Recientemente, un post publicado en la cuenta de Instagram @absolutedu planteaba una pregunta crucial: ¿Cómo desaprendemos los hábitos de la dictadura? Entre los puntos neurálgicos de su análisis destacaba el rol de las instituciones, y es precisamente allí donde resulta necesario detenerse.
La destrucción institucional en todos los poderes públicos del Estado venezolano —y, peor aún, la normalización de este fenómeno— nos obliga a reflexionar críticamente sobre el sistema en el que habitamos. Ante el panorama actual, cabe preguntarse: ¿cuáles serían los mecanismos para que los venezolanos, segmentados por grupos de edad, impulsemos un cambio de comportamiento? El reto es generacional: implica que los mayores se reeduquen, los más jóvenes se eduquen y los más pequeños incorporen nuevos hábitos ciudadanos.
Desde hace tiempo se ha enfatizado la premisa de que, sin desarrollo institucional, no existe garantía de sostenibilidad para los avances que pueda lograr cualquier gobierno. En otras palabras, la institucionalidad es el centro de la discusión sobre la gobernabilidad y el factor que condiciona el desarrollo de un país. En la definición de Douglas North, las instituciones son las “reglas del juego de una sociedad”; son normas formales e informales que permiten dar orden a la dinámica económica, disminuyendo el riesgo y la incertidumbre del sistema.
Al respecto, el estudio de la institucionalidad ha sido abordado desde diversas perspectivas del pensamiento destacando: la sociológica con autores como James March, Johan Olsen y Mark Granovetter, la histórica con Douglass North y Robert Thomas y desde la elección racional William Riker y Douglass North. Todos estos enfoques examinan los procesos de transición política por los que los Estados atraviesan continuamente, los cuales exigen una evolución de sus instituciones no solo para incentivar el mercado o diseñar políticas macroeconómicas que corrijan distorsiones, sino para sostener el tejido social.
En este sentido, el gobierno venezolano representa un caso sui generis, donde las reglas formales e informales confluyen en un complejo entramado de decisiones distorsionadas. Bajo este esquema, las leyes y normas son interpretadas e incluso ignoradas en función de intereses particulares o faccionales. Así, al gestionar trámites o buscar justicia, el ciudadano comprende que la respuesta estatal depende más de su alineación con estas redes que de sus necesidades reales, cayendo inevitablemente en la espiral del clientelismo. Como resultado de esta dinámica —sostenida durante décadas y agudizada en los últimos años—, la confianza en el Estado como garante del contrato social hobbesiano se ha quebrado. Lejos de ser un pacto racional, la relación se ha transformado en un vínculo emocional, contradictorio y expectante; una realidad que normaliza al funcionario público como una suerte de «dador de favores romanos», lo que al final, este actor pregona una igualdad discursiva en la gestión pública que en la práctica contradice drásticamente, dejando al ciudadano en la total indefensión.
Por su parte, la ciudadanía ha somatizado esta dinámica colectiva, la sumisión política o la entrega de libertades no ocurre solo en las leyes, sino que se internaliza. Y esto se manifiesta en el agotamiento mental, la desesperanza aprendida y la necesidad de «adaptarse» físicamente al entorno, donde el silencio es un mecanismo de defensa biológico y pero sobretodo psicológico. Es decir, no solo ha entregado o ha sido obligado a entregar sus libertades y derechos a cambio de la imposición de deberes despojándose de la autenticidad del ser; sino también al renunciar de emitir juicios propios y evitar la discusión pública. El ciudadano deja de ser un «actor» y pasa a ser un «espectador» pasivo, anulando la discusión y evitando emitir juicios sobre el actuar propio y ajeno rompiendo así el tejido social, volviéndose (por defecto) en individuos normalizadores de la anomia social tras la pérdida de normas morales y la desintegración social en todos los estratos sociales.
Con esta reflexión no se pretende plantear un dilema meramente existencialista ya tratado desde la época de los romanos sobre el civis romanus; sino de hacer un llamado a reeducarnos y educar desde el espacio que ocupamos en el sistema: la familia, la comunidad y la sociedad frente al sistema de gobierno que, suspendido como una espada de Damocles, nos ha llevado hasta hoy, a paralizarnos ante la obligación de dar respuesta con responsabilidad ciudadana.
Como señala la publicación de absolutedu: «Desaprender una dictadura implica volver a educarnos en convivencia, confianza, pensamiento crítico, responsabilidad ciudadana y participación». Por supuesto, en esta simbiosis democrática urge la calidad de las instituciones en todos sus poderes, estructuras y funciones. Dichos entes deben gestionar, mediante leyes y normas competentes acertadas políticas públicas capaces de generar altos niveles de confiabilidad por y para el ciudadano, promoviendo así el desarrollo político y económico del país.
Iraima Meléndez
Politóloga
iraimam@ula.ve
21-06-2026
