Por Germán Rodríguez Bustamante
Las recientes sanciones tomadas por el gobierno americano aplicadas a empresarios colombianos, jerarcas del régimen de Maduro y a sus hijastros, productos de investigaciones realizadas sobre la trama corrupta de los CLAP, son una prueba irrefutable de la putrefacción de la Tiranía. Las sanciones para castigar la trama de corrupción alrededor de la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, fueron publicadas y alcanzaron a diez personas y trece empresas. La lista de sancionados está encabezada por Alex Saab y Álvaro Pulido, dos empresarios colombianos que han obtenido contratos con el Estado venezolano que contemplaron desde la construcción de 25.000 viviendas en Venezuela, hasta la importación de millones de cajas con alimentos para los CLAP y la venta de oro. La OFAC afirmó que Saab sobornó a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijastros de Nicolás Maduro, así como a los funcionarios públicos José Gregorio Vielma Mora y Rodolfo Marco Torres para obtener contratos sin licitaciones por miles de millones de dólares.
Investigaciones adelantadas por organismos de México, Argentina y Colombia, así como lo denunciado por la Asamblea Nacional de Venezuela, han permitido dibujar cómo ha funcionado el esquema de corrupción trazado por la dupla Saab-Pulido, con muchos socios nacionales y extranjeros.En este contexto, las autoridades mexicanas congelaron 19 cuentas bancarias de empresas y personas relacionadas con la venta a Venezuela, de alimentos de baja calidad y con sobreprecio, que estaba dirigido a la población más pobre del país. Acciones tomadas por el Ministerio de Hacienda de esa nación, a través de la unidad de inteligencia financiera. Las cuentas congeladas de los involucrados suman más de 150 millones de dólares. La fiscalía mexicana estableció que las empresas y personas investigadas obtenían recursos del gobierno venezolano y lo desviaban de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especulaban lucrativamente con ellos.Numerosas denuncias conducen a señalar que estos productos no cumplen con estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas importaciones, se teje una red de corrupción y lavado de dinero de empresarios cercanos al gobierno venezolano.
La corrupción en las más altas esferas del régimen venezolano no solo ha causado inestabilidad social y económica extrema, sino que además ha debilitado a las instituciones estatales que deberían proteger a la ciudadanía. Esto se evidencia particularmente en la forma en que las redes de delincuencia organizada actúan con impunidad en todo el país.El informe de la alta comisionada señala que: «El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural». El derecho a la alimentación de los venezolanos pasa por su peor momento, de acuerdo a las conclusiones del informe, «el principal programa de asistencia alimentaria, conocido como ‘cajas CLAP’, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente». Bachelet recuerda que 3,7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición, de acuerdo con las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación.Y asegura que «además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria». Las instituciones estatales no son capaces de contrarrestar las actividades de estas redes.
El núcleo de la crisis es la eliminación de la autonomía e la independencia de los poderes públicos. En Venezuela no hay separación de poderes, y la independencia de las distintas ramas de gobierno ha dejado de existir.Una de las causas principales de la crisis actual en Venezuela es que se ha permitido que unas pocas personas tomen el control de los poderes públicos del país y se beneficien, mercadeando con el hambre y las necesidades del pueblo. Con el debilitamiento de las instituciones independientes, el sistema de pesos y contrapesos que limitaba el poder del Ejecutivo se ha desmoronado.Esto significa, además, que la independencia y la integridad de las instituciones judiciales del país se encuentran seriamente comprometidas. Los funcionarios son nombrados por su lealtad al régimen, en vez de por su mérito, y en general son permeables a la influencia del Poder Ejecutivo.
Para proteger a los ciudadanos frente a las redes de delincuencia organizada, debe establecerse un sistema independiente y seguro, en el que puedan apoyarse y que puedan usarse para canalizar denuncias. Se debe, por todos los medios posibles, brindar capacitación y fortalecer a las instituciones, con ayuda de recursos tecnológicos y de la cooperación internacional. Estas medidas podrían representar un primer paso para contrarrestar los niveles desorbitantes de corrupción y delincuencia organizada, y devolverían a las instituciones de justicia penal su finalidad original de servir y proteger a la población. No es posible permitir y consentir el manejo cruel de las necesidades del pueblo, para que un conjunto de mercaderes inescrupulosos obtengan ganancias obscenas. La corrupción hizo metástasis en toda la estructura de gestión de este régimen oprobioso. Es necesario salir de esta banda de delincuentes antes que los daños generados, produzcan consecuencias irreversibles en la de vida de los ciudadanos.
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