En las calles de Mérida, una verdad incómoda y a la vez una sensación de incertidumbre enfrentan los merideños todos los días: después de casi cuatro años, el salario mínimo sigue siendo una cifra simbólica de 130 bolívares, un monto que la inflación y la devaluación han reducido a menos de 40 centavos de dólar mensuales.
Esta realidad, la más larga congelación salarial en casi tres décadas, no es solo un dato macroeconómico frío; es el rostro de Claudia, una trabajadora publica de la Ciudad de los Caballeros que «sobrevive» porque su ingreso no alcanza ni para las medicinas de sus hijos.
En el actual escenario de transición política y de apertura económica, la necesidad de un aumento salarial en Venezuela ha dejado de ser una demanda gremial para convertirse en una condición ineludible para la viabilidad del país. La primera urgencia del aumento salarial es rescatar la dignidad del trabajo.
Actualmente, el salario base ha sido prácticamente abolido como concepto y reemplazado por un esquema de bonos discrecionales como el «bono de Guerra Económica» y el de alimentación que suman un ingreso promedio de entre 50 y 160 dólares.
Sin embargo, estos bonos no generan derechos laborales: no inciden en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades ni pensiones. Como advierten los sindicatos agrupados en el Monitor Sindical, la «bonificación» no sustituye al salario. Un trabajador que depende de la discrecionalidad del Estado no es un trabajador con derechos plenos; es un beneficiario condicionado.
Por ello, la primera batalla no es solo por un monto mayor, sino por la «salarización» de esos ingresos, tal como propone un conjunto de Universidades la más importantes del país entre ella la Universidad de los Andes.
La magnitud de la crisis se evidencia al contrastar el ingreso con el costo de la vida. Mientras un trabajador activo, jubilado y pensionado recibe entre 50 y 160 dólares mensuales entre bono y salario respectivamente, solo la canasta alimentaria familiar oscila entre 500 y 600 dólares, en Mérida. Esta brecha es la causa de que Venezuela haya perdido el 80% de su PIB en una década y de que millones hayan emigrado.
No obstante, aumentar el salario enfrenta dilemas estructurales ineludibles. El sector privado, a través de Consecomercio, advierte que no existe capacidad para asumir un incremento bajo las reglas actuales.
El principal obstáculo es el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, que obliga a recalcular las prestaciones sociales de los últimos cuatro años con base en el último salario devengado, generando pasivos laborales impagables. Los empresarios, lejos de oponerse al aumento, han propuesto en la OIT reformar esta norma para crear las condiciones que hagan viable un incremento sin llevar a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas.
A esto se suma el gigantismo del Estado. Según datos de Transparencia Venezuela, la nómina pública supera los 5.5 millones de trabajadores, con un 80% concentrado en el sector militar. El especialista José Miguel Farías lo resume con crudeza: pretender pagar salarios dignos sin reducir un Estado sobredimensionado y clientelar no es sostenible, es garantizar el colapso fiscal.
Por ello, economistas como José Guerra proponen una vía realista: iniciar con un salario de 100 dólares e incrementarlo gradualmente hasta 120 dólares en el semestre, atado a los nuevos ingresos petroleros que genere la flexibilización de sanciones y la reforma de la Ley de Hidrocarburos .
La oportunidad que se abre con la reciente apertura petrolera no puede desperdiciarse. Los fondos soberanos anunciados por la administración de Delcy Rodríguez, provenientes de la cooperación energética con Estados Unidos, deben destinarse de manera prioritaria a reconstruir el ingreso de los trabajadores. Como bien expresó Gregorio Alfonzo en las recientes manifestaciones: «Si el ingreso petrolero va a aumentar, debe invertirse en todos los trabajadores».
Aumentar el salario no es un gesto de populismo ni una medida electoral. Es el mecanismo más efectivo para reactivar el mercado interno, devolver la confianza a la ciudadanía y honrar la deuda acumulada durante años con quienes han sostenido el país.
Un salario de 200 dólares, como proponen los sindicatos, sigue siendo bajo para los estándares regionales, pero sería el punto de quiebre para que Venezuela deje atrás la era de la supervivencia y empiece a construir la del trabajo digno.
Ha llegado el momento de que el discurso de la recuperación económica se traduzca, sin más excusas, en los bolsillos de los venezolanos.
Miguel Caballero Zerpa
18-02-2026
