Los procesos electorales en Venezuela se han caracterizado por estar minados de irregularidades

Durante todo el proceso, antes (en campaña) y durante las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre fue muy notorio el ventajismo del Estado y que hasta los momentos no han sido sancionados los delitos electorales cometidos.

Los procesos eleccionarios deben estar regidos por una serie de principios como la democracia, libertad de expresión, pluralismo político, transparencia, imparcialidad, equidad o participación popular; principios consagrados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

En este sentido, Transparencia Venezuela ha venido monitoreando varios procesos y solo en las elecciones parlamentarias 2015, a través de su app Dilo Aquí, recibió 834 denuncias por irregularidades electorales, como la utilización de las redes sociales de entes públicos y cargos públicos para promocionar el voto a favor de un candidato o la realización de propaganda electoral fuera del lapso establecido legal, entre otras.

Cabe destacar que luego de procesar y verificar las denuncias, Transparencia Venezuela solicitó investigación a la Comisión de Participación Política del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no obtuvo respuestas por parte de este ente. Las mismas irregularidades se repitieron durante las campañas para la elección de los gobernadores y alcaldes en 2017 y en las sucesivas.

En este sentido, durante las elecciones celebradas en el país ha habido un incumplimiento de la normativa por parte de candidatos y partidos políticos, acentuadas en mayor medida los últimos seis años, además las instituciones responsables de investigar y sancionar estas acciones, tal es el caso también de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien también se hacen cómplice por omisión.

Estos procesos que se han visto minados de irregularidades tal como empleados públicos y ciudadanos que han sido amenazados con su destitución o con la eliminación de sus beneficios sociales si no acudían a la elección; manipulación del dato de participación que arroja el sistema; uso del carnet y bonos de la patria como instrumentos para manipular el voto; uso de redes sociales pertenecientes a órganos y entes de la administración pública para promocionar candidatos del oficialismo.

A esta realidad no escaparon los comicios de alcaldes y gobernadores del pasado 21 de noviembre, en Mérida también fueron muchas las irregularidades durante el proceso, las cuales fueron documentadas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, periodistas,  quienes estuvieron muy atentos durante toda la jornada electoral.

Sucedieron situaciones que atentaron como el principio democrático, un candidato de la oposición fue agredido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y grupos oficialistas conocidos como colectivos cuando reclamaba el ingreso de testigos en un centro de votación; el jefe de campaña de candidatos oficialistas obligaron  a los electores a entrar acompañados por colectivos; existencias de puntos de control político adeptos del Psuv registrando en las inmediaciones del centro electoral nombres y cédulas de algunos electores, votos asistidos, escaneo del Carnet de la Patria, hubo presencia de personas sin identificación o acreditación visible de testigo de mesa con actitud irregular solicitando número de cédula de identidad o carnet de la patria para escaneo, hubo entrega de bolsa con comida del CLAP luego de ejercer el voto, hubo campaña política en pleno proceso de votación, algunos estudiantes universitarios fueron detenidos por invitar a ejercer el voto, presencia de colectivos armados que pasaron disparando a las afueras de los centros de votación amedrentando a los electores, también entregaron litros de gasolina a electores que salían de un centro de votación.

Un sinfín de delitos sucedidos en la gran mayoría de los centros de votación en Mérida que fueron observados y denunciados y fue notorio que el Plan República no hizo nada para detener esas situaciones. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.

28-11-2021