Por: Germán Rodríguez Bustamante
Los devastadores terremotos del 24 de junio de 2.026, que ocurrieron en Venezuela y sus múltiples réplicas, dejaron más de 3.500 fallecidos y una crisis humanitaria sin precedentes. Las autoridades han reportado cerca de 17 millones de toneladas de escombros y unos 900.000 metros cúbicos de estructuras colapsadas solo en La Guaira, la zona más afectada. Estos residuos pretenden ser utilizados por la coalición en el poder, para enterrar las vicisitudes y dificultades previas, y las derivadas del desastre natural. Lo cierto es que el evento sísmico ha puesto en evidencia cómo una catástrofe natural puede visibilizar o, desnudar problemas estructurales preexistentes. La tragedia no solo se debe al sismo, sino a las vulnerabilidades acumuladas durante años.
Los avances alcanzados por la presión americana y los familiares de los presos políticos, desafortunadamente se paralizaron. Las condiciones se han agravado drásticamente, colocando en vulnerabilidad y desamparo a los presos políticos. La catástrofe natural ha sido utilizada por el Estado para profundizar el aislamiento, congelar las revisiones de casos y ocultar graves deterioros físicos en las cárceles. En este momento, de acuerdo a defensores de derechos humanos, reportan que al menos 372 personas continúan en prisión por motivos políticos, incluyendo 158 militares, 214 civiles y un adolescente. Sus abogados exigen medidas humanitarias urgentes ante la crisis estructural. Algunas cárceles fueron afectadas por los sismos y las réplicas continuas, ignoradas por el Estado obligando a los presos a retornar a celdas con evidentes riesgos estructurales, empeorando su condición de privados de libertad. Las condiciones de servicios fragiles previas, fueron potenciadas colocando en condiciones de riesgo de salud a los detenidos en general. Este evento produjo cuadros graves de desesperación y afectación psicológica. Muchos presos políticos perdieron familiares o viviendas durante el terremoto, y tristemente las autoridades les han negado el derecho a comunicarse de forma regular, recibir noticias de sus allegados o despedirse de sus fallecidos. La maldad y desprecio de estos personajes no tiene límites.
Por otro lado, las expectativas de una mejora salarial fue congelada pulverizando el poder adquisitivo real de los trabajadores. La emergencia nacional terminó por sepultar las exigencias gremiales, de un aumento del sueldo mínimo y agudizó la pérdida de valor del ingreso, frente al repunte de los precios. Las protestas gremiales de los primeros meses del año, pretendían lograr un ajuste salarial indexado. Sin embargo, tras el sismo, el gobierno centralizó los fondos públicos hacia la atención de la emergencia y la remoción de escombros, suspendiendo cualquier debate sobre incrementos de sueldos en el sector público. La promesa de un ajuste escalonado después del 01 de mayo, quedó sepultada por los escombros, de una política salarial criminal de quienes sostienen el poder. Para agregar mayores calamidades la devaluación del bolívar se ha acelerado de forma agresiva en el mercado oficial, acumulando una pérdida del 16,80 % de su valor desde el día del evento, hasta hoy. Tras la catástrofe, la cotización de la divisa estadounidense oficial controlada por el BCV, rompió la barrera histórica de los 700 bolívares, cotizando en 721,34 bolívares por dólar. De poco sirvió el ajuste del bono de guerra, el verdadero conflicto es el de los venezolanos asalariados, pensionados y jubilados quienes deben sobrevivir con un ingreso miserable.
Los terremotos dejaron evidencias visibles de sus efectos, en paralelo se presenta un sismo monetario del BCV, temblores que afectan el bolsillo de las familias venezolanas. El dólar es el principal baremo de la economía nacional, este salto oficial en el tipo de cambio dispara inmediatamente el costo de bienes y servicios, con salarios congelados. Quienes perciben salarios, pensiones o bonificaciones indexadas en bolívares, han visto cómo su capacidad de compra disminuye drásticamente en plena contingencia. En el mercado informal, algunas plataformas ya reportan cotizaciones de divisas mucho más elevadas, que son utilizadas para la reposición de inventarios. En conclusión, los precios pueden crecer en algunos sectores, en mayores niveles que la devaluación oficial. Las proyecciones de inflación en Venezuela para el cierre de 2.026 oscilan entre el 200 % y el 400 % anual, dependiendo de la firma económica consultada. Los análisis macroeconómicos independientes después del evento, advierten un inevitable repunte de precios debido a las distorsiones logísticas, la destrucción de comercios y la fuerte devaluación de las últimas semanas.
La catástrofe le sirvió al BCV como justificación para retrasar la publicación de las cifras oficiales de inflación y otros agregados. La presión inflacionaria seguirá, el gasto público extraordinario destinado a remover escombros y habilitar campamentos, inevitablemente inyectará una enorme masa de liquidez a la economía. Los daños estructurales en autopistas y puertos van a encarecer los fletes y la distribución de alimentos. Y la depreciación del bolívar en gestación, se trasladará directamente a los precios de los productos básicos. En este contexto, es inevitable el crecimiento de los precios de bienes y servicios.
Desafortunadamente, los escombros físicos de la catástrofe pueden sepultar construcciones, pero la historia venezolana en estos años de revolución es cruel, cada catástrofe natural que ocurre, es utilizada como un mecanismo para ocultar, justificar o desviar la atención de los errores acumulados en la política pública. En este momento, la narrativa oficial de la fuerza inevitable de la naturaleza, corre el riesgo de ser utilizada institucionalmente para encubrir fallas estructurales previas. El decreto de estado de emergencia y la centralización de los recursos bajo mandos militares, permiten suspender las auditorías tradicionales y los procesos de licitación pública, enterrando como las víctimas, las exigencias de manejo transparente, bajo la fundamentación de la urgencia humanitaria. Las metas tienen justificación para no ser alcanzadas, las promesas de cambios políticos, económicos y sociales cuenta con razón para su postergación. En resumen, los escombros sepultaron todo: víctimas que quedaron tapiadas, sobrevivientes locales y toda Venezuela, sometida a condiciones de servicios y soporte vital destruidas, no por los terremotos sino por políticas públicas deficientes y profundamente corruptas.
@germanrodri
13-07-2026
“Comunicación Continua no se hace responsable por las opiniones y conceptos emitidos por el articulista”
