Límites y violaciones al derecho de acceso a la información comprometen la vida de los ciudadanos en tiempos de COVID-19

La emergencia sanitaria no debe servir de excusa para restringir las libertades civiles. Las autoridades son responsables de difundir de forma veraz y oportuna los datos relacionados con el avance y el control de la pandemia

Transparencia Venezuela, 28 de septiembre de 2020. El impacto global de la  pandemia por COVID-19 en la economía, la salud y la dinámica social de los países del mundo ha sido de proporciones catastróficas. Para hacer frente a la crisis, la mayoría de los Estados han impuesto medidas que colidan con los derechos ciudadanos a reunirse y al libre tránsito. Sin embargo, las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa, y al derecho al acceso a la información son los que generan mayor preocupación en el contexto de la emergencia sanitaria. Estas garantías no solo son claves para salvar vidas, fomentar la transparencia y la confianza en las instituciones, sino también para contribuir al desarrollo de políticas públicas para la adecuada atención y manejo de la pandemia. No obstante, en muchos países la protección de la salud ha servido para justificar las restricciones a este derecho y a otros que de él se derivan. 

Venezuela y Nicaragua son los países de América Latina con el peor manejo informativo de la emergencia sanitaria, según lo expresó en un reciente evento de Transparencia Venezuela el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edinson Lanza. El representante de la instancia internacional señaló que existe un vínculo estrecho entre el goce a la libertad de expresión e información y la garantía del acceso a la salud. De igual modo, advirtió que el limitado acceso a la información respecto a la pandemia no es exclusiva de regímenes  totalitarios, pues ocurre con frecuencia en naciones con sistemas democráticos comprometidos y debilidad institucional. 

En el caso de Venezuela, el acceso a la información pública está consagrado como un derecho constitucional que se encuentra protegido por la mayoría de los acuerdos internacionales suscritos por la nación. No obstante, la desinformación, la opacidad, la censura y la persecución contra quienes reclaman ese derecho son males preexistentes en el país y se acrecentaron durante la emergencia sanitaria. Los ciudadanos, personal de salud, periodistas e investigadores no tienen acceso a registros epidemiológicos desde hace al menos cinco años.  Tampoco hay, a disposición del público, información confiable sobre el manejo de la enfermedad, su origen y el destino de los recursos dispuestos para la compra de equipos y contrataciones. La ciudadanía desconoce a cuáles centros de salud llegan los insumos, cuántas pruebas se aplican, cuántas y cuáles instituciones las procesan, así como muchos otros elementos sin los cuales se hace imposible el trabajo de las organizaciones que se encargan de velar por el buen funcionamiento del sistema público, y por el respeto a las garantías de vida de los venezolanos. Esta realidad deja a las personas indefensas y sin capacidad para reconocer los riesgos reales de contagio y, en consecuencia, tomar las mejores decisiones para su protección.

Opacidad y corrupción 

Desde el inicio del decreto de pandemia, los capítulos regionales de Transparencia Internacional, entre ellos Transparencia Venezuela, han expresado su preocupación y alertado acerca de los riesgos de corrupción por la ausencia de información sobre el manejo de recursos para atender la crisis. “En el momento en que más información se necesita para salvar vidas, no se sabe exactamente qué pasa en muchos de nuestros países, donde la opacidad y el secreto son la norma. No hay canales de comunicación sobre las compras, contrataciones e insumos del sector sanitario, sobre la realidad del personal de salud. Además, la opacidad se ha convertido en la excusa perfecta para limitar otros derechos fundamentales”, ha declarado la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.

Es responsabilidad de las autoridades garantizar que los datos sean confiables y que se difundan de manera transparente y oportuna, ha subrayado De Freitas. Sin embargo, en el país se han impuesto la desinformación, la opacidad y la fragmentación de los discursos sobre la pandemia. La debilidad del Estado venezolano en el cumplimiento del derecho de acceso a la información se evidencia también en la persecución y las restricciones a quienes se encargan de buscarla y difundirla.  En diferentes oportunidades, la organización ha denunciado que en tiempos de pandemia han arreciado los ataques a la prensa, las restricciones a la libertad de expresión, la criminalización de la protesta y acciones de amedrentamiento contra activistas y ONG de la salud. El caso más notorio fue el de los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que recibieron amenazas a raíz del informe técnico que presentaron para evaluar los posibles escenarios ante la pandemia.

De acuerdo con la Unesco, el acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. A su vez, reconoce que este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión. “Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información”, ha dicho el organismo a propósito de la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.

No obstante, más de 5,2 millones de venezolanos no tienen acceso a las noticias, según una reciente investigación realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). El estudio señala que, de los 317 municipios del país que abarcó la consulta, solo 105 jurisdicciones tienen suficiente cobertura informativa, mientras que en 90 es limitada y las otras 122 son consideradas “desiertos de noticias moderadas”. Este fenómeno se explica por el cierre de más de 200 medios desde 2004, documentados por la Organización Espacio Público, además del creciente monopolio estatal a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), que agrupa  a un conglomerado de emisoras de radio, televisión, rotativos y multimedios. En este contexto, el Estado actúa como único vocero autorizado de los avances en el control de la pandemia y sobre las medidas de flexibilización para la reactivación de los sectores económicos del país. Expertos han advertido que la pandemia y sus consecuencias comienzan a ser utilizadas como herramientas de control social y político en medio de una situación de inestabilidad por la falta de alimentos, hiperinflación y escasez de combustible.

Tarea pendiente

Mientras que en el resto de América Latina se reporta un gran avance en la aprobación de leyes de Acceso a la Información Pública, el país requiere que se apruebe con urgencia un instrumento legal que garantice el derecho de todos los venezolanos a obtener información pública oportuna, veraz y detallada. Además, se impone la necesidad de crear un órgano que promueva la mejora en la gestión de la información pública y sancione la violación de este derecho. Este es uno de los grandes desafíos que tiene por delante la Asamblea Nacional. 

De igual modo, Transparencia Venezuela ha impulsado la implementación del Gobierno Abierto como un nuevo modelo de relación de los ciudadanos con sus autoridades y gobernantes. Se trata de abrir los canales para que la población tenga acceso a la información sobre la gestión de sus autoridades, con datos abiertos y con la tecnología necesaria, garantizando transparencia, rendición de cuentas e impulsando políticas anticorrupción.

Finalmente, la organización suscribe el llamado que ha hecho Transparencia Internacional a todos los gobiernos y autoridades públicas a que garanticen que la crisis de COVID-19 no sea utilizada como pretexto para limitar el derecho de los ciudadanos. La fecha es propicia también para recordar que la mayoría de los avances en transparencia en el mundo han sido fruto del trabajo de una ciudadanía exigente. Hoy más que nunca es más necesario que los ciudadanos se involucren más en el proceso. El derecho a saber comienza por el deber de preguntar. La ciudadanía tiene la tarea de comprometerse con la lucha para que no se obstaculice el acceso a la información, además de impulsar iniciativas para que la transparencia sea un estandarte en la nueva Venezuela.