Los seis temas que debería contener la hoja de ruta para la recuperación democrática

Este jueves se instala formalmente y de manera presencial la mesa de diálogo entre un sector de la oposición, liderado por la AN 2015, y el oficialismo, luego del primer contacto telefónico realizado el pasado 1 de agosto en el que anunciaron los integrantes de la instancia y los temas a abordar.

La reunión se efectuará en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar, en La Carlota, Caracas.

Con tres temas sobre la mesa se dará inicio a las conversaciones que -según la Asamblea Nacional 2015- marcan «un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos».

La atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas son los ejes establecidos en la agenda del diálogo que el oficialismo asegura será «inclusivo y efectivo».

Mientras la mesa comienza con estos tres puntos amplios, sectores políticos de la oposición plantean con precisión sus reclamos y exigen elecciones presidenciales, libertad de los presos políticos, restitución de derechos civiles, elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

Pero que debe contener esa hoja de ruta que se prometió diseñar en una agenda de trabajo conjunta cuando se anunció el inicio de este proceso con el apoyo de Estados Unidos.

La profesora Mireya Rodríguez, exparlamentaria y facilitadora en procesos de diálogo, afirma que al menos seis componentes deben estar presentes en esa hoja de ruta de cara a la recuperación democrática.

Además, subraya que los acuerdos que se establezcan deben estar acompañados por un sistema de implementación: texto público del acuerdo, indicadores de cumplimiento, cronograma, verificación internacional, veeduría ciudadana, informes periódicos y consecuencias frente a cada incumplimiento.

Se espera que los primeros resultados de este proceso de diálogo sean anunciado en diciembre, según ha dicho Dinorah Figuera.

Estos son los seis puntos que debería contener la hoja de ruta:

Garantías inmediatas de derechos humanos y apertura del espacio político: liberación de todos los presos políticos, cese de la persecución, garantías para el retorno de exiliados, restitución de derechos políticos y protección efectiva de la libertad de expresión, organización y movilización.

Reconstrucción del sistema electoral: designación de un Consejo Nacional Electoral independiente y equilibrado; depuración y actualización del registro electoral; auditorías técnicas; observación internacional calificada; participación de los venezolanos en el exterior; rehabilitación de dirigentes y partidos; y un cronograma electoral completo, público, viable y auditable.

Reinstitucionalización de los poderes públicos: renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo mediante procedimientos transparentes, plurales y constitucionalmente legítimos. En este punto, señala que no se trata solo de cambiar nombres; considera que deben modificarse las reglas de designación, funcionamiento y control.

Garantías para la alternabilidad y la transferencia del poder: Revisión y neutralidad política de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad, reconocimiento de los resultados electorales, protocolos para la entrega institucional y garantías jurídicas compatibles con la justicia.  «La reconciliación no puede confundirse con impunidad», advierte.

Justicia transicional y reconstrucción de la confianza: derecho a la verdad, investigación de violaciones graves, reparación de las víctimas, garantías de no repetición y mecanismos diferenciados de responsabilidad.

«Veintisiete años de destrucción institucional, persecución, corrupción y sufrimiento social no pueden desaparecer mediante una fotografía o una amnistía indiscriminada».

Gobernanza económica y reconstrucción nacional: independencia y profesionalización del Banco Central de Venezuela; reforma de la conducción de Pdvsa; transparencia sobre los activos del Estado; auditoría y negociación pública de la deuda externa; protección de los recursos destinados a la recuperación humanitaria; y rendición de cuentas sobre los fondos para la reconstrucción posterior a los terremotos.

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06-08-2026