Los destructores pretenden arreglar

Por: German Rodríguez Bustamante…

La realidad venezolana es cruel, luego de 27 años en el poder la coalición intenta convencer, que están en la disposición de arreglar lo destruido. Esta paradoja es difícil de comprender, quienes destruyeron ahora aparecen como salvadores. Desde una perspectiva ética, los causantes del desastre deberían ser los encargados de resolver, sin embargo en la práctica las destrucciones que hacen modelos políticos en las naciones, nunca son asumidas por sus gestores. En la historia y en la ciencia política, quienes desmantelan las instituciones o polarizan a la sociedad suelen carecer del incentivo o de la legitimidad para restaurar el orden. La destrucción institucional ejecutada por estos delincuentes, se expresa por el desmantelamiento de la separación de poderes, la pérdida de autonomía de los órganos y el colapso del Estado de derecho. Esta erosión ha subvertido el orden constitucional, anulado el sistema de pesos y contrapesos democráticos y consolidado un prolongado abuso de poder.

Las instituciones garantes del equilibrio democrático durante estos años han quedado subordinadas al Poder Ejecutivo, debilitando la transparencia y la rendición de cuentas pública. El esquema ha llegado al poder judicial, instrumentado por el control sostenido del sistema judicial, que ha permitido dictar sentencias que eliminan las competencias legislativas y constitucionales de otras ramas del Estado. La ausencia de un sistema de justicia independiente ha impedido castigar las violaciones a los derechos humanos, ha perpetuado la criminalización y facilitó el encarcelamiento de la disidencia política. La ineficiencia en la gestión, la ideologización y la corrupción en las estructuras públicas, han contribuido directamente al deterioro de los servicios básicos, la hiperinflación y la emergencia humanitaria que sufre la población civil, agravada en los últimos 13 años.

Es poco creíble para la población que quienes produjeron el daño, estén en capacidad de repararlo, ya que forman parte del mismo grupo político que diseñó y ejecutó el modelo que causó el colapso institucional y económico. Esto implicaría reconocer que las expropiaciones, el control de cambios y la persecución política fueron un error grave y deliberado, algo que la narrativa oficial no puede permitirse, sin que ello derive en consecuencias políticas y legales. Las reformas profundas en el poder judicial, poder moral y en el poder electoral, amenazan la continuidad del propio grupo gobernante, por lo que priorizan la supervivencia política sobre la reconstrucción estructural. Hasta el momento la tutela americana ha sido administrada por la banda, sin avanzar mucho en las reformas que permitan el camino a la transmisión y a la reparación del deterioro.

Lo concreto es que bajo la supervisión americana se ejecutan reformas económicas selectivas para estabilizar, sin hacer reformas importantes para corregir. Se realizaron reformas puntuales a las leyes de hidrocarburos y de minería, para permitir que corporaciones extranjeras inviertan y reactiven la producción, buscando generar ingresos urgentes. Lamentablemente el andamiaje sigue intacto, con lo cual las inversiones se limitan a recursos de corto plazo, que no llegan a los ciudadanos. Privatizaciones silenciosas con la entrega del control de empresas expropiadas e infraestructura abandonadas, como servicios eléctricos o plantas industriales al capital privado, revirtiendo el estatismo radical del pasado, pero en procesos oscuros con total discrecionalidad del interinato. A regañadientes promueven la liberación de algunos presos políticos, ingreso a territorio nacional de la disidencia y canales de comunicación directos con Washington, para flexibilizar sanciones, buscando legitimación financiera externa.

Este enfoque pragmático tiene límites muy claros que impiden una reconstrucción real. Mientras los tribunales sigan controlados políticamente y no exista un Estado de derecho real, los grandes capitales internacionales no invertirán a largo plazo. Las reformas económicas actuales no solucionan la crisis de los servicios públicos como: agua, salud, educación; ni tampoco detienen la precariedad salarial de la mayoría de la población. Al mantener intacta la estructura de control social y militar, no se repara la fractura democrática, dejando al país en un esquema de autoritarismo adaptado al mercado o en otras palabras a la tutela. En virtud de los hechos ocurridos el 3 de enero, la oposición y la sociedad civil venezolana atraviesan una fase de reconfiguración total. Aunque el bloque democrático goza de una inmensa legitimidad popular, carece del control directo sobre las instituciones y los recursos del Estado. En consecuencia, en una posición nula para abordar reformas importantes que conduzcan a la reparación gradual del daño.

El manifiesto de Panamá ratificó formalmente su apoyo a la hoja de ruta de tres fases propuesta por Washington, orientada a lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres. De igual manera consolidó a Maria Corina Machado como la líder opositora con mayor peso político, quien sostiene encuentros internacionales claves, para unificar los activos políticos de la disidencia. Lamentablemente las negociaciones avanzan en fases de estabilización humanitaria y económica, quedando la oposición marginada de los canales de diálogo, que Washington mantiene directamente con las autoridades interinas en Caracas. Esto produce mucha incertidumbre, pero es la administración americana quien lleva el control total y absoluto del proceso.

En resumen, las autoridades actuales pueden generar un crecimiento económico transaccional y focalizado, pero carecen de la naturaleza democrática necesaria para reparar la destrucción institucional y social del país. La imposibilidad de una recuperación estructural por parte del interinato, no es una opinión política, sino una realidad matemática, institucional y sistémica. Aunque las autoridades interinas aplican un pragmatismo de supervivencia, para mantenerse en el poder, existen límites infranqueables que les impiden reparar el daño que ellos mismos causaron.

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22-06-2026