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miércoles, noviembre 18, 2026

Los deudores de la revolución

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

 El desplome de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, especialmente del petróleo, situó a Venezuela en una posición difícil para enfrentar retos como la reducción de la pobreza, la lucha contra el hambre y garantizar la ofensiva contra las enfermedades. En la medida en que la crisis actual se acentúa, los problemas empeoran rápidamente. Lamentablemente para nuestro país no se vislumbra en el corto plazo la recuperación de los precios, con lo cual la crisis se puede profundizar aún más, esto sumado al hecho de la ausencia de medidas emergentes para mitigar los impactos por parte del gobierno revolucionario, comprometido ideológicamente y que en consecuencia difiere decisiones e implementa cojas salidas.

Los términos de intercambio del país se han deteriorado significativamente, limitando su capacidad de compra de bienes y servicios desde el extranjero, obligándolo a utilizar reservas internacionales y recortar importaciones; esto con consecuencias terribles en la salud de la nación en su conjunto, privilegiando una absurda credibilidad crediticia de los mercados de valores internacionales.

Los efectos de la crisis no se hicieron esperar en la arena política y social en el 2015: la pobreza aumentó 25 puntos para alcanzar el 73 % de los hogares, la violencia continuó su ruta ascendente robando la vida de más de 27 mil personas, los insatisfechos con el desempeño de la democracia suman una cifra superior al 70 %, porcentaje que arropa por igual a los partidos políticos.

Es urgente establecer un plan de ajuste económico, aunque el gobierno insiste tercamente en la inacción para evitar una pérdida mayor de su capital político, generando con ello consecuencias en el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Acciones en la política cambiaria y fiscal, así como pequeñas modificaciones en el marco jurídico que establezcan reglas claras para la inversión privada, podrían desacelerar la crisis.

Inexorablemente en paralelo al ajuste económico es fundamental un acuerdo político; esto es: un cambio en las relaciones entre los dos bloques políticos que dividen a Venezuela, que facilite el establecimiento de la mutua confianza y construya un horizonte en el que pueda visualizarse a corto plazo una mínima estabilidad y convivencia política pacífica.

Las consecuencias del diferimiento de medidas se expresan en el empobrecimiento brutal de la población más vulnerable, reducción del poder de compra del salario, desarrollo hiperinflacionario, desmejora de la calidad de vida de las mayorías, un valor del bolívar deshecho y un colapso total del país.

Así como las naciones no tocan fondo, los ciudadanos somos a los que nos corresponde asumir la mayor carga y sacrificios derivados de los ajustes necesarios en épocas de crisis. Una fórmula matemática que se ha revelado en toda su crudeza con la crisis y que ha suscitado la rabia de la clase media asalariada, es el hecho real que se siente en los sacrificados de la misma, duramente golpeados por las políticas de austeridad, el recorte de los servicios y las subidas de impuestos.

El régimen revolucionario en estos 17 años de gestión dilapidó la mayor cantidad de recursos manejados por gobierno alguno, calificando este periodo como “las dos décadas perdidas”. Amén de la leyenda negra que acompañan las medidas de ajuste, es urgente desmontar el intervencionismo del estado, equilibrar las cuentas fiscales y combatir la inflación; por supuesto que esto conduce a: ampliar las libertades económicas de las personas, reducciones de aranceles, eliminaciones de subsidios y medidas para estabilizar la moneda. En este marco son prioritarias las medidas sociales para mitigar los efectos de las medidas económicas en los sectores vulnerables.

La política de la distribución de la renta petrolera no es sostenible, ya que no tenemos en las condiciones actuales nada que repartir; escasamente la renta sirve únicamente para sostener precariamente el aparato de estado, es por ello que observamos los mismos niveles de desabastecimiento, escasez y racionamiento de bienes y servicios a nivel nacional.

Es necesario el diseño, discusión e implementación de medidas económicas acordadas con los dos bloques políticos en conflicto, informadas debidamente a la población, así como la cuantificación de sus impactos para precisar las acciones compensatorias para disminuir los golpes de los ajustes y comprometerse todos los actores con los venezolanos para entender, comprender y asumir los sacrificios. Esto requiere acciones ejemplarizantes para castigar a los responsables del saqueo e intentar todos los justos pasos para recuperar el botín. Situaciones como las ocurridas en el sector de El Valle, en Mérida, es ejemplo del desprecio de la familia imperial hacia todos los ciudadanos. Pidamos a dios que esta agonía no se prolongue más.

 ULA – FACES

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