La entrega de un documento “Manifiesto de Mérida» ante la sede del Ministerio Público por parte de los merideños y universitarios que marcharon desde la plaza de Milla bajando por el centro de la ciudad para la consignación de este documento en rechazo al rompimiento del hilo constitucional.
La sociedad civil, dirigentes gremiales, encabezados por el Presidente de la Asociación de Profesores- ULA Virgilio Castillo, el rector de la Universidad de Los Andes Mario Bonucci, el alcalde de Mérida Carlos García, diputados a la Asamblea Nacional Luis Loaìza Rincòn, Carmen Maria Sivoli, Mildred Carrero y estudiantes marcharon pacíficamente hasta la calle 21 donde está ubicada la sede del Ministerio Público donde una comisión procedió a la entrega de dicho documento al funcionario de guardia, con la intención de solicitar ante la Fiscal General de la República que cumpla con lo contemplado en la Constitución Nacional.
La entrega de este documento forma parte de la agenda aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario ULA que sesionó de manera extraordinaria el pasado sábado y donde se aprobó una agenda de acciones para solicitar el restablecimiento del hilo constitucional.
Apula brindó contundente respaldo a la marcha por la restitución de la democracia
Profesores de la Universidad de Los Andes, respaldaron masivamente la marcha convocada por el Comité por la Defensa de la Democracia ULA, en donde los universitarios y miembros de los partidos políticos de MUD junto a la sociedad civil merideña organizada, entregaron en la sede del Ministerio Público, el manifiesto de los “Ciudadanos de Mérida”, el cual rechaza el quebrantamiento del orden constitucional en el país por parte del TSJ.
La marcha que partió desde la Plaza de Milla, contó con la presencia de cientos de trabajadores y estudiantes universitarios, así como de profesores ulandinos de las diversas seccionales de la Apula, quienes masivamente gritaban consignas al frente de la fiscalía, exigiendo el respeto por el voto democrático, ya que “votamos por diputados, no por magistrados”, manifestaba una de las consignas de los docentes ulandinos.
El manifiesto de los Ciudadanos de Mérida, solicitó al Ministerio Público –informó Virgilio Castillo Blanco, presidente de la Apula y coordinador del Comité por la Defensa de la Democracia ULA- que actúe apegado a la legislación venezolana, en contra de los magistrados que “han dado un golpe de Estado, a las instituciones legítimamente electas como lo es la Asamblea Nacional”, agregó Castillo.
La comisión encargada de entregar el manifiesto de los Ciudadanos de Mérida a la Fiscal Superior del MP en el estado, estuvo conformada por el Rector ULA Mario Bonucci, el alcalde de Libertador, Carlos García, el coordinador de la MUD, Elías De León, el presidente de la Apula, Virgilio Castillo y el presidente de la FCU ULA, Jorge Arellano.
“Nos sentimos muy satisfechos por el apoyo que nos ha dado el pueblo de Mérida, ya que este manifiesto representa los valores democráticos que conforman a la ciudadanía emeritense y a todos los venezolanos que estamos de lado de la democracia, de la vida y la participación de todos a la ciudadanía y a disfrutar de un país digno donde todos podamos realizar nuestras actividades felizmente”, continuó el presidente de la Apula.
Castillo insistió que la agenda de calle no culmina con el manifiesto, pues recordó que en los próximos días, la universidad y las fuerzas vivas del estado, “vamos a seguir haciendo nuestros mayores esfuerzos, para que la agenda de movilización y lucha, continúe desarrollándose en todas las calles de Mérida”.
La Fiscal Superior manifestó que el documento dada su solicitud y trascendencia, será enviado directamente a la Fiscalía General de la República, ya que Castillo catalogó las acciones del TSJ como “un golpe de Estado continuado, porque el TSJ ha pretendido desconocer desde antes de su instalación, a la Asamblea Nacional legítima y mayoritariamente electa por el pueblo de Venezuela, por eso exigimos el respeto a la voluntad popular y al Estado de Derecho”.
