Por: Angélica Villamizar…
El uso indebido de los recursos públicos durante muchos años ha generado la grave crisis que atraviesa el país, hay una enorme impunidad, no se castiga a los responsables de ello, no hay contrapeso de poderes y las instituciones siguen estando bajo el mando de quien detenta el poder, y por ende, no hay respeto a la gestión de los órganos de control administrativos e independencia en su actuación.
En Venezuela la corrupción se ha convertido en la norma de quienes son los responsables de manejar el dinero y los bienes del país que debería ser para el beneficio de todos, de hecho, han sido muchos los escándalos donde se evidencia el abuso de autoridad y poder, ya que han estado involucrados funcionarios de todos los niveles, sin embargo, no se ven acciones contundentes por parte de los órganos de control que castiguen o sancionen este tipo de delitos.
En este sentido, la Contraloría General de la República, que es el órgano encargado de fiscalizar todos los ingresos y gastos del país, ha sido ineficaz en la lucha contra la corrupción, ya que durante más de 20 años, han ocurrido casos como la emergencia eléctrica, sobreprecios en contrataciones, lavado de dinero, contrabando de combustible, uso de las entregas de los alimentos del CLAP, y más reciente, de la aplicación de las vacunas anti covid-19, entre otros y han sido ignorados.
Por ello, es necesario recuperar la vigilancia que debe ejercer la contraloría sobre el resto de los poderes públicos especialmente sobre el ejecutivo y los entes con mayor responsabilidad del país.
Por tales razones, el país necesita de la implementación de actividades de control y vigilancia incluso por parte de la ciudadanía, de las acciones de interés público que el gobierno realiza, es decir, exigir la manera correcta del uso de los recursos públicos en obras y servicios públicos, para asegurar de esta manera la transparencia y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los venezolanos, sin ningún tipo de discriminación.
Las fallas en el sistema eléctrico que ya se padece en muchos estados del país, incluyendo la capital, así como el deficiente acceso al agua potable, la intermitente conexión a internet, el contar con poco transporte público, son evidencias de que el Estado no ha invertido como debería en el mantenimiento de estos servicios, a pesar de la importante cantidad de ingresos generados por la venta de petróleo en años anteriores, y hoy vemos el resultado de eso, que además quieren responsabilizar completamente a las sanciones internacionales impuestas a algunos funcionarios de alto nivel.
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22-07-2021 (52)
