones en una agenda operativa que permita a nuestra sociedad materializar el potencial transformador de sus instituciones académicas.
Una de las funciones primordiales de la universidad en los procesos de transición radica en su capacidad para generar un fondo de profesionales capacitados que puedan ocupar posiciones estratégicas en la administración pública y en las nuevas (de así serlo) estructuras institucionales. Como señalan Linz y Stepan en su análisis clásico de las transiciones democráticas, la consolidación de un régimen democrático requiere no solo de voluntad política, sino de una masa crítica de cuadros técnicos capaces de gestionar lo público con competencia y honestidad.
La universidad, en este sentido, cumple una doble función que rara vez se reconoce en su debida dimensión. Por un lado, forma a los individuos que eventualmente ocuparán los cargos directivos del Estado; por otro, socializa a estos individuos en valores democráticos, pensamiento crítico y metodologías de análisis que resultan incompatibles con las prácticas clientelares y autoritarias que caracterizan a los regímenes en transición. Esta socialización democrática, Almond y Verba la identificaron como fundamental para la cultura cívica y ésta no ocurre de manera espontánea ni puede ser sustituida por programas de capacitación exprés diseñados para cubrir necesidades inmediatas.
La mera existencia de profesionales formados no garantiza que estos accederán a posiciones de relevancia en el Estado. Los procesos de transición enfrentan frecuentemente la tentación de premiar la lealtad política sobre la competencia técnica, reproduciendo así patrones de acción que precisamente se buscaban superar. Un proceso de reforma genuinamente comprometido con el fortalecimiento universitario debe establecer mecanismos institucionales que aseguren el reclutamiento meritocrático, protegiendo a las nuevas estructuras estatales de la colonización por intereses particulares que podrían sabotear el proceso de cambio.
Más allá de la formación de recursos humanos, la universidad tiene el potencial de convertirse en motor de desarrollo endógeno mediante la producción de conocimiento aplicable a los desafíos específicos que enfrenta la sociedad en reconstrucción. Esta función adquiere particular relevancia cuando se considera que muchos países en transición, como sería el nuestro, atraviesan simultáneamente una crisis económica que limita severamente su capacidad para importar soluciones tecnológicas y gerenciales del exterior. La investigación desarrollada localmente, adaptada a las condiciones concretas del país y orientada a resolver problemas nacionales, puede constituir un activo estratégico de primer orden para la recuperación económica y social.
La literatura sobre sistemas nacionales de innovación ha demostrado consistentemente que las universidades desempeñan roles cruciales en la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo. El modelo triple hélice conceptualiza a las universidades como una de las tres hélices que impulsan la innovación, junto con el Estado y la industria. En contextos de reconstrucción, esta configuración asume dimensiones particularmente importantes, pues permite articular esfuerzos que de otro modo permanecerían fragmentados y descoordinados. Sin embargo, la efectividad de esta función depende de condiciones institucionales que frecuentemente están ausentes en contextos de transición.
El escenario en el que las universidades desempeñan su rol de ancla del cambio ha sido profundamente transformado por la revolución digital que caracteriza las primeras décadas del siglo XXI. Esta transformación no es meramente tecnológica; implica cambios epistemológicos fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento, su producción y su difusión. Como señala el informe de la UNESCO sobre la reconceptualización de la educación hacia un bien común global, los sistemas educativos en general y la educación superior en particular enfrentan el desafío de repensar sus modelos pedagógicos, sus estructuras de gobierno y sus relaciones con la sociedad.
La digitalización plantea tanto oportunidades como riesgos. Por el lado de las oportunidades, las tecnologías de información y comunicación han permitido a la enseñanza superior escalar a poblaciones que tradicionalmente estaban excluidas, facilitan la colaboración internacional en investigación y posibilitan la construcción de redes académicas globales.
