La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó los principios sobre la protección de las personas privadas de libertad, siendo acogidos por el Estado venezolano, éstos establecen la responsabilidad de los miembros, en garantizar el respeto a la integridad, dignidad y a los derechos y garantías fundamentales de las personas recluidas en prisión.
La presidenta de la ONG´s Observatorio Penal Mérida, OPEM DDHH, Sarita Montiel, indicó que, “las muertes de ciudadanos ocurridas bajo la custodia del Estado, son responsabilidad del Estado”.
El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la vida e integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, asegurando que las condiciones mínimas de reclusión sean compatibles con su dignidad.
En tal sentido, OPEM DDHH está exigiendo al Ministerio Público que inicie las investigaciones con todos los recursos necesarios que requiere el caso, en vista que ya ha sido asignada la fiscal 22 nacional, Raiza Sifontes, para que determine de manera transparente, las causas del fallecimiento de Rodolfo González, “a esta exigencia incluimos a la Defensoría del Pueblo, en quien recae cuota de responsabilidad por las condiciones y la vida de los privados de libertad”, destacó Sarita Montiel.
Indicaron las abogadas de OPEMM DDHH, que deben establecerse las responsabilidades individuales directas o indirectas.
Prensa OPEM DDHH-CNP 14.151