El rector Mario Bonucci agradeció la participación multitudinaria de los merideños en la marcha “a pesar del paro de transporte, pero hemos demostrado que no hay nada que impida que los universitarios y merideños estén en la calle de manera pacífica y constitucional, exigiendo el respeto a la democracia”, resaltó la máxima autoridad universitaria al tiempo de destacar que uno de los planteamientos hechos a la Fiscal Superior de Mérida, es el cese del desacato del TSJ el cual hace más de un año ha debido resolver el tema de los diputados desincorporados del estado Amazonas, “y no lo ha hecho, de manera que hace más de un año, ese TSJ, se encuentra en una situación de ilegalidad, por eso hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela, a unirse a esta lucha cívica, constitucional y democrática que no abandonará al país ni nuestros derechos”.
“Esta reunión de la sociedad civil y de todos los sectores que hacemos vida en la Ciudad de Mérida, obedece a la defensa de la Constitución y la democracia en el país ante un TSJ que desconoce el poder legítimo constituido de la AN”, comentó por su parte el Secretario de Asuntos Gremiales de la Apula, profesor Óscar Guerrero.
Finalmente el alcalde de la Ciudad de Mérida, Carlos García calificó la marcha multitudinaria como el inicio de una serie de protestas y movilizaciones de calle que los merideños y universitarios estarán realizando en los próximos días. “Estamos conscientes que hay instituciones que están arrodilladas a este régimen de Maduro, pero también sabemos que existen jueces y fiscales que están de lado de la institucionalidad democrática, por eso queremos invitar al pueblo merideño a movilizarse y estar atento en la calle porque vamos a defender a nuestro país y no vamos a permitir que este régimen representado por un grupo minúsculo de venezolanos, nos siga destruyendo”, concluyó. (Prensa Apula Omer Molina CNP: 18.195
Fotos: LL, JQ, MF.
MANIFIESTO DE MERIDA
AL PUEBLO DE VENEZUELA Y AL MUNDO
Desde comienzos de este siglo, Venezuela ha estado gobernada por una coalición de factores políticos que se autodefine cívico-militar, surgida de una concepción cuartelaria de la nación y del nacimiento de una nueva forma de bolivarianismo, devenida en una inexplicable ideología llamada socialismo del siglo XXI y, finalmente convertida en dictadura. Esta forma de gobierno convirtió a Venezuela, país latinoamericano con mayores posibilidades de desarrollo económico, en una de las naciones que muestra los peores índices macroeconómicos del mundo.
Quienes hoy detentan el poder, tienen un record que nadie envidia: el haber dilapidado la fortuna más grande a la cual país alguno haya podido acceder, en toda la historia de la humanidad. No nos equivocamos al decir que perdieron el apoyo popular y, como toda tiranía, su meta es mantenerse en el poder de cualquier modo.
Los suscritos, ciudadanos de Mérida, ciudad universitaria por excelencia, cuna de libertadores y mártires demócratas, reconocen que la Constitución de la República:
- Documenta el pacto fundamental que sienta las bases de la convivencia pacífica entre los venezolanos, todos los cuales nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
- En dicho pacto se dividen y ordenan los poderes del Estado y se reconocen y configuran los derechos fundamentales de los venezolanos, los mismos que constituyen la fuente de legitimación, el deber central y el límite infranqueable de cada uno de tales poderes.
- Venezuela constituye ante todo un Estado democrático (artículo 2 constitucional), razón por la cual su fuente única e intransferible de legitimación es la soberanía popular, la misma que puede ser ejercida directamente o a través de los órganos del Poder Público (artículo 5 constitucional).
- El pueblo es el titular del poder del Estado, razón por la cual el ejercicio de dicho poder está sometido íntegramente al control de su titular, a través de los órganos de participación y representación previstos en el texto constitucional.
- Venezuela constituye, además de un Estado democrático y social, un Estado de Derecho (artículo 2 constitucional), razón por la cual sus poderes y sus órganos se encuentran subordinados íntegramente a la Constitución como norma suprema y fundamento del orden jurídico (artículo 7 constitucional).
- Además del imperio de la Constitución, el principio del Estado de Derecho se manifiesta en la sujeción de los órganos del Poder Público a lasatribuciones que la Constitución y las leyes definen y les otorgan (artículo 137 constitucional).
