La aprobación de la Ley de Hidrocarburos representa un avance en un marco legal e institucional que resulte atractivo y confiable para los inversionistas. Es una iniciativa que debe traducirse en reglas concretas y estables, según señalan analistas consultados.
Las condiciones para construir un nuevo andamiaje institucional en un escenario jurídico de largo alcance no se dan de forma automática, razón por la cual el progreso en las áreas claves debe quedar posicionado progresivamente en el radar petrolero.
“Diversos sectores han analizado los problemas estructurales del país y han planteado posibles soluciones. Esa discusión debe retomarse y profundizarse, sobre todo ahora que la nueva Ley de Hidrocarburos define cambios en los actores que participarán en la generación de ingresos petroleros”, expresó Carolina Pagliacci, Coordinadora del Centro de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)
Ley de Hidrocarburos sin reglamento
Considera Monaldi que la reforma de la Ley de Hidrocarburos es un buen inicio, pero “falta el reglamento, el modelo de contrato, incluso creo que el texto legal puede mejorarse. En todo caso hay que ver esa ley como un marco regulatorio de transición hasta que se consolide un esquema de hidrocarburos mucho más estructurado y más institucionalizado con una agencia regulatoria independiente ”.
Para la economista Pagliacci, “una vez que comiencen las inversiones, el tiempo para observar resultados dependerá del tipo de proyecto. En el caso de la rehabilitación de campos petroleros ya existentes, los aumentos de producción podrían alcanzarse en un plazo relativamente corto, incluso alrededor de un año. En cambio, aquellos que requieren nueva infraestructura o exploración de nuevos yacimientos suelen tener períodos de maduración mucho más largos”.
Monaldi coincide que la inversión en una primera etapa vendrá de los proyectos de ciclos cortos de 1,2 y 3 años, que tienen ya infraestructura donde solamente hay que perforar, reparar o recuperar pozos. Pero los proyectos grandes que exigen infraestructura nueva de oleoductos, tanques, desarrollo del campo, entre otros, van a tener que probablemente esperar a que haya más claridad en el entorno político
Para Monaldi, son varios los obstáculos que inciden en el área legal. “Hay aparentemente más de 30 Contratos de Participación Productiva (CPP) y la mayoría fueron dados a empresas que no son las que Estados Unidos está dispuesto a otorgarle licencia”, puntualizó el director del Programa de Energía para América Latina y Becario Wallace S. Wilson
Agencias han reportado que posiblemente muchos de estos proyectos se cancelen, pero Monaldi recuerda que representan más del 20% de la producción de Venezuela. “Entonces, hay un tema que resolver”.
A esto se suman rusos y chinos con un poco más del 20% de participación, lo que significa que 40% de la producción petrolera en Venezuela no está licenciada, indicó el experto en energía.
Luego la cuarta parte de la producción está en manos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de las empresas que sí están licenciadas como Chevron, Repsol, Maurel & Prom y ENI , “donde es más fácil porque esas corporaciones sí van a poder invertir inmediatamente, aunque con ENI faltan algunos aspectos que resolver”.
Cuantiosas Inversiones en la mira
El experto indicó que en Venezuela hay que invertir más de 100.000 millones de dólares durante casi una década para volver a los niveles de producción “pico” del país. Es decir, entre 3,7 y 4 millones de barriles.
Para lograr ese propósito allí es necesario la segunda etapa de grandes inversiones greenfields, proyectos que requieren nueva infraestructura.
Aunque en la primera etapa puede haber un desarrollo relativamente rápido de hasta 1,4, o 1,5 millones de barriles diarios en los primeros 2 o 3 años. Para 2026 solo estima, a lo sumo, un nivel de producción adicional de entre 150.000 y 200.000 barriles por día, un incremento importante, pero aún no nos lleva a los niveles del 2019.
Exxon y Conoco, de EEUU, requieren entrar en proyectos grandes y nuevos por lo que exigen mucho más claridad legal “porque invertir cientos o miles de millones de dólares con una maduración de 20 o 30 años no es una decisión fácil”.
Esa es la razón por la que estas petroleras demandan más en términos de transición política y seguridad jurídica en comparación con las que ya están adentro o que ejecutan una inversión comparativamente más pequeña.
Una pesada deuda de Pdvsa
El académico Francisco Monaldi sostiene que la industria petrolera venezolana tiene una gran deuda, que identifica en $35. 000 millones.
“En total, Venezuela tiene más de 170.000 millones de dólares de deuda y eso se paga fundamentalmente con los ingresos petroleros, independientemente que sea de la propia Pdvsa o de la República”, agregó.
Al ser consultado sobre el papel que juega Citgo, la principal filial en el extranjero de Petróleos de Venezuela, en esta historia, indicó que la decisión del Juez en EEUU pareciera estar orientada a entregársela a los acreedores, aunque el gobierno estadounidense todavía no decide dar la autorización final. “Pero si se mantuviera en manos del Estado venezolano, obviamente sería positivo para la recuperación del sector”, dijo Monaldi, quien ha sido profesor en las universidades de Columbia, Harvard, Rice, Stanford y Tufts
Instituciones sólidas y confiables
El principal desafío que enfrenta hoy Venezuela es el de recuperar instituciones sólidas y confiables para manejar adecuadamente los ingresos petroleros. Aunque el país conserva parte de la estructura institucional que desarrolló durante su historia como productor de crudo, estas instituciones deben ser rediseñadas para que funcionen mejor de lo que lo han hecho tanto en el pasado reciente como en etapas anteriores, dijo la académica Pagliacci, quien entre su línea de investigación está el desarrollo de técnicas econométricas para distinguir las fluctuaciones macroeconómicas generadas por factores de oferta y de demanda.
Alerta la analista del IESA un aspecto clave: “Evitar que los ingresos petroleros sean manejados por una sola persona o institución, siendo lo más saludable que exista una distribución clara de responsabilidades, donde distintas instituciones se encarguen de generar los ingresos, administrarlos y regular su impacto en la economía. Esta separación de funciones permite mayor control, transparencia y coordinación”.
Por ejemplo, argumenta que el Estado venezolano, a través de su empresa petrolera estatal, recibe una parte de los ingresos por su participación en las empresas que exportan petróleo. A su vez, debe decidir qué parte de esos recursos se reinvierte para sostener y aumentar la producción. Esta decisión no es sencilla y requiere tanto capacidad técnica como criterios políticos bien definidos.
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