La autonomía universitaria constituye la condición de posibilidad para que las universidades puedan desempeñar efectivamente sus funciones vitales. Como argumenta Altbach en su análisis de las realidades y desafíos de la libertad académica a nivel internacional, las instituciones de educación superior son frecuentemente blanco de presiones tanto de regímenes autoritarios que buscan controlar la producción de conocimiento, como de movimientos sociales que demandan que la academia adopte posiciones políticas específicas. Ninguna de estas presiones resulta compatible con la autonomía universitaria en su sentido pleno, que requiere tanto la protección contra la interferencia estatal como la preservación de un espacio donde puedan coexistir perspectivas diversas e incluso contradictorias.
Ninguna de las funciones desempeñadas por la universidad como ancla del cambio puede materializarse sin un financiamiento adecuado, estable y no condicionado políticamente. El financiamiento universitario debe ser conceptualizado como una inversión estratégica, no como un gasto corriente. Los retornos de esta inversión, aunque difusos en el tiempo y difíciles de cuantificar en el corto plazo, son sustanciales y multidimensionales, incluyendo la formación de capital humano competitivo, la producción de conocimiento aplicable a problemas nacionales y la socialización democrática de las nuevas generaciones.
La dignificación del trabajo académico resulta igualmente crucial para el cumplimiento de esta misión. Los salarios docentes que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, la inestabilidad contractual y la ausencia de oportunidades de desarrollo profesional erosionan la capacidad de las universidades para atraer y retener a los profesionales más calificados. La proliferación de “figuras salariales” precarias ha generado una masa crítica de académicos que carecen de las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo con excelencia, comprometiendo la calidad del sistema universitario en su conjunto.
Un activo frecuentemente subestimado es la diáspora académica y científica compuesta por profesionales nacionales que han completado su formación o desarrollado sus carreras en el exterior. Esta diáspora representa un reservorio de conocimiento, conexiones internacionales y experiencias que pueden resultar de extraordinario valor para el fortalecimiento del sistema universitario nacional. La vinculación efectiva con esta diáspora requiere políticas específicas que van más allá de los llamados retóricos al retorno, incluyendo la colaboración académica internacional, la mentoría a distancia y la transferencia de conocimiento mediante estancias cortas.
Los procesos de transición política frecuentemente involucran la necesidad de abordar un pasado marcado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, injusticia social y exclusión política. La universidad puede desempeñar un papel singular como espacio donde se procesa colectivamente el pasado, se construyen narrativas compartidas y se sentaran las bases para una convivencia democrática. La experiencia internacional demuestra que las universidades pueden asumir funciones específicas en los procesos de reconciliación que son difíciles de realizar en otros espacios, produciendo conocimiento riguroso sobre el pasado y facilitando el diálogo entre sectores con memorias divergentes.
En última instancia, la universidad constituye una infraestructura institucional crítica para la reconstrucción nacional que no puede ser postergada ni subestimada. Su rol como formadora de cuadros, como productora de conocimiento, como espacio de deliberación y como catalizadora de reconciliación social la convierte en un ancla indispensable para cualquier proyecto de transformación política que aspire no solo a cambiar las estructuras de poder, sino a consolidar una nueva forma de convivencia democrática. El horizonte al que aspiramos es aquel en que la universidad sea reconocida no como un privilegio de pocos, sino como un derecho de todos; no como un espacio de reproducción de desigualdades, sino como un motor de movilidad social; no como un apéndice del poder, sino como un faro crítico que ilumina los caminos del desarrollo humano.
Referencias
Almond, G., & Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press.
Altbach, P. G. (2001). Academic freedom: International realities and challenges. Higher Education, 41(1–2), 205–219.
Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. (2009). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. UNESCO.
Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. Stanford University Press.
Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.
Habermas, J. (1981). The theory of communicative action (Vols. 1–2). Beacon Press.
Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma Press.
Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation. Johns Hopkins University Press.
O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (1986). Transitions from authoritarian rule: Prospects for democracy. Johns Hopkins University Press.
Rueschemeyer, D., Stephens, E. H., & Stephens, J. D. (1992). Capitalist development and democracy. University of Chicago Press.
Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press.
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World Bank. (2017). Higher education for development: An evaluation of the World Bank Group’s support. World Bank.
Consejero universitario ULA
Profesor de la Facultad de Ingeniería
27-01-2026
