Por: Angélica Villamizar…
En Mérida, las carreteras y los puentes que son la columna vertebral de la economía y la vida social de decenas de comunidades en los pueblos del sur, se desmoronan. Lo que era un problema de mantenimiento se ha convertido en una crisis de conectividad, y la respuesta más elocuente no ha venido de las instituciones, sino de las manos callosas de los propios ciudadanos, agricultores y trabajadores del campo.
Nos encontramos ante un fenómeno preocupante, la abdicación de facto de la responsabilidad estatal en materia de infraestructura básica. Los puentes que comunican a la capital con los pueblos del sur no son simples estructuras de concreto, son venas por donde circula la vida. Por ellos transita el sustento de familias enteras, las cosechas de verduras y hortalizas y otros productos del campo que deben llegar frescos a los mercados. Sin embargo, el deterioro y, en algunos casos, la destrucción parcial de estas vías, ha transformado trayectos cortos en odiseas logísticas.
Lo que antes era una hora de camino ahora se convierte en dos o tres, desgastando no solo los vehículos, sino la energía y el tiempo productivo de las personas. Por otro lado, y más grave aún, está el daño económico. Cada bache, cada desnivel en un puente dañado, es una sacudida para la carga agrícola, una merma en la calidad del producto y, en última instancia, una reducción en el ingreso de quienes ya trabajan con márgenes estrechos.
Frente a este vacío de poder, la sociedad civil ha demostrado una resiliencia admirable, pero profundamente injusta. Son los mismos campesinos, con sus recursos limitados, quienes han salido con palas, mezcla rudimentaria y maquinaria prestada para intentar rellenar huecos, apuntalar estructuras o crear desvíos peligrosos. Esta autorregulación ciudadana es un acto heroico, pero también es la constatación de un Estado ausente. Cuando la ciudadanía tiene que suplir con esfuerzo propio una obligación constitucional del gobierno, no estamos ante un acto de solidaridad comunitaria, sino ante un síntoma de falla sistémica.
La inversión pública no puede ser un privilegio geográfico. Las comunidades del sur merecen el mismo acceso a vías de comunicación dignas y seguras que cualquier otra zona. Se está poniendo en riesgo la competitividad de uno de los sectores primarios más importantes de la región. Una carretera en mal estado es un impuesto invisible que pagan los productores más pobres.
Los arreglos improvisados realizados por los ciudadanos carecen de los estudios de ingeniería y las normas de seguridad necesarias. Cada puente apuntalado de manera precaria es una potencial tragedia esperando a ocurrir. La responsabilidad de garantizar la seguridad de la infraestructura es indelegable y recae únicamente en el gobierno.
La dignidad y el esfuerzo de los ciudadanos que han tomado la pala no deben ser la solución, sino el recordatorio más potente de una deuda pendiente. No podemos construir una Mérida pujante sobre puentes rotos y carreteras abandonadas. Es hora de que el gobierno local ponga manos a la obra, no para reemplazar el esfuerzo ciudadano, sino para honrarlo cumpliendo, por fin, con su deber.
23-10-2025 (151-2025)
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