Fortunato González Cruz
Por la calle real
La Convención Colectiva suscrita entre el ministro Calzadilla y un grupo de sindicalistas oficialistas es peor que la ley que Chávez se negó a promulgar en su momento. ¡Subastaron la Universidad por un carnaval socialista de ocho días y un bono hayaquero! Dice la ministra María Cristina Iglesias que homologa dicho acuerdo «por no ser dicha Normativa Laboral contraria a derecho y no violar normas de orden público. ¡Mentira!
En buen Derecho, no puede Calzadilla ni Telémaco Figueroa suscribir acuerdos sin tener la representación legítima de las universidades ni de los trabajadores. Tampoco pueden convenir condiciones de trabajo a espaldas de las instituciones universitarias, y mucho menos sobre cómo deben administrarse. Sólo las Universidades tienen la potestad de dictar sus normas de gobierno, funcionamiento y administración (109 Constitucional) y está consagrada la libertad sindical (art 95). Ni aunque tuviesen representación porque el régimen de gobierno de la Universidad ni de ninguna institución pueden ser objeto de pactos.
El insolente convenio suscrito entre militantes del PSUV en su cláusula 6 impone la ideología socialista «enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.» Ese plan no existe, salvo que se refiera al proyecto de Programa de Gobierno presentado por Chávez como candidato a la reelección, que no puede ser el caso puesto que no pudo tomar posesión del cargo. No obstante, los profesores tienen garantizada en el convenio la libertad de cátedra, como si esta materia pudiese ser objeto de acuerdos, pero siempre que sea socialista y deberán acudir a los consejos comunales para la validación de sus proyectos de investigación y la evaluación de sus trabajos de ascenso.
El acuerdo crea una red de 10 radios y 6 televisoras cuyas directivas no serán designadas por las autoridades universitarias sino por acuerdos entre el gobierno nacional y sus federaciones, por supuesto con una programación oficialista, socialista no transparente ni vinculada a las estructuras formales de las universidades. Debemos acabar con APULA y tal como está convenido, «constituir la Federación Única Socialista que agrupe orgánicamente a los trabajadores universitarios, así como, desarrollar y aprobar los lineamientos que permitan la fusión de los sindicatos de base en Sindicatos Unitarios de Trabajadores Universitarios Socialistas, los cuales serán parte integrante de la Federación Única Socialista. El empleador se compromete a pagar los gastos logísticos de este magno evento.» Puede uno imaginarse este «magno evento» y las palabras de los académicos Telémaco Figueroa y Nicolás Maduro.
Esta Convención es violatoria de la Constitución, de la Ley Orgánica de Educación y de la Ley de Universidades porque crea normas contrarias a la Carta Magna, usurpa las competencias de la Asamblea Nacional y de los Consejos Universitarios, pero también es un ultraje a la democracia y a la libertad, un agravio a la educación que queda desnaturalizada. A cambio de prebendas vendieron la Universidad. Es el golpe más bajo y ruin que ha sufrido la Universidad Venezolana en su historia.