Por: Angélica Villamizar…
Los programas sociales están destinados a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y son desarrollados por el Estado, para garantizar el acceso a los principales bienes y servicios sociales, como son la educación, la salud, la vivienda, el empleo; o para combatir la desnutrición infantil o luchar contra la pobreza extrema. Además existen programas para apoyar la cultura, la ciencia, proteger los derechos indígenas y medioambientales.
En Venezuela estos programas son conocidos como Misiones Sociales, y están enmarcados en el Sistema Nacional de Misiones, a partir del año 2003. Todo inició con el aumento del precio del petróleo a principios de la década de 2000 y desde ese entonces se han convertido en política de Estado, la cual ha tenido recursos económicos que superan los US$ 131.164.670.890. Además cada uno de los programas se rige bajo la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro-Misiones.
Sin embargo, el tratamiento de estos programas que nacieron para proteger a la población y que según el gobierno constituyen “la base de la igualdad social”, no ha sido transparente, hay opacidad porque se desconocen sus criterios de implementación, sus acciones, cómo operan; criterios que pueden ser explicados ampliamente tan solo con la rendición de cuentas que debería hacerse por lo menos dos veces al año. Y por si fuera poco, existe exclusión en estos programas porque en su mayoría imponen el Carnet de la Patria como requisito, o estar inscrito al partido oficialista, entre otros requisitos. Otro factor importante que influye en el mal manejo de estos programas es el clientelismo, que es un tipo de corrupción, y ha quedado demostrado cuando en las comunidades realizan la identificación de la población que requiere el apoyo, pero les advierten muy amablemente que debe estar inscritos en el partido o votar por un candidato para que el programa no sea eliminado.
De igual manera sucede en relación a la entrega de dinero, a través de los “Bonos de la Patria”, recursos que son transferidos a través del sistema Patria a los beneficiarios, pero que de igual manera los criterios utilizados para determinar quiénes los reciben son opacos, y el único requisito es estar inscrito en la plataforma Patria. No todos los inscritos en esta plataforma reciben los bonos o beneficios.
El deber ser, es que los principales beneficiarios sean las familias en situación de pobreza extrema, pero que además el otorgamiento de este beneficio sea a cambio del cumplimiento de corresponsabilidades y no a cambio de un favor político, es pertinente que el Estado se asegure que los recursos sean utilizados para aquello que les genere mejor calidad de vida, por ejemplo, alimentos o medicinas y para ello, el monto asignado debe ser suficiente para tal fin.
Hay mucho por hacer para que la aplicación de estos programas sea más transparente. Por ejemplo, institucionalizar los programas sociales, crear plataforma donde los ciudadanos puedan conocer todo de estos programas en cada una de sus fases (preparación, formulación, implementación y evaluación), crear mecanismos de participación ciudadana que permita la contraloría social, porque al fin y al cabo son utilizados recursos públicos y todos tenemos derecho a saber cómo son administrados, es decir, que el ciudadano sepa cuánto dinero se usa en estos programas y que estos recursos se usen de la mejor manera, para que los programas valgan la pena que continúen y se le sigan dotando de recursos.
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12-11-2020 (18)