- El principio del Estado de Derecho se manifiesta asimismo en la división, separación e independencia de los poderes públicos para impedir su ejercicio arbitrario y para garantizar la protección y defensa de los derechos fundamentales de toda persona.
- Los venezolanos somos titulares del derecho fundamental a una justicia imparcial, autónoma e independiente (artículo 26 constitucional), así como estamos amparados en el goce y ejercicio de nuestros derechos y garantías constitucionales (artículo 27 constitucional), al debido proceso en toda actuación judicial o administrativa (artículo 49 constitucional) y, por tanto, al proceso como instrumento fundamental de la justicia (artículo 257 constitucional).
Así mismo, observamos que la República vive una grave crisis institucional a causa de la violación intencional, pública y notoria, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de los principios que definen a Venezuela como un Estado democrático y de Derecho; que la Sala Constitucional ha dictado sentencias firmes:
- Sin que las mismas hayan sido precedidas de procedimiento alguno, incurriendo así en la violación manifiesta del derecho fundamental al debido proceso.
- Sin haber permitido a sus destinatarios el ejercicio del derecho fundamental a ser oídos, incurriendo así en la violación manifiesta del derecho constitucional a la defensa.
- Mediante las cuales ha declarado la nulidad absoluta de actos que no han ocurrido aún en la realidad, es decir, de actos inexistentes, lo que es ajeno al Derecho y contrario a la razón.
De igual modo, la Sala Constitucional ha incurrido en vicios de desviación de poder al utilizar el recurso de interpretación constitucional, cuyo único objeto es el establecimiento del significado y alcance de normas constitucionales para dictar, sin quórum legalmente válido, sentencias destinadas a impedir a la Asamblea Nacional, sin oírla, el ejercicio de varias de sus propias competencias:
- La revisión de sus propias decisiones.
- Dejar sin aplicación normas legales y reglamentarias dictadas por dicha Asamblea.
Vemos con suma preocupación, que la Sala Constitucional ha utilizado el recurso de interpretación constitucional para dictar, sin quórum legalmente válido, sentencias destinadas a:
- Impedir que la Asamblea Nacional verifique y reconozca que incurrió en la violación del procedimiento constitucional de elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
- Impedir que la Asamblea Nacional ejerza su competencia constitucional de realizar las investigaciones que juzgue convenientes sobre el funcionamiento de las ramas del Poder Nacional distintas del Gobierno y de la Administración Pública Nacional (artículo 223 constitucional).
La Sala Constitucional igualmente, ha incurrido en el desacato sistemático de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violando así la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según la cual los Estados parte en la Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que sean parte (artículo 68 constitucional); la mencionada Sala Constitucional llegó al extremo de solicitar en forma expresa al Ejecutivo Nacional que denunciase la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que significó dejar a los venezolanos sin la protección del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Por su parte, la Sala Electoral, a sabiendas de que los diputados a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación (artículo 200 constitucional), suspendió sin fundamento válido los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en el estado Amazonas, lo que derivó en la suspensión inconstitucional de su inmunidad parlamentaria, así como en la suspensión indefinida de la representación parlamentaria de dicho estado, con el propósito evidente de impedir, por tiempo indefinido, que la mayoría de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional pueda ejercer sus atribuciones constitucionales.
Finalmente, el Gobierno nacional, por órgano del Presidente de la República, ha llamado públicamente a los venezolanos a impedir que la Asamblea Nacional, electa por voluntad popular el 6 de diciembre de 2015, sancione unas primeras leyes, así como a rebelarse contra ellas, lo que constituye una conducta próxima a la prevista en el Código Penal que sanciona las acciones hostiles contra las instituciones republicanas y contra las leyes (artículos 128, 283 y 285).
Advertimos, por las razones que anteceden, la violación, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, del principio constitucional del Estado democrático, por cuanto el desconocimiento judicial, pero sin fórmula de juicio, de varias de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, así como la mencionada suspensión indebida de la inmunidad constitucional de los diputados del estado Amazonas y de la representación parlamentaria de dicho estado, dejan sin efecto la decisión adoptada por los venezolanos, en ejercicio de su derecho constitucional al sufragio de elegir a sus representantes ante el órgano único del Poder Legislativo Nacional, y configuran la violación del principio de la soberanía popular.
