Laboratorio de Paz presentó este jueves el informe Cinco meses del interinato: Reconfiguración sin transición. Balance político, institucional, económico y de derechos humanos de Venezuela tras el 3E, en el que concluye que, pese a algunos cambios ocurridos desde la salida de Nicolás Maduro del poder y la instalación de una administración provisional encabezada por Delcy Rodríguez, el país no muestra avances verificables hacia una transición democrática.
La organización sostiene que la evidencia acumulada durante los primeros cinco meses del nuevo gobierno apunta más bien hacia un proceso de recomposición autoritaria y reconfiguración interna del poder.
El análisis también cuestiona la continuidad de funcionarios señalados por organismos internacionales de derechos humanos en cargos estratégicos del Estado y advierte que importantes decisiones políticas e institucionales han sido adoptadas mediante mecanismos extraordinarios o interpretaciones controvertidas de la Constitución.
Derechos humanos y espacio cívico
La organización señala que persisten causas penales abiertas, medidas cautelares y restricciones que afectan el ejercicio de libertades fundamentales. También advierte sobre la continuidad de obstáculos para el trabajo de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas.
«Los primeros cinco meses muestran una paradoja: se produjeron excarcelaciones y medidas humanitarias parciales, pero no emergieron políticas orientadas a verdad, justicia, reparación o garantías de no repetición«, indica el informe.
Laboratorio de Paz sostiene además que sectores sociales han comenzado a reincorporar la exigencia de elecciones como parte central de sus demandas.
El documento señala que trabajadores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil han retomado la agenda electoral y destaca que la demanda de un proceso presidencial libre, competitivo y verificable se ha convertido nuevamente en una de las principales reivindicaciones ciudadanas.
Ante este escenario, la organización formuló cinco recomendaciones dirigidas a la sociedad venezolana, entre ellas exigir un calendario electoral presidencial verificable, defender garantías para la participación política sin represalias, reconstruir la confianza social afectada por la represión posterior al 28 de julio de 2024, proteger los derechos de las víctimas y promover el restablecimiento de la constitucionalidad.
«Una transición democrática no puede sostenerse indefinidamente sobre mecanismos excepcionales, acuerdos políticos opacos o fórmulas que sacrifiquen la verdad y la justicia. La recuperación democrática exige legitimidad electoral, constitucionalidad, participación ciudadana y garantías efectivas de derechos humanos», concluye el documento.
04-06-2026
