Hace ya un poco más de dos meses, en entrevista con el periodista Leonardo León, en su programa “La Ciudad en la Radio”, comenté que Venezuela vivía una persistente crisis económica, que se agudizó a partir de finales del año 2014. Una crisis cuyos inicios se hicieron evidentes a inicios de los años 1970 y, que, sin duda alguna, en los veinte años más recientes, se ha visto potenciada por razones políticas. Una crisis que se manifiesta en profundos problemas económicos, sociales y, que exacerba aún más las diferencias que sustentan el conflicto político. Una tragedia económica que solo se ha visto menguar cuando los precios internacionales de los hidrocarburos han alcanzado niveles altos proporcionándole al Ejecutivo Nacional venezolano la posibilidad de llevar adelante sendas políticas asistencialistas que han dado a la población cierto aire de prosperidad; pero que luego del momento de efervescencia dejan desequilibrios económicos peores.
Tal y como se expuso en aquel momento, la crisis económica venezolana ha estado marcada por un perenne y sostenido proceso inflacionario. Entre los años 1973 y 1994 el ritmo de crecimiento de los precios en Venezuela permitió hablar de una inflación galopante –tasa de inflación anual no mayor a tres dígitos-. En 1994, ante una importante crisis financiera, la tasa de inflación anual se ubicó por encima de 100 puntos porcentuales, lo que se podría denominar un episodio de alta inflación. Pero ya entrada la última cuarta parte de la segunda década del siglo XXI, la economía venezolana enfrentó los rigores de una hiperinflación –en términos estrictamente técnicos, una tasa de inflación mensual superior al 50%-.
Entre otras consecuencias, este persistente y sostenido proceso inflacionario ha carcomido hasta sus cimientos el poder adquisitivo de la moneda nacional, el Bolívar. Situación que ha contribuido al marcado empobrecimiento de la mayoría de los trabajadores del país y, en especial, a los asalariados.
Ahora bien, sobre las causas y consecuencias de la inflación ya existen abundantes explicaciones hechas por expertos nacionales e internacionales. Pero que decir acerca de las soluciones.
Es importante entender que la inflación es uno de los síntomas de la crisis económica que enfrenta Venezuela. Y siendo así, este fenómeno no perderá fuerza hasta que se resuelva, o al menos, se atenúe dicha crisis. Eso significa que es necesario llevar a cabo varias cosas en lo económico: la primera de ellas es ejecutar un plan de estabilización que permita quebrar las expectativas inflacionarias; la segunda tiene que ver con ejecutar políticas de mediano y largo plazo que contribuyan a desaparecer del entorno económico interno aquellas circunstancias que dieron origen a tales expectativas inflacionarias, en otras palabras, un programa de reformas estructurales que promuevan el crecimiento económico sostenido y que ayuden a disminuir la desigualdad.
Vamos a ocuparnos en esta ocasión del plan de estabilización. Una propuesta sobre este tema, la cual se considera coherente, viable y de elevado valor técnico es la presentada por los economistas venezolanos Luis Zambrano y Leonardo Vera, ambos profesores de la Universidad Central de Venezuela y amplios conocedores del tema.
Para estos economistas ucevistas, la economía venezolana enfrenta un cóctel catastrófico en lo económico: depresión acompañado de inflación. Por un lado, el tamaño de la economía se ha reducido en 75 a 80 puntos porcentuales y los episodios de muy alta inflación persisten. Ante ello se impone la necesidad de un programa de estabilización macroeconómico. Los objetivos del programa estarían orientados a producir un quiebre en la tasa de inflación, que se acompañe de la recuperación de la actividad económica de la calidad de vida de la población.
La política de estabilización sugerida requiere de una programación y seguimiento trimestral, con fases definidas en términos de metas fiscales, monetarias y cambiarias, así como estar en concordancia con un programa de reformas de más largo plazo. En lo fiscal, es necesario ejecutar una política activa. Dos son las áreas en las cuales se debe concentrar con preferencia el gasto del gobierno: el de las transferencias monetarias y apoyo social, así como de salud y alimentación; y, el otro, un plan de emergencia que permita levantar la destruida infraestructura en materia de servicios públicos. Ante la precaria situación del ingreso del Estado, estos gastos deben recibir un impulso inicial con financiamiento y ayuda internacional obtenido con facilidades (baja condicionalidad) y manejados de manera ágil y transparente. Estos gastos deben ejecutarse en moneda extranjera para no causar presiones en el mercado cambiario. Además, se debe reducir al mínimo el impuesto inflacionario, reestablecer la recaudación fiscal ordinaria, reducir la evasión fiscal y, dolarizar parcialmente la tributación.
En lo monetario financiero, se recomienda la regularización de un sistema monetario, una reinstitucionalización del Banco Central de Venezuela (BCV), cambiar las condiciones de la relación financiera entre Petróleos de Venezuela y el BCV, monitorear la oferta y demanda de dinero para que se ajuste a las necesidades de la economía sin caer en situaciones de exceso. Propiciar que el sistema financiero trabaje en ambas monedas (divisas y Bolívares). En lo cambiario, conviene un régimen de flotación con mínima intervención, que evite la sobrevaluación en la tasa de cambio, un mercado cambiario ágil, libre, de fácil acceso, sin fricciones, transparente y con plena información.
Al lado de estas acciones de corto plazo es necesario la ejecución de un programa de reformas estructurales de mediano y largo plazo que hagan sostenible el quiebre de la tendencia hacia la alta inflación, así como la urgente resolución del conflicto político. Este será un tema que abordaremos en próximas entregas.
Econ. Albio Márquez
Director del IIES-ULA
20-08-2023