Advertimos asimismo, por las razones que anteceden, la violación, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, del principio fundamental del Estado de Derecho, por cuanto dicho Tribunal se ha negado a someter sus actuaciones a la norma constitucional que define las competencias de la Asamblea Nacional y otorga inmunidad a sus diputados electos y proclamados; ha dictado sentencias sin fórmula de juicio, con violación del derecho constitucional al debido proceso, y en algún caso sin el quórum legalmente válido; ha intentado impedir que la Asamblea Nacional verifique si se incurrió en la violación del procedimiento constitucional en la elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo; ha contribuido a despojar a los venezolanos de su derecho fundamental a la justicia internacional en materia de Derechos Humanos (artículo 31 constitucional); ha desacatado sistemáticamente las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incurriendo así en la violación de la norma constitucional que obliga a su cumplimiento (artículo 31 constitucional); y ha privado a los venezolanos de su derecho fundamental a una justicia imparcial, autónoma e independiente (artículo 26 constitucional), toda vez que las sentencias de dicho Tribunal, integrado por magistrados afectos al Gobierno, están todas dirigidas a proteger sus intereses hegemónicos y a silenciar sus abusos de poder.
Advertimos finalmente que, en virtud de las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia sus consecuencias han sido:
- Se ha producido una ruptura de fondo en el nexo entre el Derecho y el Estado.
- La Constitución ha perdido su capacidad reguladora y limitativa del poder del Estado.
- Los venezolanos han perdido frente al Gobierno la garantía jurisdiccional de sus derechos.
- El sistema de justicia ha cesado en su legitimidad por la falta de magistrados independientes y por hallarse al servicio del Estado y no de los ciudadanos.
- La vigencia misma de la Constitución se ha hecho incierta.
Manifestamos al país que ha llegado el momento de acciones, más que declaraciones, todo dentro de ámbito legal que nos rige, pero conscientes que cada día que pasa el daño que se le infringe a los ciudadanos, en todos sus estamentos, es mayor. Y mientras más se prolongue esta bochornosa situación, más dura será la posible recuperación de Venezuela. De allí que declaramos al pueblo venezolano y al mundo que no toleraremos más las continuas violaciones a la Carta Magna.
Las acciones que ha tomado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a finales de marzo de 2017, al asumir las competencias que la Constitución le asigna a la Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad del pueblo venezolano, expresada en elecciones libres en diciembre del 2015, controladas y reconocidas por el ente electoral actual; así como los poderes extraordinarios otorgados al ciudadano Presidente de Venezuela (caso único en nuestra historia republicana), no deja lugar a dudas de las claras intenciones del régimen actual de permanecer en el poder a toda costa, y desconocer la Carta Magna en cuanto al llamado obligatorio a elecciones, como lo establece en su artículo 160 constitucional..
Estos hechos solo pueden ser comparados con el realizado por el Parlamento Alemán, en marzo de 1933, mediante el cual se le concedió a Adolf Hitler el derecho a aprobar leyes sin la participación del Parlamento, lo que decretó el fin de la democracia alemana y sus terribles consecuencias para el mundo civilizado.
Resulta oportuno recordar al régimen que, en su mensaje al Congreso de Angostura de 1819, nuestro Libertador Simón Bolívar señaló claramente: “La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.
Ya es hora de llamar las cosas por su verdadero nombre, no podemos seguir con eufemismos para definir lo que a todas luces es, manifiestamente, una dictadura que se ejerce, sin rubor alguno desde el gobierno nacional. La falta de apoyo popular poco le importa, por eso quiere evitar por todos los medios la celebración de elecciones en nuestro país.
