Habitantes y sectores productivos del estado Mérida expresan su firme rechazo e indignación ante la intensificación del plan de racionamiento eléctrico impuesto por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el gobierno, una medida que mantiene a comunidades enteras a oscuras por bloques de seis a ocho horas diarias.

La colectividad califica la situación como una «abierta burla a la dignidad de los merideños», al constatar que el suministro es restituido de forma ininterrumpida únicamente cuando se desarrollan eventos de propaganda o alta visibilidad.

Mientras las rutas y zonas vinculadas a eventos públicos gozan de electricidad continua para proyectar una falsa normalidad, los hogares, comercios, centros de salud y unidades educativas merideñas continúan paralizados por la falta de luz.

La interrupción constante de la electricidad golpea de manera directa el sustento económico y la calidad de vida de las familias en la entidad andina. Entre las consecuencias más graves denunciadas por los afectados destacan, la pérdida de alimentos y medicamentos que requieren cadena de frío, daño a equipos electrodomésticos e industriales, ya que los constantes bajones y cortes intempestivos deterioran aparatos del hogar y maquinaria de trabajo sin que ninguna autoridad asuma la responsabilidad por los costes.

También el colapso del comercio y servicios locales, ya que los pequeños emprendimientos y comercios, ya vulnerados por la recesión e inflación en el país, ven reducida su capacidad de operación a la mitad, imposibilitando el cobro por puntos de venta o plataformas digitales, así como también la falta de acceso al agua y telecomunicaciones, debido a que la falla del fluido eléctrico interrumpe de manera simultánea el bombeo de agua potable y deja incomunicadas a comunidades enteras por la caída de la conexión a internet.

La ciudadanía merideña exige el cese inmediato de los cortes arbitrarios y demanda a las autoridades regionales y nacionales una programación clara, transparente y equitativa del servicio eléctrico.

«No es posible que para un espectáculo deportivo o una actividad de propaganda sí existan los megavatios necesarios, pero para que un hospital funcione, un comercio abra o una familia pueda cocinar no los haya. Mérida no puede seguir pagando el costo de la indolencia institucional», manifestaron ciudadanos a través de las redes sociales.

Redacción C.C.

21-09-2026