En los últimos dos meses los merideños, en especial aquel que habita en el municipio Libertador, capital de la entidad andina, han experimentado un cambio radical en su rutina para surtir combustible. Una operación que hasta los meses de julio y mediados de agosto, no llevaba más de diez minutos, pasó a convertirse en un verdadero calvario, en el que el conductor debe lidiar con la ausencia de combustible en la mayoría de las estaciones de servicio y con largas colas en aquellas que había.
Esta situación resulta un poco más común para los habitantes de los municipios Sucre y Campo Elías, quienes en lo que va de año, en especial en el primer municipio mencionado, empezaron a ver como rutina las colas para surtir combustible, invirtiendo hasta tres horas en tal actividad, siendo imposible en muchos casos, en aquellas estaciones de servicio que se encuentran en la vía principal o intercomunal que atraviesa el estado y une a Mérida, con estos municipios (Ejido, San Juan, Lagunillas, El Anís y El Vigía).
¿Qué está ocurriendo en Mérida? ¿Es acaso solo un problema de fallas de distribución de combustible? ¿O hay algo más? Y en este último caso, ¿qué significado y efectos sociales tiene tal situación? El Observatorio Venezolano de Violencia, Mérida (OVV Mérida) emprendió un estudio durante el último mes y encontró importantes resultados que valen la pena poner a la luz pública para que, llegando a oídos de las autoridades, quienes además hacen silencia en esta situación, pueda advertirse del problema y tomar cartas en el asunto.
Los relatos
En una escuela pequeña del municipio Sucre, un maestro hace una actividad común: le pregunta a los niños qué hacen sus padres. Uno de ellos, de unos ocho años, le responde: “Mi papá es pimpinero profe”. Ante la sorpresa, el maestro consulta qué es un pimpinero. Y el niño le responde: “Pues pimpinero profe. Vende gasolina”. Otro niño se suma a la conversación y dice: “Mi papá también. Manejaba un bus, pero dice que gana más de pimpinero”.
En otra escuela, una niña de diez años falta una semana a clase. La orientadora preocupada, cuando la niña retoma las actividades, la entrevista para buscar la razón de la ausencia. La niña le respondió con mucha claridad: “Estaba bachaqueando gasolina con mi papá”. La orientadora sorprendida le pide más información y la niña no se inmuta en describir la actividad: “A mi papá le pagan dos millones por llevar un camión a la frontera tres veces a la semana, esperar que le saquen la gasolina y traerlo. Dice que pasa más tranquilo las alcabalas llevando compañía”.
Y como estos, abundan los relatos.
El pimpinero y la dinámica de depositar y traficar gasolina
“Pimpinero” es quizá el calificativo más decente que usa para catalogar a aquellos individuos que se dedican a llenar carros, propios o prestados, con gasolina, sacarla y venderla. Pero la dinámica no es tan sencilla. Y la manera como este oficio se ha expandido a municipios donde antes no los había, es indicador del deterioro y la crisis social que afronta el país.
Era común oír de este oficio en los municipios del Sur del Lago del estado Mérida, principalmente en el municipio Alberto Adriani. Allí, a pesar de las regulaciones para surtir gasolina a los particulares, el oficio persiste. Hay hasta organización. Los pimpineros están organizados, tienen redes telefónicas y grupos en redes sociales donde los empleados de las estaciones de servicios avisan cuándo llegará el combustible y de qué octanos. Del resto, la organización crece: funcionarios de organismos de seguridad prestan servicio, pero no para vigilar u ordenar la cola, sino para vigilar que los pimpineros paguen su cuota. Esta red comercial es tan grande, que hay estaciones de servicios en las que los dueños le piden una cuota diaria a sus empleados, quienes entre los extras que dejan los particulares y la propina de los pimpineros, “hacen su día”.
El municipio Sucre fue uno de los primeros del eje central merideño, en ver aparecer este oficio. Luego siguió el municipio Campo Elías, vecino a menos de 10 kilómetros de Mérida. Sus estaciones de servicio empezaron a llenarse de vehículos poco comunes en la zona: camiones “Triton” 350, viejos y nuevos, camionetas Ford 150 doble cabina, también modelos viejos y nuevos,FairLand 500, Caprice, Malibu, y aquellos vehículos cuyo tanque de gasolina tiene una capacidad mayor a los 80 litros.
En una revisión rápida hecha a las colas de gasolina que durante el último mes se han registrado en cinco estaciones de servicio en el municipio Libertador de Mérida, de cada diez carros, cinco tenían estas características. Cuando esta revisión se hizo en dos estaciones de servicios ubicadas en las vías principales (La Variante) que une al municipio Campo Elías y Sucre, esta cuenta subió a siete u ocho vehículos.
Pero, ¿cómo es la dinámica? ¿Es rentable traficar gasolina desde zonas que están ubicadas a más de 150 kilómetros de la frontera? El equipo de investigación del OVV Mérida se mezcló entre las personas que hacían cola para surtir gasolina en el municipio Sucre. Allí, se logró conversar con varias personas dedicadas al tráfico de combustible. Uno de ellos explicó que en El Vigía las estaciones de servicio ya no satisfacían la demanda. Por ello habían llegado a zonas como El Anís, Lagunillas, San Juan, Los Higuerones y hasta la propia Mérida.
“Ya muchos hasta cuadran con el bombero: él les avisa cuando llega y allá se van a hacer la cola. Para no levantar sospechas, echan en varias bombas y llenan el tanque”. Contó uno de los entrevistados. “¿Y es rentable bajar a la frontera con el tanque lleno quedando tan lejos”. Consultó el equipo de investigación del OVV Mérida. “No. Se la sacamos acá (Lagunillas o San Juan) o en El Anís. Hacemos varios viajes hasta los depósitos y de ahí se llenan otros camiones y los mandan a la frontera”.
Saquemos una cuenta simple: si al parque automotor de Mérida le sumas 100 camiones Ford Triton cuyo tanque de gasolina tiene una capacidad de 170 litros y llenan su tanque tres veces al día, hablamos que solo ellos consumen 51mil litros de gasolina por día, es decir, casi dos camiones cisternas de combustible. En otras palabras: agotan en un día dos estaciones de servicio.
Y en esta dinámica termina siendo una dinámica en la que todos ganan algo. Veamos. El bombero que surte gasolina, avisa al pimpinero, éste le da un extra por avisar. El pimpinero llena el tanque en una o dos estaciones de servicio. Una vez con el tanque lleno, va al depósito lo vacía y retorna a la estación de servicio, pudiendo repetir esto hasta tres veces por días. Al pimpinero se le paga en el depósito por la cantidad de litros que se le pudo sacar y este distribuidor carga nuevos camiones y los envía a la frontera, donde igualmente vende la gasolina según la cantidad de litros.
Cuando el pimpinero es, por decirlo de alguna manera, independiente, va directo a la frontera con su carro. Evita intermediarios. Y en este viaje, bien sea por su cuenta o bien sea llevando el vehículo del distribuidor, también paga “peaje” en cada alcabala. Al final, en cualquier caso, la ganancia es inestimable. Un tanque de gasolina de 171 litros se llena con 171 bolívares o con poco más de mil bolívares dependiendo del octanaje. Ese mismo tanque en los depósitos se venden en aproximadamente 300mil bolívares y en la frontera por más de un millón de bolívares, siendo conservadores. 20 litros de gasolina de 91 octanos se vende en la frontera, del lado venezolano, a 70mil bolívares y en El Vigía a 55mil.
Un negocio redondo que ha implicado la organización de este delito en una red de cooperación con distintos niveles en su organización y estructura de roles. Es, de cierta manera, una forma de delito organizado, aun cuando las partes integrantes del mismo no interactúen con base o intención de objetivos organizacionales comunes, sino más bien individuales. En otras palabras: cada parte busca aprovechar al máximo su propio beneficio.
Los funcionarios de seguridad se convierten en pieza clave de toda esta dinámica que se comenta. En las observaciones que efectuó el equipo de investigación del OVV Mérida, se verificó que efectivamente los funcionarios de los organismos de seguridad, en especial, funcionarios militares, cumplen un rol de supervisión y vigilancia de las colas. Pero, irónicamente, no para vigilar por el orden de la cola o que una misma persona surta varias veces. Su rol es para vigilar que los pimpineros paguen su cuota y si repite en la cola, que paguen el “extra”. Además, organizan la cola para que los pimpineros que pagan más, en todo caso, aquellos que trabajan o se vinculan con grandes depósitos, pasen más rápido y se les surta “a tanque lleno”.
Además, a nivel de alcabalas en la ruta hacía la frontera, estos funcionarios reciben también un pago de peaje. Varios de los entrevistados reportaron que se exige el pago de 20 o 40 mil bolívares en efectivo y en billetes de 20 mil para cada pimpinero. Si alguno es detectado en la actividad de pasar traficar combustible sin pagar peaje, es arrestado. Es decir, efectivamente detectan al infractor. Son estos beneficiarios de un círculo de tráfico y delito que, de cierta manera, es promovido por ellos mismos. Todo pimpinero debe ajustarse a sus normas y lo hacen, precisamente, por la eficacia de detectar y sancionar al infractor que tienen estos efectivos militares.
Curiosamente, el equipo de investigación del OVV Mérida observó que la función que cumplen estos funcionarios militares, aunque pervertida de la norma, es bastante eficiente. Por ello, el OVV Mérida concluyó que su problema no es eficiencia organizacional, sino más bien una deficiencia moral y social. Nos preguntamos: ¿Se imaginan si tal nivel organizacional fuera puesto en práctica para una actividad que implique un beneficio social y no un beneficio individual o de grupos particulares? Quizá, nuestros niveles delictivos serían otros, pues para empezar, esta conducta delictiva de por sí, dejaría de promoverse.
La lectura desde la violencia
La profesora de la Universidad Simón Bolívar, Verónica Zubillaga, definió en sus estudios que un sujeto de vida violenta es aquel que en un período biográfico determinado de su vida, la violencia tiene un valor central para su acción e interacción social. El profesor de la Universidad de Los Andes y coordinador del OVV Mérida, apuntó en sus estudios que además de haber sujetos de vida violenta en el país, hay aquellos que tienen episodios biográficos en su vida, en los que el ser social se define por medio de la violencia.
Tal definición implica que para estos individuos la violencia se presenta como opción válida de interrelación social y de satisfacción de sus necesidades. En este caso, se habla de violencia como violación de la norma y las formas institucionales y culturales para la satisfacción de servicio. Por lo tanto, para este último tipo de individuos la violencia no es central en su Yo, sino más bien una opción de conducta más: son violentos sólo en momentos determinados de su interacción social. Mientras tanto, el sujeto de vida violenta es centralizado en la violencia: no sabe ser ni hacer otra cosa que sea violento. Su Yo está basado en la violencia.
Ahora bien, en la misma medida que la institucionalidad formal fracasa para satisfacer las necesidades sociales del individuo y aumenta la crisis económica y social, el individuo busca formas alternativas para lograr tal satisfacción y cuando las canales formales (como el empleo, por ejemplo) están limitados, la delincuencia – que es una forma de violencia – se presenta como una opción, que se hace cada vez más rentable y válida en la medida que se fracasa en su control y, como en el caso en discusión, en la medida que las mismas instituciones de control formal se organizan e interactúan con base a la misma actividad delictiva, tomando su investidura para sacar provecho económico de la una función que no cumple o la cumple bajo esquemas de perversión social.
La tolerancia a la violencia de nuestra ciudadanía está creciendo cada vez más. Y es una tolerancia que no sólo se traduce en aceptación, sino también en ejecución, en normalización, en legitimación. Que tres niños, de dos escuelas y tres familias diferentes exalten el trabajo de su padre sin percatarse que el mismo es una actividad delictiva, es una muestra que hay una falla en la construcción del tejido social en valores pro sociales y en un capital social de este mismo sentido.
Los resultados brevemente expuestos en este artículo, apuntan a mostrar una sociedad que se va socializando en la violencia como forma legítima de satisfacer sus necesidades. Que además, como señala el profesor Crespo en sus estudios, parece hacerse una acción de interacción necesaria para la subsistencia de las instituciones mismas y de la institucionalidad en sí. Es necesario reconstruir el tejido social y eso debe partir de la reconstrucción moral de las instituciones venezolanas y de quienes tienen la responsabilidad de representarlas. Los niños merecen más que un padre pimpinero y los pimpineros merecen un trabajo, por humilde que sea, que les permita de manera honrada satisfacer plenamente las necesidades de su vida. Es así la institucionalidad normal. ¿Por qué en Venezuela no puede ocurrir eso?
Prensa OVV-Mérida