Como ciudadanos de este país, sentimos vergüenza del repugnante espectáculo que hemos dado al mundo recientemente en la Organización de Estados Americanos. Son muchos los países que cuestionan el proceder del actual gobierno en cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos, la existencia de presos políticos, la terrible inseguridad de la población, la confiscación de propiedades, la escasez de alimentos y medicamentos, la asombrosa inflación, la pobreza extrema de su población, la indetenible corrupción, el narcotráfico, y la crisis hospitalaria, entre otros males que están presentes en el país.
A lo anterior se agregan las recientes sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), antes mencionadas, en las cuales sedesconoce a la Asamblea Nacional (uno de los poderes indispensables en cualquier democracia) y se habilita al Ejecutivo para que pueda legislar en aspectos claves, sin contar con el aval del legislativo y en el marco del Decreto de Excepción aún vigente. Estas no son las únicas sentencias que violan nuestra Carta Magna, pues desde el 2015, se han emitido un total de 46, que configuran lo que debe llamarse un golpe de Estado. Resaltamos las dos últimas sentencias del TSJ, porque ellas han hecho reaccionar al Ministerio Público, de manera clara y contundente. De igual modo, las reacciones internacionales han mostrado un rechazo enérgico ante la actuación del TSJ en Venezuela.
Reafirma nuestra convicción, de estar del lado correcto de la historia en esta hora crucial para el país, lo expresado por la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, quien en un acto público celebrado el día 31 de marzo de 2017, con motivo de la presentación del informe de gestión del Ministerio Público (MP) durante el año 2016, señaló que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, correspondientes a las sentencias 155-17 y 156-17, «evidencian varias violaciones«.
De igual modo, específicamente la Fiscal General señaló: “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.
Resulta evidente que esta declaración de la Fiscal General refleja una nueva escalada en la crisis política que sacude al país, pero además convoca a todos los ciudadanos demócratas a defender el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia como precepto establecido constitucionalmente.
Los sucesos ocurridos en las últimas horas y las acciones que ha tomado el alto gobierno, intentan mostrar que se trata de un leve mal entendido, un “impasse”, como lo calificó el régimen. Sin embargo, dicha postura resulta indignante e inaceptable para la mayoría de los países del mundo. Y, por su puesto, repudiable y rechazada por la mayoría de los venezolanos.
Por todo lo expuesto exhortamos, con mucho respeto pero con determinación y firmeza, a la ciudadana Fiscal General de la República para que, ante las graves violaciones de la Constitución Nacional:
- Accione los mecanismos necesarios, a fin de someter ante las leyes a los responsables de la ruptura del orden constitucional, y se activen los mecanismos morales, administrativos y penales correspondientes.
- Se restituyan las facultades y competencias de la Asamblea Nacional y se inicie el proceso de destitución de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Todo, como preámbulo al llamado a elecciones universales, libres y verdaderamente democráticas.
Exhortamos a la Asamblea Nacional a sancionar con urgencia las reformas legislativas que fueren necesarias para garantizar a los venezolanos una justicia imparcial, autónoma e independiente, así como para asegurar el ejercicio de sus propias competencias.
Exhortamos al Gobierno Nacional a cesar en su actividad pública y notoria de instigar a los venezolanos a impedir que la Asamblea Nacional ejerza su potestad legislativa, así como a rebelarse contra las leyes que dicte.
Instamos al pueblo de Mérida y al país en general, a colaborar en la defensa pacífica del orden constitucional de la República, del principio de la soberanía popular, de la división e independencia de los poderes públicos, así como en la tarea de recuperar y hacer efectivo para los venezolanos su derecho fundamental a una justicia imparcial, autónoma e independiente.
En este momento histórico, bien entrado el siglo XXI, cuando en nuestra región han desaparecido casi todos los regímenes dictatoriales y, después de casi dos siglos de existencia como Republica, resulta una vergüenza retroceder a etapas ignominiosas que creíamos haber superado. De allí que, en esta hora menguada de la República la lucha contra la dictadura es un deber ineludible.
Desde esta serrana altiva, desde estas montañas andinas, la ciudadanía emeritense no solicita, sino que exige la restitución del hilo constitucional, exhortando a todos nuestros conciudadanos, a lo largo y ancho del país, a la lucha suprema por la libertad y la justicia.
En la ciudad de Mérida, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecisiete


