La organización no gubernamental Laboratorio de Paz aseguró que cualquier inversión de largo plazo en Venezuela requiere seguridad jurídica plena a través de autoridades legítimas e instituciones confiables.
«Reconstruir Venezuela significa también recuperar instituciones confiables, controles democráticos, transparencia, tribunales independientes y autoridades cuya legitimidad provenga de la soberanía popular», afirmó en un comunicado difundido este jueves 3 de septiembre donde fijó posición sobre los acuerdos petroleros suscritos por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
En el texto, destacó la importancia de las inversiones nacionales e internacionales para la recuperación del país y para superar la emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, precisó que el problema no es que lleguen los inversionistas, sino la capacidad de garantizar su permanencia y contribución al bienestar de los venezolanos.
En este sentido, expresó su preocupación sobre las circunstancias políticas en las que se encuentra Venezuela y el interinato que ejerce Delcy Rodríguez desde el 3 de enero cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
«Cuando existen cuestionamientos fundamentales sobre el origen y duración del mandato de quienes ejercen el poder, esa incertidumbre también alcanza las decisiones y contratos que pretenden comprometer al país durante décadas», señaló la organización.
Laboratorio de Paz precisó que un contrato puede cumplir las formalidades, pero seguir teniendo una debilidad fundamental: la falta de legitimidad de las instituciones que lo hicieron posible.
La organización hizo referencia al marco normativo establecido en la Constitución el cual subraya temas como la soberanía, las características del gobierno venezolano, los límites a las funciones de los órganos del Poder Público y la usurpación de poderes, prevista en el artículo 138: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
En el caso de los acuerdos petroleros, recordó que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes del dominio público; el artículo 150 establece controles para determinados contratos de interés público, mientras el artículo 141 obliga a la Administración Pública a actuar bajo principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento a la ley.
«Los acuerdos sobre recursos estratégicos deben ser públicos, transparentes y sometidos a los controles constitucionales correspondientes. Esto no constituye un obstáculo para la inversión: es una garantía para el país y también para quienes invierten», puntualizó Laboratorio de Paz.
La organización reiteró que la realización de elección presidenciales «auténticas, competitivas y creíbles» no solo es una exigencia política, sino una condición para «disminuir la incertidumbre, recuperar confianza y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que desesperadamente necesita el país».
03-09-2026
